Marta Acosta: “Aplicar la ley no es una opción, es obligación”
Dice que el Presidente tenía vacíos de información
Con serenidad, pero firmeza, la contralora general de la República, Marta Acosta, manifestó este jueves que "la aplicación de la ley no es una opción, sino una obligación".
Así lo sostuvo tras concluir una extensa reunión con el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y algunos de sus ministros en la sede de la Contraloría General de la República (CGR), en La Sabana, tras recientes ataques del mandatario a esa institución y su jerarca por los cuestionamientos a proyectos de obra pública que impulsa el Gobierno.
La reunión, que comenzó a las 2 p.m. y finalizó casi a las 5 p.m., fue transmitida públicamente y en ella participaron también técnicos de la CGR y los ministros de Hacienda, Nogui Acosta, de Planificación Nacional y Política Económica, Laura Fernández, de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, y de Seguridad Pública, Mario Zamora.
Fue un diálogo respetuoso, me siento satisfecha por la institucionalidad democrática, por la ciudadanía, recordamos que somos una institución de servicio público, aunque hay diferencias insoslayables en los temas que se conversaron. También en la reunión quedó claro que en nuestro sistema democrático aplicar la ley no es una opción, es una obligación.
La contralora declaró que se siente satisfecha porque notaron que Chaves tenía algunos vacíos de información con respecto al manejo de proyectos de obra pública de los cuales se pudo conversar en el encuentro.
Acosta expresó que tras la cita con el mandatario y sus ministros no le queda ningún sinsabor porque el Gobierno reiteró su posición sobre los proyectos, de los cuales el órgano contralor ya resolvió.
"Esta instancia no era para resolver ni cambiar de posición. Satisface ver también que el presidente manifestó que se van a ir a revisar, a ver cómo viabilizan estos proyectos", dijo.
Más respetuoso

Reunión entre Rodrigo Chaves, presidente de la República, y Marta Acosta, contralora general de la República. (CRH).
La jerarca de la Contraloría General de la República expresó que durante el encuentro Chaves estuvo más respetuoso con ella y los funcionarios de la entidad.
Se portó en la reunión el Presidente más respetuoso en relación con algunas manifestaciones previas que había hecho con respecto a la Contraloría y a la Contralora.
Acosta manifestó que por el bien de Costa Rica y de su sistema democrático espera que el Gobierno siga teniendo una relación respetuosa con la CGR.
"Esperaría una relación respetuosa del órgano fiscalizador y Poder Ejecutivo", subrayó.
La contralora insistió, tal y como se lo aclaró a Chaves y sus ministros en el encuentro, que no han indicado que el proyecto "Ciudad Gobierno" no se puede hacer, pero que el procedimiento que quiere utilizar el Ejecutivo no es viable, según la Ley de Contratación Pública.
El Gobierno busca concretar este proyecto sin concurso público, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de $450 millones, para desarrollar la obra en terrenos del Estado que se ubican cerca de Plaza Víquez en la capital.
También afirmó que el procedimiento para dar el servicio de los escáneres antidrogas con Radiográfica Costarricense (Racsa) propuesto por el Poder Ejecutivo está al margen de la ley.
"Nosotros seguimos pensando que esto se está gestionado al margen de la ley. Y eso es lo que hemos externado al señor Presidente, porque aquí podemos pasar muchas horas y nosotros creemos fielmente, y hemos analizado y entiendo la importancia del proyecto, y que el tema de los escáneres lo impulsamos de hace muchos años, pero cuando advertimos y haremos la orden es porque creemos que se está incumpliendo", agregó.
La jerarca de la Contraloría dejó claro que la institución no variará su posición acerca de la legalidad de las iniciativas que impulsa el Ejecutivo y reiteró que no buscan frenar proyectos, sino que se desarrollen apegados a la ley y al buen uso de los recursos públicos.
Semanas antes de la reunión, Chaves lanzó ataques y cuestionamientos a Acosta y la Contraloría por las observaciones hechas por el órgano fiscalizador a esos proyectos de obra pública.