Ministro pide causa disciplinaria contra magistrada que juzgará denuncia en su contra
El ministro de Seguridad, Gerald Campos, denunció a la magistrada Patricia Solano y solicitó a la Corte Suprema de Justicia abrir una investigación administrativa por haberse referido a una causa penal que afronta el jerarca durante la reunión que mantuvieron autoridades del Poder Judicial con la presidenta Laura Fernández hace dos semanas.
La queja formal acusa a la alta jueza de supuestamente realizar manifestaciones relacionadas con actuaciones de los abogados de Campos durante la reunión en Casa Presidencial, el 18 de mayo de 2026.
Concretamente, al tocar el tema de la mora judicial, la magistrada se habría dirigido a Gerald Campos Valverde para recordarle que gestiones de sus abogados habían retrasado la causa, lo que el ministro interpretó como una insinuación de que las actuaciones de sus defensores constituían prácticas dilatorias, en presencia de personas ajenas al expediente.
El ministro ofreció como testigos a la presidenta Fernández; al ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves; al ministro de Justicia, Gabriel Aguilar; al ministro de Comunicación, Arnold Zamora; y al director del despacho presidencial, Alexander Astorga.
En el encuentro también participaron el presidente de la Corte, Orlando Aguirre; el fiscal general, Carlo Díaz; y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.
Gerald Campos consideró que las palabras de la magistrada comprometen su imparcialidad judicial, el deber de objetividad y la confianza pública en la administración de justicia, y que son incompatibles con los deberes de prudencia judicial y confidencialidad que debe mantener un juez.
Además, considera que la magistrada adoptó criterio de forma anticipada y manifestó su "temor" de que se perdiera la neutralidad. Con la queja ante la Corte, Campos pidió que se adopten "medidas correctivas y disciplinarias" contra la magistrada.
Otras acciones
La defensa de Campos Valverde, ha presentado varias acciones legales para apartar a la magistrada Solano Castro del juicio por corrupción que enfrenta el jerarca. Esta queja constituye la tercera gestión en esa línea.
El 25 de mayo de 2026 se interpuso un recurso de recusación por los mismos hechos. Los abogados argumentaron que la magistrada incurrió en una presunta falta al mencionar directamente la causa penal de Campos durante una reunión oficial en Casa Presidencial.
La magistrada no pudo pronunciarse sobre el tema dado que desconoce la recusación y existe un trámite judicial en curso. Esta fue la segunda recusación, un recurso legal mediante el cual una de las partes de un proceso judicial o administrativo solicita que se aparte a un juez.
En esa primera acción, alegaron formalmente que la magistrada Patricia Solano Castro podría carecer de la objetividad necesaria para juzgar el caso, debido a aparentes criterios previos o posibles conflictos de interés derivados de su rol como integrante del Consejo Superior del Poder Judicial, órgano que había tramitado un expediente administrativo por los mismos hechos que luego fueron acusados en la vía penal.
Esta primera solicitud se interpuso justo antes del juicio programado —fijado originalmente del 26 al 29 de mayo de 2026— y provocó la suspensión provisional del debate mientras los magistrados de Casación Penal resuelven de manera definitiva si la apartan o no del caso.
Además de intentar apartar a la magistrada, los abogados de Campos solicitaron anular su declaración indagatoria. Argumentan la existencia de un vicio constitucional, debido a que la anterior Asamblea Legislativa supuestamente no votó de forma correcta el levantamiento de su inmunidad en el plenario, criterio en el que coincidió parcialmente la Fiscalía General de la República para efectos de revisión.
Al ser miembro de los Supremos Poderes, la Corte Plena solicitó a la Asamblea Legislativa levantarle la inmunidad. No obstante, el jerarca optó por presentar una renuncia irrevocable a su fuero ante el Congreso.
El equipo defensor aduce que la Asamblea Legislativa de ese momento no tramitó correctamente la renuncia o el levantamiento de inmunidad en el plenario. Argumentan que se omitieron pasos parlamentarios obligatorios establecidos en la Constitución Política, pese a que el propio Gerald Campos había renunciado a la inmunidad.
Según la defensa, al no haberse retirado el fuero mediante los procedimientos legislativos estrictos, la posterior declaración indagatoria —es decir, la imputación de cargos en la Sala Tercera— sería completamente nula.
La acusación penal tramitada ante la Sala Tercera es por los presuntos delitos de falsedad ideológica, peculado y reconocimiento ilegal de beneficios laborales. La Fiscalía General de la República le atribuye un total de seis cargos penales, presuntamente cometidos entre 2015 y 2017.
Los hechos investigados habrían ocurrido cuando ejercía como subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), periodo en el que supuestamente se gestionó un manejo irregular en el cobro de viáticos y horas extra.