Minae denuncia a presidenta del AyA por presunto mal manejo de peligroso químico
Según la denuncia el manejo irregular e ilegal podría estar poniendo en peligro salud de pobladores

Yamileth Astorga, presidenta del AyA (presidencia.go.cr).
(CRHoy.com). -La Fiscalía Agrario Ambiental tramita una denuncia contra Yamileth Astorga Espeleta, presidenta del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), por el presunto delito de disposición ilegal de residuos.
La denuncia la interpuso el Contralor de Ambiente del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), Walter Zavala, el pasado 11 de febrero del 2020, alegando que la institución a cargo de Astorga manipula incorrectamente y sin los permisos correspondientes el arsénico que se filtra en Bagaces de Guanacaste debido a la operación del AyA.
Esta problemática, que no es nueva, podría estar poniendo en peligro la salud de la población y pudo haber incidido en cifras de padecimiento de enfermedades renales en la zona, según el documento del que este medio tiene copia.
La causa se tramita bajo el expediente número 20-000008-0611-PE y se encuentra en la etapa preparatoria, por lo que no es posible saber mayores detalles, según informó la Fiscalía a CRHoy.com.
Este medio solicitó una entrevista al AyA, sin embargo, indicaron que Astorga no nos podía atender, que las preguntas las tramitarían por correo.
"Manejo inadecuado"
La Contraloría del Minae se enteró de la presunta irregularidad luego de que ingresara una denuncia confidencial al Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA).
Los primeros documentos adjuntos en la denuncia que llegó al Minae indican que el AyA le da un "manejo inadecuado" al arsénico que se satura en los filtros administrados por esta institución en el cantón de Bagaces, Guanacaste. Tanto así que ahora llega hasta la vía pública.
Según la denuncia confidencial el material "es arrojado al ambiente poniendo en riesgo a los vecinos y contaminando posiblemente los acuíferos. Este material debería de ser devuelto al fabricante, siguiendo lo establecido en la ley (…) pero no llevado a un relleno sanitario o tirado al ambiente".
La Contraloría Ambiental decidió denunciar a Astorga porque el AyA no ha informado al Minae sobre los detalles de generación de arsénico que produce su operación, tal y como establece la ley.
Según la denuncia que llegó a la Fiscalía "el ente generador debe completar, para cada desecho peligroso generado, la información solicitada en la hoja de datos del desecho".
Dicho ente contralor tampoco tiene registro de que el AyA hace las notificaciones correspondientes para poder transportar el peligroso químico en vehículos.
"Esta Contraloría Ambiental informa que, producto del cumplimiento del Decreto 27001, no tiene conocimiento de que en el país exista una empresa gestora para los residuos de arsénico", dice la denuncia que presentó la Contraloría ante la Fiscalía.
El contralor cita en su denuncia que es delito "exportar, importar, transportar, almacenar, comercializar o poner en circulación residuos". También "abandonar, depositar o arrojar en forma ilegal residuos peligrosos".
"Con palos y picos"

Presidente Carlos Alvarado y presidenta del AyA, Yamileth Astorga (Imagen tomada del Facebook de Astorga).
En una reunión en la que participó Astorga, en el Concejo Municipal de Bagaces, la ingeniera del AyA Rosa María, explicó que desde el 2014 disponían de dichos residuos "en botaderos autorizados", pero tras el cierre técnico "no se siguió llevando ahí".
"Se empezó a destinar a otros lugares. La cuestión es llevarlo a un lugar donde lo puedan aceptar (…) Siempre se trata de manejar con el mayor de los cuidados, pero como es un polvo siempre se va algo al ambiente, nosotros lo que hacemos es removerlo con palas y picos para disponerlo en sacos", dijo la ingeniera, según la minuta de la sesión del consejo, del pasado 16 de enero del 2020, de la que este medio también tiene copia.
"Llama la atención lo expuesto por la Ing. Rosa María, con lo cual se confirma deficiencias en la gestión ambiental de los residuos de la operación que contiene arsénico", dice la denuncia del Minae.
Zavala también señala al Ministerio Público que nadie puede alegar desconocimiento de la ley y que, en apariencia Astorga y la ingeniera Rosa María son las responsables del manejo del arsénico en esta comunidad.
En la denuncia, la Contraloría Ambiental pide que se ordene al AyA establecer un protocolo para la gestión de los residuos y en caso de contratar a una empresa, sea autorizada. También que notifique a la Contraloría Ambiental y que proceda a remediar el suelo contaminado.
Problemas renales
Según una publicación del Semanario Universidad la toxicóloga Virginia Montero, del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), alertó a distintas autoridades de que el arsénico es un "potente nefrótico", es decir, que genera problemas renales. Se lo comunicó al AyA, al Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las municipalidades de Cañas y Bagaces.
La misma publicación de Universidad indica que según un estudio del TEC y de la Universidad Tecnológica de Texas, se encontraron rastros de suelos en las zonas aledañas a los sistemas que usa el AyA para filtrar el agua, lo que coincide con las declaraciones de la ingeniera del AyA.
El AyA conoce del problema de altos niveles de arsénico en el agua de Bagaces desde el 2009, aunque oficialmente se reveló en el 2011 porque tanto el instituto, como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Ministerio de Salud ocultaron información al respecto.
Desde entonces la lucha de la comunidad ha sido constante para ser escuchados por alguna autoridad que preste atención a los altos niveles de arsénico en esta zona de Guanacaste, debido a características propias de su topografía.
El Ministerio de Salud confirmó recientemente a CRHoy.com que lidera un trabajo con el AyA sobre esta problemática, pero no ahondó en detalles.
Esta noticia se conoce poco después de revelarse que el AyA perdió una demanda contra la empresa española Acciona Agua S.A. y por la que se le multó con cerca de $6,7 millones, de los cuales ya canceló $2. El motivo fue el AyA incumplió el contrato de unas obras calificadas como "prioritarias" por la administración Alvarado Quesada.