#LaSombraDeFeinzaig: ¿En qué consistió el castigo que la Contraloría le impuso cuando fue viceministro?

(CRHoy.com).- El candidato presidencial del Partido Liberal Progresista Plus (PLP+), Eliécer Feinzaig, fue inhabilitado por la Contraloría General de la República (CGR) para ejercer cargos públicos por cinco años, entre 2009 y el 2014.

La CGR dictó la sanción contra Feinzaig desde el 15 de mayo del 2009. Sin embargo, los hechos por los que la recibió se remontan al 2002, cuando el político era presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC), mientras ocupaba el cargo de viceministro de Transporte en el gobierno del presidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002).

Feinzaig y el resto de la Junta Directiva del CTAC cometieron una falta grave, según la Contraloría, por el índice de precios que utilizaron para fijar las tarifas por la administración del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para el periodo 2002-2003.

Fue en este último periodo que la Contraloría inició con el proceso sancionatorio en contra de los miembros de la Directiva del consejo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Entre sus argumentos para sustentar la sanción administrativa, la Contraloría indicó que la Directiva del CTAC incurrió en un "débil y deficiente examen" de las tarifas para el operador aeroportuario. 

Descargo del candidato: Contraloría sancionó bajo presión política

CRHoy.com le solicitó a Feinzaig su versión de los hechos por los que fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años.

El aspirante a la Presidencia recalcó que nunca ha sido acusado, investigado o sancionado por actos de corrupción en la función pública. 

"Yo fui miembro de la Junta Directiva del CTAC que le tocó poner en funcionamiento el Aeropuerto Juan Santamaría bajo la figura de la gestión interesada. Resulta que el contrato decía que para fijar las tarifas teníamos que usar un índice de precios que no existía, y como no existía le pedimos asesoramiento al órgano técnico que legalmente estaba capacitado para darnos una recomendación.

"Ellos nos recomendaron usar otro índice de precios que medía exactamente lo mismo, pero que sí existía. Esa decisión fue avalada por la Contraloría y, curiosamente, 2 años después bajo presión política, la Contraloría decide abrir una investigación.

"Y producto de esa investigación determinan que como no usamos el índice que no existía, pero que estaba en el contrato, nos merecíamos una sanción. Esa sanción llegó 7 años después de que yo había dejado el cargo. No se le causó un daño absolutamente a nadie, nunca lo intentaron ni siquiera demostrar (…)", narró.

Según el político, la Contraloría determinó que el caso ameritaba solo una sanción administrativa.

Agregó que el asunto reflota 20 años después de que dejó el cargo de viceministro del MOPT porque los "políticos tradicionales" están "muy asustados" con el nivel de respaldo que tiene su alternativa política durante la actual campaña.

"(…) Existen intereses muy poderosos en este país y partidos políticos tradicionales y políticos tradicionales que se han pasado de un partido a otro, y a otro, para seguir pegados de la teta, que están muy asustados con el apoyo que está recibiendo en este momento el Partido Liberal Progresista, la opción fresca, dinámica, innovadora de cambio que le estamos ofreciendo al país y que los costarricenses finalmente se están despertando a la realidad de que el cambio para el bien de Costa Rica sí es posible", se defendió.