Manos Abiertas: Así operaba fundación que prometió ayudar a niños y adultos mayores
Supuestas religiosas se promocionaron para buscar fondos en redes sociales
La Fundación Hogar Manos Abiertas en Desamparados de Alajuela nació hace 33 años con el espíritu de ayudar a la población indigente, niños, adolescentes y adultos mayores con necesidades especiales.
Hoy, esa misma organización que se creó para dar bienestar social es objeto de investigación a cargo de las autoridades judiciales por supuestos desvíos de fondos y hasta supuestas agresiones contra la vida humana.
El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron 3 puntos para detener a 5 personas por los presuntos delitos de trata de personas en sus modalidades de explotación laboral y servidumbre laboral, tortura, malversación, peculado y legitimación de capitales.
Este caso se maneja bajo el expediente 23-00001-1869-PE, según detallaron las autoridades judiciales.
Origen
La Fundación Hogar Manos Abiertas se consolidó como entidad jurídica desde el 29 de abril de 1991, según consta en información del Registro Nacional de la Propiedad.
El fin establecido es el de ayudar gratuitamente a los indigentes, especialmente a los niños, pero también a los adolescentes y adultos tanto material como espiritualmente.
"Somos una ONG, sin fines de lucro, fundada en el año de 1991 al servicio de personas con necesidades especiales tanto físicas como intelectuales", se lee en la descripción en su página de Facebook, en la cual no se vislumbra actualización de estados desde 2014.
El OIJ detalló que en el albergue de Alajuela atienden 79 menores de edad y 15 adultos mayores, muchos de ellos en estado terminal o en abandono.
La presidenta de la organización es Marlene Rodríguez Ugalde de 54 años y a quien las autoridades judiciales la tienen identificada como la principal "cabecilla del equipo". La vicepresidenta es Yendri Melissa Quirós Castro, la secretaria y tesorera es Yadelyn de los Ángeles Villalobos Varela, según información del Registro Nacional.
El documento cita que la Junta Administrativa la completan Édgar Rodríguez Castro como representante municipal y Óscar Vindas Alfaro, representante del Poder Ejecutivo, según detalle de la entidad estatal. Estos 2 hombres no están dentro de la lista de detenidas.
Investigación
9 instituciones públicas estuvieron participando en 3 allanamientos para incorporar una investigación contra 5 personas de la Fundación Manos Abiertas.
Entre las entidades que participaron se encuentran la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), la Fiscalía de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (Fanna) y la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes, en conjunto con la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y en coordinación con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (Conapdis) y tres hospitales: Nacional de Niños, Alajuela y Cartago.
"En el expediente penal se investiga al grupo de personas que al parecer se ha dedicado a cometer delitos de corrupción para sustraer y desviar dinero público, en efectivo, con el fin de realizar viajes personales y comprar terrenos. Presuntamente, los sospechosos le dieron apariencia de legitimidad a esos fondos, a pesar de que conocían que su origen era producto de actividades ilícitas.
Otra importante línea de investigación tiene relación con supuestos actos de tortura en contra las personas menores de edad que los imputados tenían a su cargo en la fundación y que, al parecer, propiciaron deterioro de la salud e integridad física de estas, ya que eran atendidas por personal de enfermería y medicina que no contaba con los conocimientos necesarios", indicó el Ministerio Público.
Trascendió que a los menores de edad supuestamente los metían en agua fría, así como también los exponían al sol por largos ratos.
La investigación va en la línea de una aparente explotación laboral en perjuicio de trabajadores de la organización, pero que los hicieron firmar contratos fraudulentos porque no recibían salario ni pago de horas extra o vacaciones.
Randall Zúñiga, director del OIJ, indicó que por el voto de pobreza que debían seguir los trabajadores debían entregar esos fondos.
El OIJ aclaró con relación a las detenciones que únicamente las cinco personas detenidas figuran como sospechosas de ser las autoras de los hechos delictivos; ninguna otra persona que labora para esta fundación se encuentra dentro del proceso de investigación, ni se les relaciona con alguna conducta irregular.
