Miles de mujeres piden protección tras agresiones de hombres
21 mil mujeres solicitaron algún tipo de protección en 2019
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De los más de 26 mil casos que atendió la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito del Ministerio Público durante 2017, el 81% obedeció a mujeres que -en su mayoría- fueron víctimas de violencia a manos de los compañeros sentimentales.
Ese porcentaje se traduce en más de 21 mil femeninas quienes requirieron algún tipo de soporte de esa dependencia creada para evitar la victimización o la revictimización ante delitos de distinta índole.
El dato lo brindó Allan Murillo, fiscal adjunto a.i. de esa oficina, quien recalcó la importancia de variar la recientemente aprobada Ley de Justicia Restaurativa (texto 19.935).
¿Por qué? La polémica ley obliga a remitir parte de los ₡300 millones anuales presupuestados para la oficina de atención a víctimas del Ministerio Público a una figura nueva denominada Unidad de Justicia Restaurativa, la cual solo atenderá esa materia -justicia restaurativa- y se enfocará en el abordaje de los ofensores (los hombres, en casos de violencia contra la mujer).
La ley procura la resolución de conflictos penales de una forma 'humana e integral' a través de un proceso que involucraría a la víctima, la comunidad y la persona ofensora.
"No estamos de acuerdo en que se desmejore el servicio de atención y protección a las víctimas del delito. En 2017, cuando atendimos los 26 mil casos, ejecutamos el 92% del presupuesto destinado para atender y proteger a víctimas.
"Si nos imponen esta unidad de justicia restaurativa, los costos serán sumamente elevados. En 3 años, la ley estipula que se dé una cobertura de esta unidad en todo el país", dijo Murillo.
Además del tema financiero la fiscalía cree que la ley pone en juego la institucionalidad del Ministerio Público, pues ya existe una dependencia dedicada a tramitar casos de justicia restaurativa.
De igual forma, sostiene un recelo a que la ley beneficie a hombres que hayan agredido a mujeres. Ya que, "la mujer no está en condiciones de ponerse a negociar con el ofensor" como lo procura la justicia restaurativa.
"Se desprotegerían los recursos de aquellas que gracias a la protección que se les ha brindado han tenido un buen desempeño y han colaborado para conseguir condenas. Desde ya advertimos que, si entra la ley tal y como está, se pondría en riesgo la atención a esas personas. Nos preocupa que nos vayan a matar testigos, víctimas y que se venga una oleada de impunidad", citó el fiscal.
Voces en contra
Mario Chaves, presidente de la Fundación Rahab, respalda la posición del Ministerio Público y reiteró la necesidad que el presidente Carlos Alvarado vete parcialmente la ley.
"En nuestro caso, trabajamos con víctimas de redes de trata de explotación sexual. Nuestro temor es, precisamente, que no le podamos ofrecer el respaldo a través de la oficina de la fiscalía. Además de las mujeres, también atendemos a sus hijos", afirmó Chaves.
Roxana Rojas Morales, madre de un joven asesinado en 2008 en un asalto, quien hace una década impulsó la creación de la oficina para proteger a las víctimas, cree que una reforma sobre el proyecto aprobado -como lo proponen los diputados- es insuficiente y no se trata de más que un remiendo.
"Nadie tiene idea de lo que sufren aquí las víctimas. No quisieron escucharnos (los diputados) y eso me decepcionó. No quisieron escucharnos, ni durante 15 minutos (…) Estamos hablando de quitar dinero al programa de atención y protección a víctimas ¡Estamos hablando de víctimas de narcotráfico y violencia! Es mucha la gente que estamos exponiendo", sentenció Rojas.
El Poder Ejecutivo solicitó hasta el 2 de julio para definir si atiende los llamados para un veto parcial a la ley.