MEP analizará reforma o derogatoria a ley tras denuncias de desprotección de docentes

Ministerio de Educación Pública (MEP)

Luego de la preocupación manifestada por docentes sobre la desprotección que sienten ante la Ley 9999, también llamada Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de los menores de edad en el sistema educativo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) analizará si esta requiere modificaciones mayores o incluso su derogatoria.

Así lo confirmó esta noche el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, a través de un video compartido en las redes sociales de la cartera educativa. En él, el jerarca resalta que propuso ante la Junta Paritaria del MEP un análisis de la norma.

La Junta Paritaria es un órgano mixto de diálogo establecido bajo la III Convención Colectiva, compuesto por 14 miembros: siete del MEP y siete representantes de los sindicatos: Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y el Sindicato de Trabajadoras de Comedores Escolares y Afines (Sitracome).

"Lo vamos a valorar responsablemente y proponer, porque ningún docente debería ir a trabajar con miedo. Las normas disciplinarias deben existir, sí, pero con equilibrio, debido proceso y proporcionalidad. Al final, la dignidad docente no puede quedar en segundo plano. Lo que buscamos con esto es seguridad jurídica y, sobre todo, justicia y respaldo real", mencionó Sánchez.

La Ley 9999, aprobada en 2021, se creó con el objetivo de proteger a los menores de edad dentro del sistema educativo, especialmente frente a situaciones de abuso, maltrato o violencia. Su propósito es garantizar que las denuncias se tramiten sin causar más daño a los estudiantes y que las instituciones actúen de forma preventiva para resguardar sus derechos.

Sin embargo, en su aplicación no se contempló el escenario de que se presente una denuncia falsa contra un educador, en quien recae la carga de demostrar que no cometió una falta.

Desprotección a docentes ante denuncias falsas

Tras la primera capacitación del MEP a los docentes sobre la aplicación de la Ley 9999, algo les quedó completamente claro: no existe un protocolo ni un mecanismo que los proteja de una denuncia falsa y, si esto afecta su salud mental, deben recurrir a atención psicológica en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o en el Instituto Nacional de Seguros (INS).

Esta fue la recomendación hecha por la asesoría del MEP durante la capacitación a los docentes. Tras la presentación realizada por Nelly Venegas Brenes, jefa del Departamento de Asuntos Disciplinarios, y Silvia Fallas Acuña, asesora legal de la Unidad de Procedimiento Administrativo del MEP, se habilitó un espacio de preguntas por parte de los docentes.

Entre las consultas leídas por la moderadora, Adriana Retana Varela, destacó la interrogante sobre si existe alguna normativa, además de la Ley del Funcionario Público, que proteja al docente que sufre maltrato psicológico, acoso, agresiones o violencia.

"Sobre este tema no tenemos una normativa expresa que venga a regular, resguardar o proteger al denunciado. En este sentido, el MEP no tiene protocolos", señaló Venegas.

Ante este escenario, la funcionaria indicó que las opciones se limitan a la atención psicológica o médica por medio de la CCSS o incluso del INS, lo que reforzó la percepción de desprotección institucional entre los docentes.