Marta Acosta: “La Contraloría no coadministra”
La contralora general de la República, Marta Acosta, explicó que la Ley Orgánica de la Contraloría establece que este ente no puede coadministrar, ni tampoco “abarca” ni “sustituye” la administración, como ha insistido en decir el presidente Chaves y la ministra de la Presidencia Laura Fernández.
Tras el fallo de la Sala Constitucional que encontró inconstitucionalidad en todos los artículos del llamado proyecto Jaguar del Gobierno, que tienen que ver con reformas a las capacidades fiscalizadoras de la Contraloría, la ministra Fernández insiste que los magistrados les han dado la razón sobre las limitaciones del ente contralor.
“No es nada nuevo”
Pero Acosta recordó este miércoles, tras una audiencia legislativa, que no hay “nada nuevo” en lo dicho por la ministra Fernández, porque ya la ley así lo establece.
“Es que la Contraloría no abarca ni sustituye. Eso no está permitido para la Contraloría. Para nosotros no es un tema nuevo, porque no lo hacemos”, explicó Acosta.
La funcionaria agregó que cuando el Gobierno habla de que la Contraloría coadministra, podría explicarse en las investigaciones que ha tramitado sobre denuncias recibidas
De esas denuncias se han derivado advertencias y órdenes a la Administración, que es parte de las funciones y responsabilidades de la Contraloría.
“Si eso es coadministrar, pues ahí no estamos de acuerdo, pero todo hay que analizarlo y verlo”, agregó.
Acosta no quiso ahondar sobre el contenido el nuevo proyecto de ley Jaguar presentado por el Poder Ejecutivo, ya que no lo han estudiado.
“La Contraloría actuará de similar manera a como hicimos en el anterior proyecto y esperar el voto completo de la Sala, que es lo más prudente para analizar el nuevo proyecto y ver cuál será el procedimiento para brindar nuestro criterio”, comentó.
Eso incluye la posibilidad y facultad que tiene la Contraloría de presentar una consulta facultativa a la Sala Constitucional sobre el nuevo proyecto de ley Jaguar, cómo así lo hizo en el primer texto, que la Sala mantiene en estudio de admisibilidad.
Reconoció que a su criterio hubiera sido “prudente” que Casa Presidencial esperara el fallo completo de la Sala para presentar un nuevo texto, pero que al fin al cabo esa es una decisión del Poder Ejecutivo.