Ministro: lancha decomisada en muelle ilegal de Limón pertenece a “Macho Coca”
Investigan delitos de Usurpación de Bienes de Dominio Público e Invasión al Área de Protección.
(CRHoy.com) Las estructuras desmanteladas este martes por distintas instituciones gubernamentales están ligadas a organizaciones criminales de Limón, confirmó el ministro de Seguridad, Jorge Torres.
El Ministerio de Seguridad Pública (MSP), Fiscalía General de la República y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desde las 6 a.m. ingresaron a 10 propiedades ubicadas en Moín para ejecutar una acción operativa de desalojo y demolición de al menos 10 estructuras por los delitos de Usurpación de Bienes de Dominio Público e Invasión al Área de Protección.
Torres confirmó a CRHoy.com que en las propiedades allanadas ubicaron varias embarcaciones, que usualmente son utilizadas para el trasiego de droga por el mar y según logró constatar, algunas pertenecen a Gilbert Bell Fernández, conocido como "Macho Coca", sujeto al que en los últimos años las autoridades judiciales investigaron por ese y otros delitos.
"Aquí como que fabrican las lanchas, es un golpe muy certero. Una de las propiedades que estamos demoliendo la usaban para fabricar las eduardoño (modelo de lancha). Verificamos una de las lanchas que está en el lugar y sale como propiedad y construida por Gilbert Bell, no sabemos qué tiene que ver en eso, si tiene alguna fábrica de ese tipo de lanchas, posiblemente tenga su negocio de fabricación de lanchas", aseveró.
Fuentes ligadas al caso confirmaron que además de Bell, estas propiedades están ligadas a otro hombre que recientemente fue detenido por una causa de narcotráfico en Limón, conocido como "Charlie", quien pese a enfrentar otro juicio por varios homicidios fue absuelto.
Por su parte, Randall Zúñiga, director del OIJ, destacó que aparte de las lanchas ubicaron pichingas para el transporte de combustible y jackets impermeables que usualmente se utilizan para protegerse en la intemperie.
"Esta operación es importante porque en esta zona se ubica un canal de agua que da al Mar Caribe y es utilizado por embarcaciones para pasar de manera libre sin ningún control", amplió Zúñiga.
El trabajo se llevó a cabo tras recibir el aval del Juzgado Penal de Limón, desde donde se emitieron diez órdenes de desalojo y demolición de construcciones en terrenos que son propiedad del estado costarricense.
"Estas acciones son parte de la labor conjunta de las autoridades con la finalidad de mitigar la incidencia criminal", detalló el MSP.
Caso similar junto a alcalde de Limón
Bell Fernández, recientemente se había librado de un proceso similar en el 2019, cuando resultó sobreseído junto con otras personas en una causa que se le seguía sobre supuesta usurpación de bienes públicos.
Macho Coca resulta sobreseído tras una prescripción de la causa, pues este tipo de delitos tienen un periodo vigente de 4 años, pero si los imputados fueron indagados, el plazo se reduce a dos. Bell Fernández fue indagado en el 2015, por lo que la audiencia preliminar debía realizarse en el año 2017. Otras dos personas sí irán a juicio por este caso.
Junto con Bell, se libraron de la causa otras seis personas de apellidos: Álvarez Fernández, Guevara Mondragón, Garita Lara, Rivera Salazar, Bell Fernández (familiar de Macho Coca), y Picado Grijalba.
Esta resolución también libró de todo delito al alcalde de Limón, Nestor Mattis, al considerar que el político no cometió ninguna falta, pues en la municipalidad existe una Unidad Reguladora de la Zona Marítimo Terrestre, que era la encargada de vigilar dichos terrenos, por lo que eximen de toda responsabilidad a Mattis. El Juzgado determina que habiendo una entidad cuyo fin es vigilar estos procesos, no se le puede achacar la responsabilidad de todo al alcalde.
El proceso tiene que ver con el caso del complejo portuario Portete, construido por Gilberth Bell en Limón. Dicho proyecto se levantó en el 2014 y constaba de un área cercana a los 20 mil metros cuadrados. En el 2019, las autoridades judiciales, Fuerza Pública y Policía de Guardacostas intervienen y desalojan la zona por estar construida en zona marítimo terrestre y sin permisos municipales. En ese momento, las autoridades desalojaron todo el complejo y los terrenos quedaron a cargo de la Policía de Guardacostas.
Ahora el Juzgado Penal tendrá que determinar si los terrenos pasan a manos del Estado o quedan en poder de las personas privadas que los poseían antes de que las autoridades se involucraran en el caso.
