Meta del Gobierno sobre ampliación de la ruta 27 “no presenta avances significativos”, según Mideplán

El gobierno de la República se comprometió a alcanzar un 75% de avance en la ampliación de la ruta 27, que conecta San José con Caldera, antes de finalizar su gestión.

A casi tres años de asumir el mandato, el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) no registra "avances significativos" en la negociación con la actual concesionaria.

En el monitoreo de las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) con cierre en 2024, el informe técnico de Mideplán reconoció que la ampliación de la carretera depende de una adenda al contrato de concesión vigente.

La vía que une San José con Caldera se inauguró el 27 de enero de 2010, durante la administración del expresidente Óscar Arias Sánchez.

Durante el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, se negoció una adenda contractual y, antes de finalizar su mandato, se dejó listo el refrendo para presentarlo ante la Contraloría General de la República (CGR). Sin embargo, la actual administración anuló los avances logrados.

El 2 de noviembre de 2022, el Gobierno evaluó la posibilidad de rescindir el contrato con Globalvía. No obstante, en agosto de 2023 descartó esa opción y retomó negociaciones con la firma española.

Durante el año anterior, Mideplán informó que la administración implementó medidas para optimizar la gestión del proyecto, entre ellas una supervisión constante a cargo de la Gerencia, enfocada en los aspectos clave del contrato de concesión.

Asimismo, se tramitaron 22 expedientes de expropiación necesarios para ampliar la vía, aunque esos esfuerzos "no han resultado en un avance significativo en la ejecución del proyecto".

"Durante la actual administración gubernamental, el proyecto ha sido objeto de análisis en Casa Presidencial con el propósito de evaluar alternativas de financiamiento, de forma tal que fuera a través de otro mecanismo que permitiera la construcción de las obras de ampliación y finiquitar el contrato actual. Sin embargo, este proceso aún se encuentra en fase de definición", contempló el informe de Mideplán.

Según el Ministerio de Planificación, la elaboración de la adenda contractual requiere un refrendo del órgano contralor, lo cual añade una etapa adicional a los trámites legales previos a la emisión de una orden de inicio para ejecutar obras. Ese procedimiento conlleva riesgos económicos, ambientales, legales, financieros, tecnológicos y operativos.

Entre las lecciones aprendidas, Mideplán destacó la necesidad de identificar y evaluar con mayor detalle los factores de riesgo desde la fase inicial del proyecto, incluidos los cambios de gobierno y su impacto en la continuidad de las iniciativas.

El informe subraya la importancia de contemplar desde el inicio de la gestión los aspectos fundamentales y el análisis de diversas opciones de financiamiento, con el fin de agilizar la toma de decisiones y garantizar el progreso de las obras.

Recalcaron que la elaboración de la adenda contractual y su posterior refrendo por parte de la Contraloría General de la República forman parte de los trámites indispensables, los cuales requieren tiempo.

"Es crucial considerar en los cronogramas preliminares los plazos de revisión, aprobación y refrendo de las instancias legales y administrativas, a fin de mitigar demoras en la ejecución del proyecto", señaló Mideplán.

El ministro del MOPT, Efraím Zeledón Leiva, dijo a CR Hoy que se está avanzando, pero "me gustaría que fuera más rápido", por lo cual no puede brindar una información formal al respecto.

Zeledón reconoció la complejidad del proceso, dado que el costo de la ampliación oscila entre $600 millones y $700 millones, montos elevados dentro de negociaciones difíciles.

"Es una negociación compleja que venía desde el anterior ministro y seguimos tratando de sacarla adelante. Todos estos temas llevan tiempo", precisó Zeledón.

Una de las alternativas exploradas por el gobierno en meses recientes fue solicitar al Ministerio de Hacienda gestionar un crédito de $600 millones, discutido de manera verbal con el Reino de Arabia Saudita. Estos fondos se previeron destinar como aporte estatal para la ampliación, aunque aún no existe un acuerdo formal ni se ha definido su viabilidad. Sin embargo, este punto fue descartado.

Ante las dificultades presentadas, el Poder Ejecutivo valoró la ampliación en una primera fase, desde el Gimnasio Nacional hasta Siquiares (Alajuela). Esta sección cuenta, desde hace varios años, con gran parte de las expropiaciones necesarias prácticamente finalizadas.

CR Hoy contactó a la empresa concesionaria Ruta 27 (Globalvía). Hasta este momento, la consulta se encuentra en trámite.