Ministra de Vivienda: el Estado ejerce bien la rectoría del Sistema
Fue Ministra de Vivienda del 2010 al 2012 pero renunció
A sus 53 años, Irene María Campos Gómez comanda por segunda ocasión el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah). La ingeniera civil debe liderar un sector complejo, en el cual convergen empresas privadas, entidades autorizadas, un banco de segundo piso, un ministerio sin ley orgánica y diversos intereses, muchos cuestionados en el pasado.
Su antecesor, Rosendo Pujol procedente del sector académico y de investigación, apuntó a reformas en el sistema y a que los proyectos de vivienda fueran idóneos en lugares donde están las personas necesitadas. Los problemas van desde errores en la elección de beneficiarios; calidad de las casas; abandono o alquiler de casas de bien social; altos precios en materiales y proyectos; y la constancia de precarios.
Campos matizó que el Estado ya tiene la rectoría en el Sistema y que no debe fortalecerse. También negó que el poder de ciertos constructores (como lo advirtió Pujol hace tres años) afecte la rectoría del gobierno. Eso si admitió oportunidades de mejora y posibles discusiones para cambiar, como por ejemplo si el 100% de la vivienda pública debe ser regalada para personas con bajos recursos o debe ser un menor porcentaje.
Pregunta: Su antecesor señaló que ciertas constructoras tienen un gran poder en el Sistema (citó a Carol Prado y a otro de apellido Álvarez ante diputados, al duopolio de cemento, las de materiales de construcción). Y que los proyectos deben aprobarse donde hay gente que necesita y no buscar beneficiarios lejos para que el proyecta tenga. ¿Usted cree que el Estado debe recuperar la rectoría del sistema?
Liderazgo en un sector con cuestionamientos
El sistema, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), el Ministerio…han sido objetos de cuestionamientos en cada periodo. Desde los políticos (en la Administración Solís-Rivera varios diputados pidieron la salida de Pujol) hasta los legales (en abril pasado la Fiscalía secuestró expedientes en el Banco por posibles irregularidades en proyectos).
A finales del siglo pasado e inicios de este la quiebra de Coovivienda – una entidad del sistema – fue a parar al juzgado penal, salpicando a directivos, a quienes incluso la Procuraduría acusó de peculado e incumplimiento de deberes. Los exjerarcas, incluida la exministra Rebeca Grynspan (quien negó responsabilidad), fueron sobreseídos según informó La Nación en el 2002.
Ante la consulta de CRHoy.com si en el Banco – canalizador de los recursos para vivienda – nada se mueve si no es con el aval del Ministro, Campos señaló que esa percepción es equivocada. En su lugar aseguró que debe ejercer un liderazgo y que en su caso buscará consenso y trabajo en equipo.
[samba-videos id='eaa9928bbed02daaa1031bac3ae0f67f' lead='false']
[accordionset][accordionx heading='¿Cómo opera el Sistema?']Mediante el Decreto 10299-P, del 27 de julio de 1979, se designó como ministro sin cartera en vivienda y asentamientos humanos a Jorge Carballo Wedell, en la administración de Rodrigo Carazo Odio.
En 1986 se creó, por Ley 7052, el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) para garantizar el buen uso de los recursos.
El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) es el ente rector y debe canalizar los recursos financieros hacia las entidades autorizadas (mutuales, cooperativas) para que éstas los destinen e inviertan en bonos de vivienda.
El Banhvi no puede realizar operaciones financieras directamente con el público, por lo que el subsidio del bono de la vivienda y la concesión de préstamos a beneficiarios del Sistema, se debe realizar única y exclusivamente mediante las entidades autorizadas. Estas son mutuales, cooperativas y otros entes que realizan los trámites ante el Banhvi.
La entidad opera 2 fondos principales, el Fondo Nacional para Vivienda (Fonavi), para programas habitacionales del Sistema y el Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi), para personas, familias y parejas jóvenes de escasos recursos.
El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) es el órgano técnico Rector del Gobierno en la materia. Debe emitir las políticas y directrices, en función de las necesidades y demandas de los distintos grupos sociales "con el propósito de facilitar el acceso a viviendas, sujetas a la coordinación de una planificación integral".
Empresas constructoras o desarrolladoras particulares presentan proyectos de vivienda ante el Sistema y optan por fondos para que se construyan. La Junta del Banhvi, usualmente presidida por la persona Ministra, aprueba o rechaza los proyectos.
La ley estipula que son las entidades autorizadas quienes eligen a los beneficiarios, que cumplen los requisitos.[/accordionx][/accordionset]
Calidad de los proyectos
Durante años se ha cuestionado cómo se realizan los proyectos de vivienda, desde la selección de beneficiarios hasta la ubicación. (Imagen Banhvi)
En julio del 2016 en un informe sobre la construcción de vivienda de interés social, la Contraloría General de la República señaló que 2 de cada 10 proyectos carecen de alguna infraestructura necesaria, como agua potable, energía eléctrica, drenaje o alumbrado público.
Además el ente contralor cuestionó que el gobierno "ha tolerado un sistema o procedimiento en el que las empresas constructoras son las encargadas de presentar las listas de proyectos y beneficiarios a las Entidades Autorizadas y éstas a su vez al Banhvi, sin que existiesen lineamientos o priorizaciones, previamente comunicados o publicitados por parte de la administración con el fin de orientar el desarrollo de proyectos en zonas específicas".
El llamado de atención se debió a que "no se considera la estimulación de los proyectos de vivienda social en los cantones y distritos más pobres del país". En ocasiones anteriores, como en un informe del 2012, la Contraloría señaló debilidades para otorgar bonos; para controlar entidades (informe del 2015); y para identificar la población objetivo.
Más allá del modelo de construcción, la jerarca aseguró que revisaría el modelo de atención integral de asentamientos humanos. "Que sea más allá de infraestructura", dijo en entrevista con este medio. Si puntualizó que se debe buscar cada día más que los proyectos se ubiquen cerca de centros urbanos y servicios públicos. Igualmente ampliar la vivienda vertical.
[samba-videos id='cf0d0f26b65c73705f38f95d4ef975ba' lead='false']
Irene Campos fue presidenta del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos; parte del Instituto Costarricense del Cemento y del Concreto; y aún hoy aparece en el sitio web como segunda vicepresidenta de la Asociación Centroamericana de la Vivienda (Acenvi), en cuya junta están sentados empresarios del sector construcción como Ramón Prado y Óscar Alvarado.
Campos dijo que no está ligada a ese órgano y su única deuda es con todos los ciudadanos. Por eso negó tener alguna responsabilidad o inclinación con los empresarios, aunque destacó que son parte del sistema y deben ser tomados en cuenta.
Señaló que el vínculo más importante es "entender al sector", sis prioridades e intereses, para saber unir los esfuerzos de todos. "Cuando uno está en un proceso de alianza público-privada es un proceso de ganar-ganar perder-perder. Hay cosas que uno gana y hay cosas que uno pierde, de todos los sectores", explicó.
Recientemente un estudio realizado por la Academia de Centroamérica para la Cámara Costarricense de la Construcción y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos señaló que los retrasos generados por el exceso de trámites y los procesos burocráticos provocan – en promedio – atrasos de 7,4 meses en los proyectos de construcción privada y 13,5 meses en viviendas de interés social.