Ministro de Justicia ya fue indagado en la Corte por caso de supuesta corrupción
Un magistrado de la Sala III le tomó la declaración indagatoria ayer lunes
El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, ya fue indagado en la Corte Suprema de Justicia por una causa penal en la que se tramita un expediente de presunta corrupción que data de años atrás y cuyo avance ha sido obstaculizado en varias oportunidades.
La declaración indagatoria fue tomada por el magistrado Rafael Segura, miembro de la Sala Tercera de Casación Penal. La diligencia se llevó a cabo este lunes, conforme con el procedimiento especial para juzgar a miembros de los Supremos Poderes, confirmó el Poder Judicial.
El trámite se activó luego de que la Corte diera por recibida la renuncia que hizo el jerarca al fuero de improcedibilidad —conocido como inmunidad— del que goza al ser parte del gabinete de Rodrigo Chaves.
Desde julio, la Asamblea Legislativa recibió la carta en la cual Campos notificó la renuncia a esta protección especial para afrontar el juicio por aparentes actos de corrupción. Posteriormente, la comunicación fue trasladada a la Corte, que continuó con el trámite para su juzgamiento en la Sala III, en atención a una acusación penal presentada por el Ministerio Público desde hace meses.
Hace casi dos años, la Fiscalía General formuló la acusación en su contra por presuntos delitos de peculado, falsedad ideológica y reconocimiento ilegal de beneficios laborales, supuestamente cometidos cuando ocupaba el cargo de subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El caso estuvo empantanado precisamente por el blindaje que ofrece la inmunidad inherente al cargo de ministro.
La causa se tramitaba inicialmente por la vía judicial ordinaria; sin embargo, cuando Campos solicitó en 2022 permiso a la Corte Suprema de Justicia para incorporarse al gabinete de Rodrigo Chaves Robles, prometió renunciar a la inmunidad en caso de ser acusado.
La renuncia de Campos se concretó después de que, este lunes, la Corte Plena resolviera —por 17 votos contra 5— continuar con el trámite penal en su contra y remitir el expediente a la Cuesta de Moras, donde los diputados debían decidir si se levantaba o no la inmunidad. Esto, finalmente, ya no fue necesario debido a su renuncia.
¿Qué sigue?
Esto forma parte del procedimiento extraordinario que se aplica a los miembros de los Supremos Poderes. Al tratarse de un integrante del gabinete del mandatario Rodrigo Chaves Robles, no es posible someterlo a un juicio ordinario.
El magistrado Segura, de la Sala III, asumió la dirección del expediente judicial. Está a cargo de los actos de investigación, de notificar al imputado para que designe defensor y, finalmente, de tomarle declaración indagatoria.
A este proceso se le conoce como instrucción de la causa. Durante esta etapa, también se señalará la fecha para la toma de datos y la declaración indagatoria.
A diferencia del procedimiento ordinario, en estos casos no corresponde al Ministerio Público recibir la declaración del imputado. Será el magistrado instructor quien dirigirá la diligencia y, tras su realización, debe otorgar plazo a las partes para que ofrezcan prueba de cara al juicio.
Vencido ese plazo, se admitirán las pruebas pertinentes y se fijará fecha y hora para la realización del debate oral y público.
La Constitución Política, la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal Penal establecen el procedimiento específico que debe seguirse en una investigación de este tipo. La audiencia en la Corte fue de carácter privado para autorizar el envío del expediente al Congreso.
La acusación permaneció estancada durante año y medio, desde el 30 de enero de 2024, cuando la Fiscalía la remitió formalmente al Tribunal de la Corte Plena.
"La cereza del pastel"
En detalle, los presuntos delitos que se le atribuyen a Campos son: reconocimiento ilegal de beneficios laborales en concurso ideal con dos delitos de peculado, así como dos delitos de peculado en concurso ideal con dos delitos de falsedad ideológica, según el Ministerio Público.
El concurso ideal es una figura jurídica que se configura cuando, mediante una sola acción, se cometen dos o más delitos. Es decir, en un solo acto, el actual ministro habría incurrido en múltiples conductas ilegales.
En la causa penal que enfrenta Gerald Campos se le achacan varios actos presuntamente ilícitos, como el uso irregular de un vehículo institucional, cobros excesivos por horas extra para un custodio de apellido Jara, y la inclusión de datos falsos para justificar el pago de viáticos.
Los hechos habrían ocurrido años atrás, cuando el jerarca se desempeñaba como subdirector del OIJ.
El 3 de abril de este año, Campos renunció a su plaza como subdirector del OIJ, manteniendo por al menos 13 meses más la inmunidad que le otorga su condición de ministro, lo cual ha dificultado su comparecencia ante los tribunales.
La decisión del jerarca se dio dos días después de que la Corte Plena le negara una nueva prórroga para continuar en el gabinete, dado que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que un funcionario judicial de su rango requiere autorización de los magistrados para ejercer cargos en el Ejecutivo.
El único camino para que Campos permaneciera como titular de Justicia y Paz era renunciar a su plaza judicial. De no hacerlo, habría tenido que dejar el ministerio y reincorporarse a la Policía Judicial.
En 2022, cuando el entonces subdirector del OIJ solicitó permiso a los magistrados por primera vez, prometió que renunciaría a la inmunidad cuando la causa avanzara. Por eso se amplió el permiso también para 2023 y 2024.
Sin embargo, en abril de este año alegó que, como la acusación aún no había llegado a la Asamblea Legislativa, no "discutiría" con el Poder Judicial en una etapa que "no correspondía".
Un video subido a YouTube en enero de 2016 detonó las investigaciones contra Campos, quien aún formaba parte de la Policía Judicial. La publicación se tituló La cereza del pastel de GCV1.
Además, se habría comprobado la inserción de datos falsos en hojas de liquidación de gastos de viaje dentro del territorio nacional, con el fin de justificar pagos por desayunos, almuerzos o cenas a favor de Campos y su custodio.
Al parecer, el entonces subdirector habría recibido alrededor de ¢900.000 en viáticos, mientras que su escolta, Jara, habría percibido ¢5,8 millones por horas extra y más de ¢800.000 por viáticos.
La acusación estuvo lista desde febrero de 2022, cuando la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) presentó la solicitud ante el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José.
Posteriormente, Campos asumió como ministro y obtuvo el fuero especial, lo que complicó el avance del proceso penal en su contra.