Menor de 15 años pasó la noche esposado fuera de delegación en La Cruz

Fotografía con fines ilustrativos de arma Glock 9X19.

(CRHoy.com) Un menor de 15 años, sospechoso de portar un arma sin los respectivos permisos, pasó una noche esposado, sentado en una banca de madera en un espacio fuera de delegación de la Fuerza Pública en La Cruz.

Este trato fue "cruel y degradante" para el adolescente, según concluyó la Sala Constitucional en su resolución 2022010136, del 6 de mayo pasado, al declarar parcialmente con lugar un hábeas corpus -figura que protege a las personas de detenciones e incomunicaciones ilegítimas por parte de una autoridad- interpuesto por un defensor público en favor del tutelado.

"A criterio de este tribunal y en concordancia con lo expuesto en los anteriores considerandos, lo descrito constituye un trato cruel y degradante contra el amparado, que indudablemente violentó su dignidad humana y es contrario a las garantías del manejo de los privados de libertad, pues el uso de esposas está permitido para casos excepcionales, que no incluye el apuntado, máxime que se trata de una persona menor de edad", señala el recurso.

Los hechos en cuestión ocurrieron el 3 de abril anterior, cuando el joven fue aprehendido a eso de las 8:15 p.m. por portación ilegal de una pistola Glock 9X19. Tras su captura, fue llevado a la clínica de la zona para una valoración, a las oficinas locales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como a la Fiscalía Penal Juvenil, donde fue liberado al día siguiente. Salvo en el último de los despachos, el menor siempre permaneció esposado.

En el recurso, el defensor público incluso señaló que el amparado estuvo anclado a la banca en la que lo habían sentado; situación que el entonces ministro de Seguridad, Michael Soto Rojas, descartó en un descargo -efectuado por el jefe de la delegación de cita, José Díaz Flores- remitido a los magistrados. Por esa razón, se dio como no probado ese señalamiento.

Dicho informe justifica el uso de las esposas en una noticia criminis relacionada con narcotráfico y sicariato en el lugar y a que en la estación policial carece de celdas o aposentos para mantener a personas detenidas.

"Esta clase de situaciones, ocurridas dentro de la Delegación Policial de La Cruz, pone de manifiesto un déficit de infraestructura y, en general, de recursos para atender la población privada de libertad a cargo del Estado", subrayaron los jueces.

Además de declarar parcialmente con lugar el recurso, los altos jueces condenaron al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) al pago de los daños y perjuicios causados, a liquidarse en ejecución de sentencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.