Mediante “interacción verbal” fiscalizaron estudios de factibilidad del tren eléctrico
Instituto confirmó a diputado que no se preparó documento escrito con observaciones
(CRHoy.com). La Unidad Ejecutora del Proyecto del Tren Rápido de Pasajeros (TRP) no elaboró ningún documento físico sobre la evaluación hecha a los estudios de factibilidad desarrollados por la consultora española IDOM.
Esos documentos, cuyo costo ascendió a $1 millón aportado por fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), han sido foco de cuestionamientos sobre la metodología estimada para determinar los Análisis Costo Beneficio (ACB).
Luis Enrique Loría Rebolledo, doctor en economía e investigador de la Universidad de Aberdeen en Escocia, señaló sospechas de que el estudio de factibilidad (en el apartado de ACB) de IDOM no tomó en cuenta la confluencia de los distintos tipos de transporte. Por ejemplo, mencionó falencias en el cálculo de la cantidad de horas de viaje que se ahorrarían los usuarios con el uso del tren. Como aspecto clave en este punto, dijo que no se tomaron en cuenta las proyecciones para otros modos de transporte (como buses o automóviles particulares).
El investigador sospecha que los autores del estudio hicieron una simplificación: asumieron que las personas que usan un medio de transporte solo usan ese medio de transporte. Por ejemplo, que si usted va de su casa al trabajo en carro, solo usa el carro (ni bus ni tren).
Ante una serie de consultas hechas por Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y miembro de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa que discute la aprobación de $550 millones otorgados por el BCIE para el proyecto, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) confirmó que no existe ningún documento escrito con los alcances de la evaluación hecha a los estudios de factibilidad por parte de la Unidad Ejecutora del TRP y los 3 consultores externos contratados para ese fin.
El instituto justificó que la evaluación se llevó a cabo en sesiones de trabajo "virtuales y presenciales" con miembros de IDOM, pues esa era la "dinámica propuesta".
"Es en esas sesiones de trabajo que se discuten los distintos aspectos de los entregables, se aclaran las dudas de los miembros de la unidad ejecutora y la empresa consultora toma nota de los ajustes que debe realizar. Los miembros de la unidad ejecutora concurren a esas reuniones a partir del estudio que han realizado y de sus anotaciones personales, que son comunicadas en la interacción verbal con la empresa consultora", respondió Elizabeth Briceño, presidenta ejecutiva de Incofer, a través del informe Incofer-PE-OF-0446-2020 del 10 de julio.
El instituto recalcó que IDOM es un consultor independiente y, como responsable del estudio, las recomendaciones (o conclusiones) le corresponden a esa compañía.
Mario Durán, director de la Unidad Ejecutora del TRP, confirmó el 25 de junio a los diputados de la Comisión de Infraestructura que los estudios de factibilidad del proyecto, elaborados por la empresa española IDOM, no se sometieron a una revisión externa e independiente.
Según justificó, en este tipo de iniciativas esto no es usual y, por el contrario, sostuvo que se hicieron análisis a nivel de la unidad ejecutora a través de los consultores contratados, junto con el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Ministerio de Hacienda.
Los miembros de la unidad ejecutora devengan salarios de entre $3.500 y $6.000 al mes con recursos facilitados a Incofer por el banco regional. Así se desglosan esos montos: Carlos Arguedas recibe un salario mensual de $3.500, Marcos Camacho unos $6.000 y Juan Gabriel Sauma Rossi alrededor de $4.700.
Para estas 3 consultorías, el Incofer tiene un presupuesto de $570 mil (más de 329 millones de colones, según el tipo de cambio actual) a un plazo de 3 años prorrogables.
El proyecto
El trazado del tren eléctrico, que se daría en concesión a una empresa privada, se extendería por 84 kilómetros con 5 líneas sobre el derecho de vía actual de Incofer: Paraíso-Atlántico, Atlántico-Alajuela, Alántico-Ciruelas, Alajuela-Ciruelas y Ciruelas-El Coyol.
La inversión total rondaría los $1.550 millones, con un aporte estatal inicial de $550 millones financiados por el crédito del BCIE (cuya aprobación se discute en la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislava)
Dependiendo de la oferta de las compañías, el Estado hará el aporte anual que oscilaría entre los $50 millones y las $ 150 millones. ¿De dónde saldrán esos recursos estatales? Aún no se sabe.
Las estimaciones iniciales apuntan a que el servicio tendría una tarifa de 600 colones. La demanda estimada en el modelo es de 22.574 pasajeros en hora pico (en el año de inicio de operación), lo cual representa aproximadamente 200.000 pasajeros diarios y 50 millones de pasajeros al año.
El plan del Poder Ejecutivo según el cronograma dispuesto es que la empresa concesionaria quede seleccionada en los primeros meses de 2021.
Si todo sale como está previsto, las 2 primeras líneas del tren eléctrico funcionarán en 2023. La concesión se otorgaría por un plazo de 30.5 años.
La propuesta se complementa con 46 estaciones (10 intermodales), 264 cruces y 72 cruces a nivel, con frecuencias de 5 minutos en horas pico y 15 minutos en horas valle. Para ese fin, la flotilla sería de 78 trenes (6 de reserva) y una capacidad de movilización de 200 mil pasajeros por día.