MEP carece de intérpretes de Lesco en el sistema educativo

"Se declara de interés público el desarrollo integral de la población con discapacidad, en iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes que el resto de los habitantes".

Así comienza el artículo 1 de la ley 7600, también llamada ley de Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, publicada en 1996.

Desde este punto, la ley busca garantizar que las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades en los distintos ámbitos, esto incluye a los estudiantes que, por su condición, requieren de un docente intérprete en las aulas.

Según expuso la representante de Colegio de Profesionales en Orientación, Karen Sánchez, la inclusión es un tema trascendental que incluso se ve reflejado en la Legislatura Costarricense.

"En primera instancia, el llamado a la inclusión nos la hacen todas las leyes y decretos sobre personas que tratan temas de discapacidad.

La inclusión es un derecho que se ve reflejado en la legislación, donde la persona lo que pide es el derecho de los diferentes escenarios educativos, culturales, sociales, donde puedan tener el derecho a la información, a la educación en igualdad de condiciones con el resto de la población", detalló la vocera.

Intérpretes docentes

Como parte de una educación inclusiva, Sánchez menciona que se debe tomar en cuenta a los estudiantes de la comunidad sorda en las aulas, esto junto con los métodos y estrategias necesarias para garantizarles una educación de calidad.

Es por esto, que señala que el Ministerio de Educación Pública (MEP) debe de tener vigente el tema de intérpretes, ya que "estas son figuras de mediación de la comunicación, esto con respecto al aporte que esta figura da en la inclusión con la población sorda, y es que nos permiten justamente, eso, acceso a la comunicación. Esta es una figura muy importante".

"Hay una gran responsabilidad que tenemos todas las instituciones y todas las personas, que es el eliminar las barreras y muchas veces estas barreras son de actitud.

Son barreras en la toma de decisiones de instancias que al final lo que hacen en lugar de aminorar (disminuir) esos obstáculos, es ponerle más a la población con discapacidad", agregó Sánchez.

Pero ¿qué clase de barreras son las que señala la experta que se deben de eliminar? Sánchez indicó en entrevista con CRHoy.com, que lo primordial es que todas las personas tengan acceso a la educación y que, para esto, es necesario un trabajo interinstitucional que vele por las necesidades y que designe los recursos para esta población.

"El invertir no es cuando las instituciones quieran, porque si vamos a depender de un presupuesto, entonces nunca lo van a ver, porque así son las justificaciones.

No hay un presupuesto, pero las instituciones están en la obligación legal de reservar una parte de su presupuesto para atender este tipo de necesidades, por ejemplo, la población sorda. Entonces, al final de cuenta, no es un tema que debe de quedar a la voluntad de las personas, sino como una obligación del mismo Estado", agregó la representante.

"Intérprete no está dentro de las planillas del MEP"

Jorge Cortés, quien es educador sordo del MEP aseveró que la figura del intérprete "no está dentro de la planilla de los trabajadores" en la cartera de educación.

"Es importante porque al no haber docentes (oyentes en su mayoría) con las competencias lingüísticas ni con conocimientos sobre aspectos socioculturales de las personas sordas en las aulas del sistema regular educativo de Costa Rica, la figura del intérprete vendría a mejorar un poco esa necesidad.

Que haya profesionales con las competencias en su lengua para que puedan adentrar a los estudiantes a la malla curricular", mencionó Cortés a CRHoy.com.

Es por esto que el educador pide que se respete a la cultura sorda y su identidad, porque la inclusión en la educación apenas está en pañales y estas acciones deben de traspasar las paredes de las aulas hasta la comunidad en general.

Además, invitó a la cartera a tomar acciones propias de la Ley 9822, ley de reconocimiento y promoción de la lengua de señas costarricense (Lesco) que promueve el uso libre del lenguaje de señas y el uso de los medios de apoyo a la comunicación oral.

"Comenzar ya con acciones propias que se mencionan en la ley 9822, pero que se haga en conjunto con la comunidad sorda.

Como por ejemplo que Lesco sea una materia optativa con una evaluación sumativa desde el primer grado hasta 6.º grado y seguir toda secundaria o que se proyecte más sobre cultura, comunidad e identidad de la persona sorda, mitos, realidades, apoyos técnicos, entre otros", mencionó Cortés.

Mientras que, Sánchez también apoyó estas iniciativas y detalló que "no es entonces solo aprender a comunicar, esto es lo que va a permitir es que podamos, desde la sensibilización hasta la oportunidad, comunicarnos con la población sorda".