Ley para castigar a quien meta celulares a las cárceles se puede aprobar con 29 votos en el Congreso
Corte cambió de criterio, en mayo había dicho que sí afectaba
La Corte Plena cambió de criterio y determinó esta mañana que el proyecto de ley para sancionar penalmente a las personas que introduzcan teléfonos celulares, satelitales u otros dispositivos electrónicos a las cárceles del país, no influye sobre el Poder Judicial y por ende, se podrá aprobar con mayoría simple en el plenario de la Asamblea Legislativa.
El proyecto de ley que pretende imponer penas de 2 a 4 años de prisión a los visitantes carcelarios que intenten o consigan meter los aparatos dentro del sistema penitenciario del país.
Se trata de una iniciativa del Poder Ejecutivo, que plantea modificar la ley para crear un nuevo castigo y así combatir la práctica cada vez más común, de tratar de ocultar artículos prohibidos que son utilizados dentro del sistema penitenciario por los privados de libertad, para seguir cometiendo delitos o mantener comunicación con el exterior.
A inicios de mayo anterior, la Corte acogió un informe que señalaba que el proyecto sí incidía en el funcionamiento del Poder Judicial.
No obstante, ante una actualización del texto del proyecto de ley, este lunes los magistrados conocieron un segundo informe presentado por Gerardo Rubén Alfaro, alto juez de la Sala de Casación Penal que mantenía la misma línea.
Diez magistrados votaron por no acoger el informe del magistrado Alfaro, mientras que solo siete respaldaron sus advertencias. Finalmente, la determinación por mayoría de la Corte es que el proyecto no afecta a las instancias judiciales.
De acuerdo con información de inteligencia judicial y policial, cada teléfono inteligente que se ingresa ilegalmente a las cárceles del país tiene un valor de ₡3 millones de colones.
Fuentes policiales separadas consultadas por crhoy.com han confirmado que estos celulares tienen alrededor de 15 días de vida útil y vienen generalmente con tarjetas SIM o chips de operadores de telefonía internacionales, con el fin de evadir los bloqueadores de señal instalados en las prisiones.
Inclusive funcionarios del sistema penitenciario han sido detenidos por intentar introducir artículos prohibidos. La preocupación ha crecido, cuando estos aparatos incluso están llegando a máxima seguridad: los aposentos carcelarios con más restricciones.
A supuestos cabecillas de grupos criminales como Tony Peña Russell o Darwin González alias Pancho Villa, les confiscaron 2 teléfonos en los últimos meses.
Advertencias
De acuerdo con el informe presentado por Gerardo Rubén Alfaro, incluir más delitos a la lista de actividades criminales que existe en el país implica que tanto la policía judicial como la Fiscalía serán recargados de más trabajo, con el fin de hacerle frente a las nuevas denuncias e investigaciones.
Esa carga de trabajo también se vería reflejada en los juzgados y tribunales que deberán tramitar los expedientes, así como en la Defensa Pública que deberá representar posiblemente a los imputados y acusados. Pese a ello, la ley no destina más recursos para hacer frente al recargo.
"La tipificación penal de conductas hasta ahora exentas de punición comporta una recarga a todo el engranaje de las distintas agencias de criminalización secundaria.
Es decir, las capacidades operativas de las dependencias judiciales que integran el sistema penal: OIJ, Ministerio Público, Defensa Pública e instancias jurisdiccionales.
Todas estas capacidades se ven disminuidas, tanto más cuando se amplía el elenco de delitos en el régimen jurídico, sin la correcta asignación del recurso necesario que, por un lado, minimice la afectación en el rendimiento actual de los mecanismos de persecución, y, por otro lado, asegure el cumplimiento de los estándares de tutela judicial efectiva y justicia pronta y cumplida", indica parte de las advertencias de Alfaro.
No obstante, para la magistrada de Casación Penal Patricia Vargas, la inclusión de unos pocos nuevos delitos no tiene mayor impacto para el Poder Judicial, dado que ya el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público ya tienen una estructura que está en operación.
"Disiento de lo que él plantea, desde mi punto de vista la inclusión de nuevos tipos penales no afecta el funcionamiento institucional, salvo que hablemos de reformas que sean de importantes dimensiones como para entender que existe una recarga", señaló Vargas.
Por su parte, el magistrado Jesús Ramírez compartió un criterio similar y desde su perspectiva, no existe mayor incidencia.
"Yo también discrepo, considero que esto es política criminal y que en los momentos que está atravesando el país, es necesario pasar esta clase de leyes en vista de que el narcotráfico y más que todo el crimen organizado está caminando solo, sin freno alguno", indicó el alto juez.
Tras estos alegatos, el magistrado Alfaro Vargas aclaró que él no se opone a la imposición de castigos contra quienes introducen celulares a las cárceles y, por el contrario, aseguró que le complace que el proyecto acopló las observaciones emanadas en el informe anterior de la Corte.
No obstante, sí insistió en el aumento de la carga laboral y recursos que necesitarían el OIJ y la Fiscalía para hacerle frente al volumen de nuevas investigaciones y expedientes penales.
"La lógica nos indica que, siendo algo que está afectando gravemente el discurrir diario en las cárceles y que está potencian a las organizaciones criminales desde la cárcel, este servidor en ningún momento dijo que se opone a este proyecto.
La pregunta es la incidencia que tiene esto en el funcionamiento. Porque si a nosotros nos preguntan si un nuevo delito va a suponer que toda la estructura institucional tenga que avocarse, teniendo en cuenta que se informa a diario de esta conducta recurrente.
Imaginémonos la inversión del OIJ con la investigación, con la persecución desde el Ministerio Público y el juzgamiento desde los tribunales de justicia. Eso va a significar más efectivos policiales, más fiscales y más jueces y juezas que no tenemos a esta altura", insistió el alto juez.