Laura Fernández mantendrá veto a Ley de Ejecución de la Pena al asumir la Presidencia
Foto Facebook de Laura Fernández.
La presidenta electa, Laura Fernández, mantendrá el veto a la Ley de Ejecución de la Pena, impuesto por Rodrigo Chaves, cuando asuma el mandato el próximo 8 de mayo.
Así lo afirmó este lunes, tras una reunión con los diputados salientes del bloque chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
"Ese proyecto de Ejecución de la Pena seguirá vetado y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que esta Asamblea Legislativa mantenga ese veto", manifestó.
La futura mandataria llegará al poder con una fracción legislativa de 31 diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO), quienes, en teoría, se opondrían a un eventual resello.
¿Qué plantea la ley?
El proyecto pretende regular la ejecución de las sanciones penales y las medidas de seguridad, impuestas por los tribunales de justicia conforme a las disposiciones constitucionales y legales, teniendo como finalidad asegurar su cumplimiento y procurar la inserción social de la persona sentenciada.
Esto ha sido fuertemente criticado por el Gobierno, que lo cataloga de una "alcahuetería".
Razones del veto
El presidente Rodrigo Chaves justificó el veto al señalar que el proyecto traslada a los jueces potestades que corresponden al Poder Ejecutivo en la administración de las condenas.
Según el mandatario, la administración penitenciaria debe mantener la responsabilidad plena sobre el proceso administrativo vinculado con la ejecución material de la pena.
"El juez de ejecución de la pena no es un coadministrador de la pena; su rol es el de garante de derechos y contralor de legalidad. Convertirlo en partícipe activo de la gestión penitenciaria implica modificar sustancialmente la arquitectura competencial prevista por el legislador procesal", argumentó.
Arias ve difícil el resello
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, impulsor del proyecto, también considera complicado reunir los votos necesarios para revertir el veto.
"Por lo que veo, así en general, la palabra que diría es que lo veo muy difícil", afirmó el jerarca legislativo.
El expediente tardó tres años en tramitarse en el Congreso. Durante ese periodo pasó por discusiones, mesas de trabajo, reuniones entre los Supremos Poderes y cambios en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. El Poder Judicial redactó el texto original.
La propuesta busca que las decisiones sobre el cumplimiento de las penas y los beneficios carcelarios queden bajo control judicial y no solo bajo la administración penitenciaria.
La Asamblea Legislativa aprobó la iniciativa el 19 de febrero en segundo debate con 33 votos. El Directorio la remitió a la Presidencia de la República el 25 de febrero y el Ejecutivo notificó el veto el 10 de marzo.
¿Hay 38 votos?
En la votación del 19 de febrero, 33 diputados apoyaron el proyecto y seis votaron en contra. Entre quienes se opusieron figuran cinco oficialistas, incluida Pilar Cisneros, y Carolina Delgado, del PLN.
Para resellar la ley se requieren 38 votos, por lo que ese respaldo resulta insuficiente.
Un cálculo preliminar proyecta posibles apoyos de 17 diputados del PLN —excepto Delgado—, ocho del PUSC, seis del Frente Amplio, dos del PLP, seis de Nueva República, siete independientes (Gloria Navas, Cynthia Córdoba, Johana Obando, Kattia Cambronero, Luis Diego Vargas, Gilbert Jiménez y María Marta Padilla) y Luz Mary Alpízar, del PPSD. En teoría, eso sumaría 47 votos.
Sin embargo, ese escenario depende de que todos los legisladores asistan a la sesión, algo poco frecuente en el cierre de la última legislatura.
En contra se mantendrían los ocho oficialistas, Carolina Delgado y Leslye Bojorges, quien votó en contra en primer debate y se ausentó en el segundo.
¿Qué sigue en el Congreso?
Tras recibir el veto, el Directorio legislativo lo comunicó al Plenario el 11 de marzo, que aprobó una moción para dispensar la lectura del texto.
Luego envió el expediente a la Comisión de Seguridad, que dispone de un mes para rendir informe.
Después, los diputados deberán definir si envían el proyecto a consulta facultativa ante la Sala Constitucional.
Una vez concluido ese proceso, el Plenario decidirá si acoge las observaciones del Ejecutivo o si resella la ley, para lo cual se requieren 38 votos.