Minae omitió criterio de Bomberos y permitió a Blue Flame operar en otra planta
Empresa tiene contratos con el Estado para brindar servicios a la CCSS y centros penales del Ministerio de Justicia.
El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) autorizó a la distribuidora de gas Blue Flame retomar operaciones en una planta distinta, un mes después de la explosión registrada en sus instalaciones de Pozos de Santa Ana y sin contar con un criterio técnico de Bomberos que avalara las condiciones de seguridad.
La Municipalidad de Santa Ana revocó la patente comercial una semana después del incidente. Pero el 6 de abril, el Minae emitió una autorización temporal y extraordinaria para que la empresa utilizara las instalaciones de la Planta Envasadora Nano Gas S.A., ubicada en Lindora.
La autorización fue emitida por la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles (DGTCC), según confirmó el Minae a CR Hoy.
El Minae indicó que la decisión respondió a una solicitud de la empresa y a una inspección previa de las condiciones de seguridad en la planta, que cuenta con concesión vigente. Justificó la medida bajo el principio de continuidad del servicio público, ya que la Blue Flame abastece a hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y centros penales del Ministerio de Justicia.
CR Hoy consultó al alcalde de Santa Ana sobre la celeridad con que se tramitó el permiso municipal y las razones para revertir la suspensión de la patente. Tras varias llamadas y mensajes no hubo respuesta. El funcionario indicó después que no pudo contestar porque estuvo en reuniones y se comprometió a ponerse en contacto esta semana.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) confirmó que el 22 de abril recibieron una denuncia sobre si existieron irregularidades al trasladar sus operaciones a otra planta.
Bomberos no participó en inspección
Allen Moya, jefe de la Unidad de Ingeniería del Cuerpo de Bomberos, confirmó que el Minae no solicitó apoyo técnico a la institución para verificar si las instalaciones donde opera actualmente Blue Flame cumplen con las normas internacionales de seguridad.
"Las inspecciones de nosotros dependen de Minae. Si ellos la solicitan, nosotros los apoyamos como ente técnico, pero podría ser que lo hagan ellos. No necesariamente tienen que pedirnos criterio", explicó.
El Minae realizó una inspección conjunta con la Aresep en la planta de Nano Gas el 12 de marzo pasado, cinco días después de la emergencia en Santa Ana.
Según la respuesta oficial enviada a CR Hoy, la revisión se efectuó "en atención al trámite solicitado para autorizar el uso de esas instalaciones para la operación de venta de granel de Blue Flame".
Consultado sobre el caso, Rafael Rodríguez, abogado de la empresa, indicó que por ahora no emitirán declaraciones.
En una visita a Nano Gas para fotografiar las operaciones, un oficial de seguridad amenazó con avisar "a los de adentro" si no dejábamos de tomar imágenes, pues según su criterio era ilegal, pese a que el equipo de CR Hoy estaba en la acera.
Minae aprobó operación de Nano Gas
Ante consulta de CR Hoy, el Minae indicó que la planta de Nano Gas cuenta con viabilidad ambiental vigente otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
La Dirección General de Transporte realizó su primera inspección al terreno el 21 de setiembre de 2015. En diciembre de 2021 inició el proceso de autorización y la concesión fue otorgada en marzo de 2022.
Actualmente, el Minae mantiene vigente una medida cautelar contra las instalaciones originales de Blue Flame, emitida el 9 de marzo de 2026 e interpuesta por la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Pozos de Santa Ana.
Minae y red de falsificaciones
CR Hoy reveló en abril que la Fiscalía Anticorrupción (FAPTA) investiga una presunta red de funcionarios del Minae dedicada a alterar informes técnicos y falsificar firmas digitales para beneficiar a gasolineras y empresas distribuidoras de gas, entre ellas Blue Flame.
La denuncia señala que los documentos modificados eliminaban incumplimientos normativos, borraban plazos de corrección y suavizaban observaciones técnicas, aparentemente para facilitar permisos o evitar sanciones.
La causa penal se sigue, de momento, contra el empresario Ramírez Sandí, dueño de Blue Flame, y un funcionario del Minae de apellido Salas por incumplimiento de deberes.
El exministro Franz Tattenbach conocía denuncias internas sobre estas irregularidades desde 2024. Incluso se conformó una comisión investigadora dentro del Minae; sin embargo, más de un año después el proceso administrativo continúa sin resolverse.
La Fiscalía además analiza 31 informes técnicos bajo sospecha de alteraciones después de su emisión original. Todos están vinculados con el departamento de Ingeniería y Fiscalización de la DGTCC.
Planta original sin validación técnica
Imágenes de la emergencia en Blue Flame incluidas en informe de Bomberos
Pese al traslado parcial de operaciones, Bomberos confirmó que no existe una nueva validación técnica sobre las correcciones pendientes en la planta donde ocurrió la explosión.
Moya indicó que la institución ha recibido consultas posteriores al incidente; pero todavía no se concreta una evaluación en el sitio.
Los informes incorporados al expediente judicial concluyeron que tras el suceso en la planta se identificaron 15 incumplimientos críticos relacionados con normas internacionales de protección contra incendios y manejo de GLP (Ver nota aparte).
Mientras la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) avanzan en las pesquisas para determinar responsabilidades, las conclusiones técnicas exponen una preocupación adicional para las autoridades: la recurrencia de fallas graves en un sector catalogado como de alto riesgo.
Un incidente grave por año
La emergencia ocurrida en la planta de Blue Flame no representa un hecho aislado para el Cuerpo de Bomberos.
Moya reconoció a CR Hoy que los incidentes de gran magnitud en plantas envasadoras de gas ocurren con una frecuencia que preocupa a las autoridades técnicas.
"Tal vez pasa como una vez al año", afirmó el funcionario.
El jefe de Ingeniería recordó que durante los últimos años también se han registrado incidentes relevantes en distintas plantas del país vinculados con manejo de gas.
Aunque evitó profundizar en casos específicos, reconoció que existen patrones repetitivos asociados a errores operativos y deficiencias en medidas de seguridad industrial.
Fiscalizaciones por obligación
Según explicó Moya, Bomberos actúa principalmente como ente técnico de apoyo para instituciones como el Minae, el Ministerio de Salud y las municipalidades, responsables de otorgar permisos de funcionamiento.
Fotografías de los daños en la estructura que provocaron la suscripción de 15 incumplimientos críticos.
Eso significa que muchas inspecciones se realizan únicamente cuando otra autoridad las solicita como requisito para concesiones, permisos o renovaciones operativas.
"Normalmente es porque se lo requiere alguna de las autoridades para pedirle los permisos", explicó.
El funcionario reconoció que, en algunos casos, las propias empresas solicitan inspecciones técnicas; pero no es común.