Prodhab tarda de diez meses a un año en resolver denuncias

(CRHoy.com).- El tiempo promedio que consume la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) del Ministerio de Justicia y Paz, es de entre diez meses a un año.

Ante una solicitud de información que le realizaron a principios de este año, la directora de la Prodhab, Elizabeth Mora, contestó el 16 de marzo pasado que la tardanza en la resolución de las denuncias que recibe la Agencia es en razón del poco personal con que se cuenta en el Departamento de Registro de Archivos y Bases de Datos.

Mora, además reveló que en el 2020, de 236 denuncias que recibió la Agencia, apenas resolvió una. Un año antes, en el 2019, de 237 casos que tramitó, solo resolvió 5.

El abogado experto en Derecho Informático y manejo de datos, José Adalid Medrano, dio a conocer en su blog personal una respuesta oficial de la Prodhab en la que reconoció que tarda desde la recepción de la denuncia hasta la realización de la resolución de Admisibilidad y Traslado de cargo aproximadamente dos semanas.

Según el propio jurista, el artículo 25 de la Ley N.º 8968, otorga a la Prodhab a más tardar un mes para dictar el acto final sobre una denuncia, después de la presentación de esta.

La Prodhab se creó en el 2011 con el objetivo principal de garantizar a cualquier persona el respeto a su derecho a la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a su persona o bienes.

A pesar de que está pronta a cumplir los diez años de existencia, la Prodhab saltó a la palestra nacional hasta el año pasado, a raíz del escándalo que se generó cuando CRHoy.com publicó que el presidente de la República, Carlos Alvarado, creó mediante decreto en Casa Presidencia la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), la cual, presuntamente, tuvo acceso a datos confidenciales de los ciudadanos.

Los diputados recomendaron en su informe sobre el caso UPAD investigar penalmente a la jerarca de la Prodhab por el presunto incumplimiento de deberes establecidos por ley, en el ejercicio del cargo.

 

Piden intervención de la Agencia

El desempeño de la Prodhab llevó la semana pasada a la Defensoría del Deudor (Defade) a solicitar la intervención inmediata de la Agencia.

Stephanie Portuguez, asesora legal de la organización, justificó la solicitud en que la entidad incumple con su función de vigilar el tratamiento de los datos de los costarricenses, sobre todo de aquellas personas que tienen deudas y que se exponen al acoso cobratorio por parte de los burós de crédito.

La situación de acoso a los deudores se ha agravado a raíz de la pandemia del COVID-19, que impactó la economía costarricense y disparó el desempleo en casi el doble durante varios meses en el 2020. Hoy las cifras de desempleo aún no vuelven a las cotas previas a la pandemia.

El 7 de mayo la Agencia emitió un comunicado en el que rechazó los cuestionamientos que le hizo la Defade.

"Es materialmente imposible que una institución pueda revisar todas y cada una de las bases de datos que existen en el país, tan es así que la Ley no contempla esto dentro de las atribuciones de la Prodhab", indicó Mora.

CRHoy.com pidió a Mora, a través de la Unidad de Divulgación de la Prodhab, una ampliación de declaraciones sobre las críticas que recibe la Agencia. Además, se le solicitaron datos estadísticos sobre los casos.

Sobre el primer punto, la entidad informó de que Mora estuvo en vacaciones este lunes y que no podía aprobar ninguna respuesta a la prensa. Sobre los datos, la Agencia indicó que contestaría a la solicitud de este medio este martes.

En marzo, la directora de la Agencia comunicó que entre los principales motivos de las denuncias que recibe la Prodhab están la solicitud de eliminación o supresión de datos personales; la recolectar, almacenamiento, transmisión o empleo de datos personales sin previo consentimiento informado; y la solicitud de rectificación o actualización de datos personales.

Urgen cambios: independencia política es clave

Aunque son varios los cambios que urge hacerle a la Prodhab para que brinde una respuesta óptima a los ciudadanos ante las posibles violaciones a sus datos personales, abogados expertos en la materia coinciden en señalar que la independencia política y administrativa de la Agencia son fundamentales.

El abogado Leon Weinstok, del Bufete BLP, consideró que ese punto es medular, ya sea que se consiga a través de una independencia con grado de autonomía para la Agencia, como funciona en casi todos los países que aplican las mejoras prácticas en materia del resguardo de los datos confidenciales de la población, o bien, que dicha independencia se logre dotándola de un sistema lo suficientemente robusto para que no quede sujeta a los vaivenes políticos del gobierno de turno.

"Ese detalle obligaría a una mejor rendición de cuentas e imparcialidad de criterios. Las principales afectaciones de la privacidad han sido en el sector público. Entonces me parece que es muy importante", consideró.

Mauricio París, abogado socio de la firma Ecija, afirmó que, para lograr esa deseada independencia de la política de la Prodhab es necesario que el nombramiento de su director deje de ser un nombramiento discrecional en mano de políticos.

"Debe hacerse por concurso público de antecedentes, y que sólo pueda ser destituido por faltas a sus deberes, no de forma discrecional por el Ministro de Justicia", indicó.

José Adalid Medrano consideró que los cambios en la Agencia deben ser profundos, pues desde el inicio esta ha enfrentado serias limitaciones presupuestarias y de personal, además de las deficiencias de la legislación costarricense en materia de protección y manejo de datos de la ciudadanía.

"De las 10 atribuciones que le da la ley en el artículo 16 de la ley № 8968, no podríamos decir que se ha cumplido a cabalidad con alguna. No se vela por el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, inclusive en casos cuando la infracción a la ley es grosera, pública y notoria. El caso UPAD es tan solo el que evidenció el estado de indefensión en el que se encuentran los costarricenses ante la violación de su derecho de autodeterminación informativa", afirmó.

Medrano agregó que desde el 2019, Prodhab dejó de cobrar multas a aquellas entidades que irrespetan la Ley por errores atribuibles únicamente a su "deficiente administración".

Leon Weinstok agregó que la capacitación del personal de la Prodhab también es un cambio que urge hacer. Según él, de poco serviría darle a la Agencia mayor independencia y presupuesto si su personal no está debidamente capacitado.

"Cuando ya tenemos una noción de que se resuelven dos casos al año y que los casos duran diez meses en resolverse, no están los incentivos correctos para cumplir, y más bien se genera una imagen de que no pasa nada", lamentó.

Mauricio París consideró, además, que la mejora regulatoria debería ser un componente clave en los cambios que se realicen para que la Prodhab rinda los frutos esperados. Ese marco regulatorio, agregó, debería ser moderno, claro y acorde con el estándar internacional en la materia.

"Para eso se requiere una reforma integral a la Ley de Protección de Datos que establezca obligaciones para los responsables de bases de datos y mecanismos claros para que los titulares ejerzan sus derechos", indicó.

Finalmente, Weinstok consideró positivo que el escándalo de la UPAD generara colateralmente que la Prodhab, que según los expertos fue pasiva ante el hecho, esté más presente en el radar político y bajo el escrutinio público, aunque eso no haya generado un cambio en su funcionamiento a raíz de esa mayor exposición.