Libertad de prensa se empañó en gobiernos del PAC, según SIP
En 2015 organismo acusó que país fue parte de una lista de naciones en donde se acentuaron las limitaciones al acceso a la información
(CRHoy.com) Durante los dos últimos gobiernos, presididos por el Partido Acción Ciudadana (PAC), la libertad de prensa y el acceso a la información pública en Costa Rica han sufrido deterioros que empañan el buen nombre del país en materia de derechos humanos.
Al igual que la pasada administración (gobierno de Luis Guillermo Solís entre 2014 y 2018) la administración de Carlos Alvarado Quesada fue cuestionada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) al año y 5 meses de haber iniciado su gestión por atropellos a los medios de comunicación y a los periodistas nacionales.

En los gobiernos de Solís y Alvarado la SIP ha criticado la libertad de prensa y el acceso a la información pública (Archivo CRH).
Basta con echar un vistazo a los titulares de hace cuatro años. En octubre de 2015 la SIP acusó a Costa Rica de ser parte de una lista de países en donde en ese año se acentuaron las limitaciones al acceso a la información en poder del Estado.
El organismo internacional ubicó al país, en ese momento, entre naciones como Argentina, Canadá, Colombia, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela en donde se presentaba este detrimento en contra del acceso a la información.
En ese momento, Solís corrió a desmeritar el informe de la SIP de ese año, al decir que el estudio "no era puntual" y protestó porque este organismo ubicara al país "en la misma bolsa" que estas naciones.
"Falta de voluntad nunca ha habido para dar información oportuna que se solicita por parte de los medios. No estoy de acuerdo con esa valoración", dijo Solís en esa ocasión.
Hay que mencionar además que, 8 meses antes (en febrero de 2015) de que la SIP señalara al gobierno de Solís por estos atropellos a la libertad de prensa y acceso a la información, el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) expresó su preocupación por esta situación, pero en ese entonces la queja pringó también a los entonces diputados del PAC
La historia se repite 4 años después
Cuatro años después de este señalamiento de la SIP en contra del gobierno de Solís, la administración de Carlos Alvarado fue señalada por este organismo.
Esta semana la SIP denunció que la libertad de prensa y de expresión en el país están viéndose violentadas durante los últimos meses producto de las presiones del gobierno y del sector sindical.
El informe ante la SIP denunció que el presidente, Carlos Alvarado estaría recomendando a sus ministros y demás miembros del gabinete a guardar silencio ante las consultas de los comunicadores y que muchas veces las preguntas deben hacerse por correo electrónico, llenando de tramitología el acceso a la información.
Además, critica que en las conferencias de prensa del gobierno se hace previamente una elección de los medios de comunicación que pueden preguntar y se impide el ejercicio de la repregunta.
El informe añade que periodistas de varios medios de comunicación sufrieron recientemente actos represivos por parte de líderes sindicales.
Ante esta acusación, el presidente Alvarado, periodista de profesión no se ha pronunciado. Fue su Ministra de Comunicación, Nancy Marín, la que tuvo que salir a dar la cara ante los cuestionamientos de la SIP. La jerarca rechazó estas acusaciones.

Nancy Marín, Ministra de Comunicación
"Rechazo esos señalamientos porque no son ciertos. No ha habido ninguna instrucción del presidente para ningún jerarca de no contestar a la prensa. No ha habido tampoco ninguna limitación para ningún medio de comunicación y no he amenazado con denuncias, nada de eso es cierto", dijo Marín este miércoles tras la sesión del Consejo de Gobierno.
Aunada a estas denuncias, la semana anterior el gobierno de Alvarado fue criticado en materia de prensa, luego que trascendiera que el Consejo Nacional de Salarios decretara una rebaja del 23% a los salarios de los periodistas que trabajan en el sector privado.
A pesar que fue un representante del gobierno quien planteó el tema en el Consejo de Salarios la Presidencia corrió después a catalogar la medida como "contraproducente". El comunicado mencionó que Alvarado pidió una revisión de esta decisión.