Laura Fernández frena impulso a extinción de dominio y pone la propiedad privada como línea roja
La presidenta electa de la República, Laura Fernández Delgado, marcó distancia del proyecto de ley de extinción de dominio y advirtió que su eventual avance deberá revisarse con cautela para no afectar derechos fundamentales de los costarricenses.
La extinción de dominio es una reforma a la Jurisdicción Contencioso Administrativa que permitiría el secuestro de capitales sin un origen lícito aparente. La iniciativa plantea otorgar al Ministerio Público la potestad de solicitar al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda medidas cautelares anticipadas y provisionales para asegurar, secuestrar, conservar o verificar bienes y productos financieros de interés.
Este lunes, en conferencia de prensa, Fernández dejó claro que el proyecto no figura entre sus prioridades en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, uno de los principales ejes del debate político reciente.
La mandataria electa señaló que, antes de impulsar una iniciativa de este tipo, considera necesario revisar el texto y promover modificaciones que permitan construir una propuesta equilibrada, sin abrir la puerta a eventuales abusos del poder punitivo del Estado.
"Por combatir el narcotráfico y el crimen organizado no podemos desproteger una de las cosas más sagradas que tienen los costarricenses, que es su propiedad. Estoy de acuerdo en una lucha frontal contra el contrabando, el crimen organizado y el lavado de dinero, siempre y cuando no se persiga a los costarricenses ni se ponga en entredicho la libertad y el manejo de la propiedad privada", afirmó Fernández.
Sus declaraciones reavivan el debate político y jurídico sobre los alcances del proyecto, que ha generado divisiones tanto en la Asamblea Legislativa como en sectores empresariales y jurídicos del país.
El proyecto de ley de extinción de dominio se mantiene estancado en la Asamblea Legislativa tras varios intentos fallidos por avanzar en su discusión. La iniciativa ha enfrentado fuertes cuestionamientos de distintos sectores políticos, empresariales y jurídicos, que advierten posibles roces con garantías constitucionales, especialmente el derecho a la propiedad privada y el debido proceso.
Aunque ha sido defendido por algunos diputados como una herramienta clave contra el crimen organizado y el narcotráfico, no ha logrado consensos suficientes para su aprobación y quedó fuera de las prioridades del Poder Ejecutivo entrante.