Mayoría oficialista se impone en comisión de la CCSS y sepulta advertencias sobre crisis
La comisión legislativa que investigó la gestión y las irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social cerrará su trabajo esta semana en medio de un tenso clima político, marcado por acusaciones de complacencia y una mayoría alineada con el oficialismo, lo que, según la oposición, perfila la aprobación de un informe que minimiza responsabilidades y relega las advertencias sobre la crisis de la institución.
Tras un año y cuatro meses de audiencias, análisis documentales y comparecencias, los diputados deberán escoger entre dos informes finales enfrentados, en una sesión que definirá qué conclusiones llegarán al Plenario Legislativo.
Todo apunta a que prevalecerá el texto impulsado por el diputado oficialista Daniel Vargas, respaldado por una mayoría construida con los votos de la legisladora de Nueva República, Olga Morera; de la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo, y del independiente Luis Diego Vargas.
Ese informe contaría con cuatro votos, suficientes para convertirse en el documento de mayoría, pese a las críticas de diputaciones que advierten que el texto diluye hallazgos, relativiza responsabilidades políticas y evita recomendaciones de fondo.
Informe de minoría busca encender alertas, pero quedaría relegado
En contraste, la presidenta de la comisión, Andrea Álvarez, presentó un informe de minoría que, según ha señalado, fue construido en conjunto con otros despachos y plantea advertencias claras sobre gobernanza, decisiones administrativas y riesgos financieros. No obstante, la falta de apoyos suficientes amenaza con dejar ese documento fuera del debate central.
El informe del despacho de Álvarez cuenta con el respaldo de la también liberacionista Paulina Ramírez y de la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro.
Durante el proceso, la comisión analizó temas sensibles como el caso Barrenador, vinculado a la administración de 158 Ebáis por cooperativas privadas y a un presunto sobreprecio bajo investigación del Ministerio Público. También se revisaron el fallido sistema ERP, las listas de espera, la escasez de médicos especialistas y el portafolio de inversiones de la institución.
Tras la última audiencia, en la que compareció Marta Esquivel, Álvarez sostuvo que la responsabilidad política por las decisiones cuestionadas recae principalmente en la exjerarca hasta 2024 y que, a partir de enero de 2025, esa carga corresponde a Mónica Taylor.
Acusaciones de complacencia y defensa cerrada del informe de mayoría
El choque más fuerte de este martes en la comisión se produjo cuando Paulina Ramírez calificó el informe de Vargas como "complaciente con el Gobierno", al señalar que defiende a la Junta Directiva y a la Presidencia Ejecutiva pese a la evidencia acumulada sobre el deterioro de la CCSS. La diputada advirtió que el colapso de las listas de espera tiene consecuencias directas y letales: "La gente se está muriendo en el camino", afirmó.
Ramírez también cuestionó el manejo de la deuda del Estado con la CCSS, especialmente en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), y alertó de que su impacto podría traducirse en pensiones más bajas. A su juicio, el informe oficialista reduce los hallazgos a "casos aislados" y omite recomendaciones correctivas reales.
La respuesta no tardó. María Marta Carballo, del PUSC, rechazó las críticas y defendió el documento como objetivo y técnicamente sustentado, al tiempo que acusó a Ramírez de politizar la discusión. Carballo recordó que los problemas de la CCSS no son exclusivos del actual Gobierno, sino que se arrastran desde administraciones anteriores, incluidas las del Partido Liberación Nacional y del Partido Acción Ciudadana.
Incluso, citó apartes del informe para sostener que sí se señalan fallas del Ejecutivo, como el crecimiento de la deuda estatal y la paralización de proyectos hospitalarios estratégicos en Puntarenas y Cartago, pese a criterios técnicos en contra.