Ministra de Trabajo recibe advertencia por convenciones colectivas

• Le ordenan a Geannina Dinarte garantizar que convenciones colectivas con sindicatos respeten topes al gasto de Ley 9635
• Diputado denunciante de convenciones celebra que prevención a ministra aclare que beneficios no están por encima de Ley

(CRHoy.com).- La aparente firma y homologación de convenciones colectivas que presuntamente incumplen con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635), que pone topes a algunos gastos en pluses y beneficios para el sector público, llevó a la Contraloría General de la República (CGR) a girarle una nueva advertencia al Poder Ejecutivo sobre el cumplimiento de los límites del gasto.

Geannina Dinarte, ministra de Trabajo, institución encargada de homologar las convenciones colectivas, fue la destinataria de la llamada de atención de la CGR en su calidad de jerarca y presidenta de la Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector Público.

La advertencia hace énfasis en la necesidad y obligatoriedad de que, en el trámite de homologación de los pactos que las instituciones públicas firman con los sindicatos de trabajadores, el Ministerio verifique que los beneficios acordados se ajustan al principio de legalidad y, sobre todo, a lo que estableció la Ley 9635.

Asimismo, en caso de que no se respeten en las convenciones colectivas los topes de gasto que estableció la normativa, que entró en vigencia en diciembre del 2018, la Contraloría le indicó a Dinarte que está en la obligación de prevenir a las partes involucradas para que lo negociado se reajuste a lo que ordena la legislación.

A Dinarte el órgano contralor le recordó que las competencias que tiene la Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas “son muy importantes” para garantizar que esos instrumentos se ajusten a la legalidad, lo que para la Contraloría, en el contexto fiscal crítico que enfrenta el Gobierno y la mala racha de la economía en general, reviste “especial relevancia”.

La entidad contralora le precisó a Dinarte que debe ser especialmente vigilante de que las convenciones colectivas que el Ministerio de Trabajo reciba para su homologación observen lo que dispone la Ley 9635 definió en dos aspectos puntuales:

• El artículo transitorio XXVII, sobre el auxilio de cesantía para los empleados públicos que se regula en el artículo 39 de la Ley, se exceptúan los funcionarios cubiertos por convenciones colectivas que otorgan derecho a más de ocho años de cesantía, los cuales podrán seguir disfrutando de ese derecho mientras se encuentren vigentes las actuales convenciones que así lo contemplen, pero en ningún caso la indemnización podrá ser mayor a los doce años.
• El artículo transitorio XXXVI, que indica que a partir de la entrada en vigencia de la ley, los jerarcas de las entidades públicas están en la obligación de denunciar las convenciones colectivas a su vencimiento y que, en el caso de que se decida renegociar la convención, esta deberá adaptarse en todos sus extremos a establecido en la normativa y otras regulaciones que dicte el Poder Ejecutivo.

En el oficio, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría también le indicó a la ministra Dinarte que la Procuraduría General de la República ha hecho énfasis en que la jurisprudencia es clara al reconocer y advertir que las convenciones colectivas no pueden estar por encima de la Ley, dejando establecido que las convenciones colectivas quedan sujetas y limitadas por las leyes de orden público y que no pueden dejar sin efecto normas de carácter imperativo.

Por esto, el criterio de la Procuraduría es que las convenciones colectivas están supeditadas a la Ley, incluso aquella que se promulgue después de la convención, máxime cuando, como en el caso de la Ley 9635, está dirigida expresamente a derogar y a determinar a futuro la pérdida de vigencia de las normas convencionales anteriores.

La Procuraduría ha establecido también que la Ley 9635 introdujo una serie de regulaciones anteriormente inexistentes en materias como el tope máximo de 8 años en el pago del auxilio de cesantía, ya sea por convención colectiva u otras normas.

Con base en lo dicho por la Procuraduría, el órgano contralor le recordó a la ministra Dinarte que no procedería la negociación o la homologación de cláusulas que se ajusten a la Ley.

“(…) Por tratarse de decisiones que acarrean consecuencias financieras a cargo de la Hacienda Pública, las obligaciones contraídas por las instituciones públicas y sus empleados pueden ser objeto de un análisis de razonabilidad, economía y eficiencia, se para evitar que a través de una convención colectiva sean limitados o lesionados derechos de los propios trabajadores, sea para evitar que se haga un uso abusivo de fondos públicos en observancia también del principio de legalidad que rige la actuación de la Administración Pública.

“Por lo anterior, se puede concluir que las convenciones colectivas que sean negociadas y presentadas ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para su correspondiente homologación, deberán ajustarse a lo establecido en el marco legal vigente, especialmente a lo establecido en la Ley 9635 (…)”, advirtió la Contraloría a la ministra Dinarte.

En caso contrario, señaló la institución, la Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector Público y el Ministerio de Trabajo deberán prevenir a las partes involucradas para que ajusten lo negociado a lo que dispone la Ley.

“(…) Se advierte que en el trámite de homologación de las diversas convenciones colectivas, antes de adquirir su eficacia jurídica, es su responsabilidad la correcta aplicación del marco legal vigente, garantizando especialmente el cumplimiento de lo previsto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas“, concluyó en su oficio la Contraloría.

No es la primera vez que el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en la fiscalización de la Hacienda Pública emite una advertencia u orden similar a la que giró a la ministra Dinarte.

La Unidad de Prensa y Comunicaciones de la Contraloría reseñó que en el pasado se giraron oficios de la misma naturaleza a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al Poder Judicial, en el 2018 y 2019, respectivamente.

“Son parte de las herramientas jurídicas de la CGR para ejercer sus potestades de control y fiscalización. Importante indicar que no es interés institucional cuantificar sus actuaciones en tal o cual dirección, sino más bien lograr eficacia en la aplicación de las acciones que las leyes y la Constitución Política nos encomendaron”, indicó el despacho de la CGR a CRHoy.com. 

Trabajo dice que toma medidas sobre convenciones

Este medio de comunicación también pidió un criterio de la ministra Dinarte. Ella manifestó que el Ministerio siempre ha acatado lo dispuesto en la reforma fiscal del 2018, así como en los criterios de la Procuraduría.

Según Dinarte, ya giró directrices para que la Dirección de Asuntos Laborales del Ministerio someta a una revisión “minuciosa” toda convención colectiva que se deposite para su homologación y que se rechacen todas aquellas que contengan cláusulas contrarias a la Ley 9635.

“Por otro lado, la Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector Público, debe revisar todas aquellas normas del proyecto de convención colectiva que hagan referencia al presupuesto público bajo el cumplimiento de de la ley 9635, en cuanto a que no procede la creación, el incremento ni el pago de remuneraciones por concepto de ‘discrecionalidad y confidencialidad’, ni el pago o reconocimiento por concepto de bienios, quinquenios o ninguna otra remuneración por acumulación de años de servicio distintos de las anualidades. Así como también deberá apegarse a esta Ley todo lo relacionado a la prohibición, dedicación exclusiva, carrera profesional, anualidades, cesantía y evaluación de desempeño”, contestó.

Dinarte dijo que existe un decreto ejecutivo que fija responsabilidades para los jerarcas de instituciones públicas que negocien convenciones colectivas y que aquel que se separe de los lineamientos girados por el Ministerio de Trabajo lo hará bajo su propia responsabilidad y conscientes de los compromisos presupuestarios que asumen.

“De igual manera se mantiene el llamado hecho por el presidente de la República para que los jerarcas de las instituciones que tienen convenciones colectivas denuncien el instrumento y lo negocien a la baja para la protección y buen uso del erario público”, enfatizó.

La jerarca reiteró a la Contraloría y a la ciudadanía el compromiso del Gobierno con la normativa laboral y con la protección de las finanzas públicas.

“Por lo que este ministerio será muy cuidadoso en los procesos de revisión de estos instrumentos laborales de diálogo social”, concretó.

Origen de la advertencia

La prevención que la entidad contralora le hizo a la ministra de Trabajo se generó en la denuncia que le presentó el diputado Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), el 21 de octubre pasado.

El congresista actuó cuando se enteró de que en Casa Presidencial se había firmado, el 20 de octubre, la tercera convención colectiva de trabajo del Ministerio de Educación Pública (MEP), la cual provoca revuelo en diversos sectores pues compromete al Gobierno a nuevos gastos en momentos en que el presidente, Carlos Alvarado–uno de los que firmó dicho instrumento–defiende un discurso de que es necesario aprobar nuevos impuestos para que el país evite una crisis fiscal superior. 

Aún el MEP no deposita la convención colectiva ante el Ministerio de Trabajo para su homologación, informó este jueves a este medio la Oficina de Comunicación de la cartera.

Según la denuncia de Muñoz, ese acuerdo incumpliría con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El diputado también indicó a la hora de solicitar la investigación a la Contraloría que el artículo 55 de la Ley 9635 ordena que la creación de incentivos y compensaciones salariales solo podrá realizarse por medio de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa.

Muñoz no solo hizo referencia a la convención colectiva del MEP en su denuncia, pues afirmó que otras contienen artículos que se firmaron u homologaron después de la entrada en vigor de la Ley 9635 son “nulas absoluta, abierta y manifiestamente”. 

Las convenciones colectivas que han sido presentadas para su homologación desde la entrada en vigencia de la normativa son la del Banco Nacional, Acueductos y Alcantarillados (AyA), Junta administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago, Instituto Nacional de la Mujer, Banco Central de Costa Rica, Municipalidad de Parrita, Municipalidad de Guatuso, Municipalidad de San Carlos, Municipalidad de Aguirre-Quepos, Municipalidad de Tilarán y la de la Municipalidad de Puntarenas.

Mientras que ya han sido homologadas en este lapso las convenciones colectivas del Banco Nacional de Costa Rica, AyA y Municipalidad de San Carlos. 

El diputado Muñoz dijo que a raíz de su denuncia la Contraloría revisará esos instrumentos para determinar si en algún grado violentan la normativa. La entidad aclaró que en el oficio para la ministra de Trabajo no se analizaron las convenciones colectivas integralmente ni otros aspectos adicionales o distintos al contenido del oficio.

Según el legislador socialcristiano, la prevención de la Contraloría a Geannina Dinarte viene a aclarar las cosas en materia de convenciones colectivas.

“En la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas hay un principio que indica que por convención colectiva no se puede legislar. Es un instrumento válido pero no se puede usar para crear incentivos salariales a través de una convención colectiva ni tampoco se puede hace contrataciones de personal que no estén debidamente aprobadas en un presupuesto de la República”, señaló.

Para el diputado está claro que, en el caso de la convención colectiva del MEP, firmada en octubre, esa institución, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos de educación pretendían legislar, en violación de la normativa vigente.

“En la convención colectiva del MEP acuerdan que Lunes y Martes Santos sean feriados pagados y no se puede, a través de un instrumento de este tipo, declarar dos días feriados del a Semana Santa para un grupo en particular, podría la Asamblea Legislativa hacerlo para todo el país. Además, hay una cláusula en la que el MEP se comprometió a no recuperar las sumas de salarios pagadas en exceso. Eso es como decir que, por convenció colectiva lo que era ilegal ya no lo será”, puso como ejemplos Muñoz.

En el caso de que aun así el Ministerio de Trabajo homologa la convención colectiva del MEP, el congresista advirtió que volverá a denunciarlo ante la Contraloría.

“Si el Poder Ejecutivo y el presidente de la República no tienen la valentía ni el conocimiento para dirigir este país desde la Asamblea Legislativa, utilizando la institucionalidad, lo vamos a hacer. Eso tiene que ver, por ejemplo, con la cochinada de proyecto de Ley de empleo público que presentó el Gobierno, vamos a seguir dando la lucha para que no sea Ley de la República”, zanjó el legislador.