Médicos especialistas cuestionan proyecto de ley: “Tendrá afectación directa a la salud pública”
El proyecto de ley 24.015, impulsado por la diputada socialcristiana, María Marta Carballo ha generado múltiples cuestionamientos dentro del gremio de médicos especialistas, quienes incluso se han manifestado en la Asamblea Legislativa en contra del proyecto.
De acuerdo con el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), el proyecto no solucionará el problema de formación. "Más bien va a generar un desinterés total de los médicos en formarse como especialistas con una afectación directiva a la salud pública", emitieron desde Siname en un criterio.
La propuesta de ley establece regionalizar los procesos de formación, pero según el sindicato esto demuestra que desconocen el funcionamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
"Regionalizar los procesos de formación carece de fundamento técnico y desconoce esta realidad, no es posible formar a médicos especialistas en todos los centros médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social que hay en el país, sólo unos cuantos centros cuentan con el equipo técnico, con el personal adecuado y la cantidad de especialistas que pueden formar a los residentes", establecieron.
Otro aspecto resaltado por los especialistas es que en varios artículos de la propuesta se violenta la autonomía de la Caja y de la Universidad de Costa Rica (UCR), al obligarles, por ejemplo, a incorporar ciertas condiciones en sus convenios.
Además, pretende que la CCSS y las universidades realicen en conjuto la prueba de admisión a los programas de especialidades médicas.
"La Caja Costarricense de Seguro Social no es una institución formadora, por lo tanto, no puede participar en este tipo de proceso; sólo las universidades que estén en capacidad de formar médicos especialistas puede realizar exámenes para ingreso a una determinada carrera", explicaron.
Médicos formados en el extranjero
En el artículo 6, se propone que los médicos especialistas formados en el extranjero se puedan incorporar en el Colegio de Médicos y Cirujanos sin necesidad de cumplir requisitos adicionales al título obtenido. Además, la Dirección General de Migración y Extranjería otorgará un permiso por 4 años para que la persona preste sus servicios a la CCSS.
Después de los 4 años, se le otorgará una residencia y permiso de trabajo permanente, extendidos a sus cónyuges y familiares de primer grado.
Para los médicos especialistas, no existe un procedimiento de homologación de títulos extranjeros y se están violentando las competencias de la Dirección General de Migración y Extranjería, al obligarles a entrgar residencias sin realizar estudios de los solicitantes.
Médicos al extranjero
El artículo 5 del proyecto de Carballo, se enfoca en la farmación en el extranjero de especialistas enviados por la CCSS, pero no detalla el procedimiento para homologar los títulos.
También, se menciona una comisión técnica que verificará cada mes la idoneidad académica, ética y técnica de los programas formativos, así como su equivalencia con los estándares nacionales. Para Siname, se menciona la Comisión sin que se indique quiénes la componen ni los requisitos para conformarla.
"Ha sido clara la Contraloría General de la República que, cuando en una ley se crean comisiones como la presente, se debe incluir cómo se financiará para poder cumplir con los fines que va a ser creada", expusieron los especialistas.
Desconocimiento
El proyecto resalta la importancia de contar con plazas de formación de médicos especialistas, pero cuestionan que no se está valorando la existencia real de los tutores para formar a los residentes. "Si no hay tutores asignados, no se puede formar al residente, en una relación uno a uno, o uno punto cinco a uno, es decir, debe haber un tutor nombrado por cada médico residente", indica el criterio de Siname.
La propuesta establece la posibilidad de contar con un ente técnico externo independiente para que asesore y valide los instrumentos, criterios y procedimientos del proceso de admisión a los programas de formación. El sindicato resalta que el proyecto no menciona cómo se va a contratar ni quien será el encargado del pago.
En el texto de Siname se cuestiona que el proyecto de ley obligada a los especialistas a trabajar por 7 años para la Caja sin que se le permita ejercer la especialidad en el sector privado, sin que exista una justificación técnica que lo avale.