Los gastos en la atención del COVID-19 que Salud arralará

(CRHoy.com).- Casi nada de dinero previó el Ministerio de Salud en su presupuesto del 2021 para enfrentar a la pandemia, que podría seguir golpeando duro al país durante el primer semestre del año venidero, y quizás más allá.

La situación la identificó la Contraloría General de la República (CGR) y aún no amerita una explicación de parte del Gobierno, a pesar de las consecuencias que podría tener para la salud de la población en medio de una emergencia sanitaria que el propio ministro de Salud, Daniel Salas, ha calificado como la peor en la historia del país.

En el 2021 el gasto de esa cartera ni siquiera refleja la esperada compra de vacunas para inmunizar a la población de alto riesgo frente al nuevo coronavirus, SARS-Cov-2, que hasta el 13 de octubre había matado a 1.124 ciudadanos del país. A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los contagiados ya suman 36 millones y los fallecidos, 1.054.000 personas.

La Contraloría anticipó que para poder hacerle frente a la adquisición de suficientes dosis de la vacuna, el Gobierno tendrá que presentar un presupuesto extraordinario durante el año entrante.

[leer-mas url="https://www.crhoy.com/nacionales/presupuesto-2021-sin-plata-para-atender-secuelas-de-covid-19/" caption="Presupuesto 2021 sin plata para atender secuelas de COVID-19″][/leer-mas]

A principios de este mes el Gobierno anunció un acuerdo con las empresas farmacéuticas Pfizer y BioNTech para adquirir 3.000.000 de dosis del antiviral BNT162b2, para cubrir a 1,5 millones de habitantes. La entrega sería progresiva durante el 2021.

Aunque aún no hay respuestas de Salud sobre la decisión de no presupuestar mayor cosa para atender la emergencia sanitaria durante el 2021, sí se encuentran algunas explicaciones en la arista económica del asunto. Y bastante detalladas.

En su informe técnico del Presupuesto Nacional del 2021, la Contraloría desnuda dónde es que se arraló el gasto de Salud y la causa.

Menos recursos en rubros claves

Con base en información de la Dirección Financiera, Bienes y Servicios del Ministerio de Salud, la Contraloría identificó que durante los siete meses que tiene el país de estar lidiando con el COVID-19, la cartera ha intensificado el gasto en partidas como el pago de horas extras; transporte y viáticos dentro del país; combustibles; productos farmacéuticos; alimentos; materiales médicos, de limpieza y seguridad.

Ese gasto se reforzó durante el 2020 por un monto de ¢2.095 millones que se financiaron con un presupuesto extraordinario.

También se han asignado este año recursos por ¢200 millones para el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa)–cuyos análisis han jugado un rol protagónico durante la emergencia sanitaria–, y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por ¢28.012 millones para acometer la emergencia.

Pero, para el 2021, la Dirección Financiera del Ministerio de Salud informó a la Contraloría que no habrá nada de eso.  Solo se prevé el fortalecemiento parcial del gasto en horas extras del personal que está en la primera línea de batalla contra la epidemia.

Sin embargo, la partida será mucho menor que en el 2020. Mientras este año se destinaron ¢1.423 millones para financiar el tiempo extraordinario invertido en atender los efectos de la enfermedad viral, el año entrante solo se destinarán ¢588 millones para ese mismo fin.

Por ejemplo, Inciensa informó al órgano contralor que si bien en el 2020 se reforzaron sus partidas para la compra de insumos de laboratorio y para la compra de equipos necesarios para realizar las pruebas COVID-19, para el 2021 no se presentan aumentos en dichos rubros.

En resumen, el presupuesto del año entrante deja al descubierto rubros que son fundamentales para que el país salga bien librado de la amenaza del coronavirus.

"Se concluye que a pesar de que resulta muy probable que los efectos de la pandemia trasciendan al ejercicio económico del 2021, según los análisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS) esta situación no se refleja en asignaciones presupuestarias claves, para la debida preparación del Ministerio de Salud en la atención de la emergencia sanitaria", advierte la Contraloría en su Informe Técnico del Presupuesto Nacional para el próximo año.

La raíz de todo mal financiero

La causa de los recortes en la atención del COVID-19 está relacionada, en parte, con la orden del Gobierno Central de recortar el gasto durante el 2021 frente a la caída de los ingresos y el aumento del déficit fiscal (11,7% del producto interno bruto para 2020, según estimaciones de la Contraloría).

El recorte en el presupuesto del Ministerio de Salud para el 2021 será de ¢52.232 millones, un -12,5% con respecto al presupuesto del 2020. El gasto de ese ministerio proyectado para el año entrante es de ¢364.272 millones.

El deterioro en el flujo de recursos que el Gobierno dirige a la atención de la salud pública contrasta con el 9,7% de crecimiento promedio que experimentó el presupuesto del Ministerio durante el periodo 2017-2020.

La Contraloría identificó que la crisis fiscal que aún no ha podido solucionar la administración del presidente Carlos Alvarado tiene una influencia directa en la reducción del caudal de recursos públicos para financiar los servicios de salud.

"Esto (la reducción en el presupuesto) responde principalmente al acatamiento de la solicitud del Ministerio de Hacienda en la cual se comunicó que el gasto presupuestario máximo para el año 20221 debía ser igual al 90% del presupuesto ordinario aprobado para 2020, así como a recursos extraordinarios que se habían incorporado en 2020 para atender los efectos de la pandemia, que no se registran en 2021 (…)", explicó la Contraloría en su análisis.

La partida de transferencias del Ministerio de Salud (¢232.135 millones) se desploma en ¢42.825 millones el año entrante, un -15,6% con respecto al 2020, y una buena parte es debido a la disminución del aporte a la CCSS.

Los ¢197.887 millones que el Ministerio todavía le transferirá a la Caja se destinarán para cubrir el seguro de salud de trabajadores independientes, asegurados voluntarios, entre otras transferencias que, según la Contraloría, están siendo impactadas por los recortes en el gasto y la disminución de recursos por efectos de la pandemia.