Ministro Rodolfo Méndez y exasesor Camilo Saldarriaga figuran como imputados en caso Cochinilla
Ministerio Público avaló entrevistar como testigo a exministra de Hacienda, Rocío Aguilar
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, durante una inspección al paso a desnivel de La Bandera, en Montes de Oca, el 26 de noviembre de 2021. (Julieth Méndez | Casa Presidencial)
(CRHoy.com) El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, el exasesor presidencial, Camilo Saldarriaga Jiménez, así como el exdirector ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Mario Rodríguez Vargas, figuran como imputados en el caso policialmente conocido como Cochinilla.
Así se desprende de un oficio emitido el 3 de setiembre de 2021 por el fiscal auxiliar de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Bryan Castro Cerdas, a la que CRHoy.com tuvo acceso.
Dicho documento fue puesto en conocimiento de las partes este jueves, durante la audiencia en la que se discuten una serie de recursos de apelación contra la prórroga de las medidas cautelares impuestas a un grupo de encartados en el escándalo de aparente corrupción en contratos de obras viales.
La resolución del Ministerio Público rechaza una petición del abogado Fernando Apuy Sirias, para que el jerarca y los dos exfuncionarios fueran entrevistados como testigos en el caso, en que el jurista defiende al exgerente de Adquisiciones y Finanzas del Consejo de Vialidad, Carlos Solís Murillo. El propio jurista confirmó a este medio la veracidad del oficio.
"De acuerdo con los artículos 81 y 13 del Código Procesal Penal, ellos ostentan la calidad de imputados por estos hechos de corrupción con declaratoria de crimen organizado, situación que se puede derivar de los informes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y las gestiones realizadas por el Ministerio Público, pues incluso Mario Rodríguez Vargas fue debidamente indagado el 12 de agosto de 2021.
"Según lo anterior y tomando en consideración lo estipulado en la normativa procesal, constitucional y de derecho internacional, no es procedente ni apegada a derecho, la entrevista como testigos de los imputados Rodríguez Vargas, Saldarriaga Jiménez ni Méndez Mata, dado que a ellos les asiste su derecho de abstenerse de declarar contra sí mismos en materia penal, tutelado en el artículo 36 de la Constitución Política; y no podrían ostentar simultáneamente ambas calidades procesales sin violentar esas garantías como personas investigadas", señala el documento.
El departamento de comunicaciones del órgano acusador del Estado precisó a CRHoy.com que la pesquisa que se sigue contra el jerarca es la 21-000250-1220-PE por aparente incumplimiento de deberes, abierta el 23 de junio de 2021, a raíz de una denuncia presentada por el abogado Raúl Muñoz Álvarez.
Sobre el caso del exconsejero, la consulta permanece en trámite en la oficina de prensa de la Fiscalía.
Al respecto, la abogada de Saldarriaga Jiménez, Gabriela Arias Godínez, comentó por escrito a este medio:
Don Camilo no ha sido citado aún para rendir declaración indagatoria, pese a que desde el primer momento, después del allanamiento, enviamos un escrito al Ministerio Público indicando incluso la disposición de Camilo a colaborar con la investigación. En ese entendido, don Camilo ostenta la calidad de indiciado o investigado dentro de la causa penal, sin que se le haya impuesto del conocimiento de los cargos por los que se le investiga o se le haya impuesto del conocimiento de sus derechos por parte del Ministerio Público, más allá de lo indicado por el juez en ese acto de allanamiento.
‘No soy imputado"
"Yo no soy imputado, por el momento no", declaró.
El jerarca del MOPT dijo que no ha recibido ninguna notificación en ese sentido.
Las respuestas las ofreció después de que el presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó la ley para la condonación de los marchamos atrasados la mañana de este viernes.
Encuentro clave
El abogado Fernando Apuy Sirias también solicitó que se interrogara a la superintendente de Entidades Financieras y de Pensiones, Rocío Aguilar Montoya, al director general de Presupuesto Nacional, José Luis Araya Alpízar, así como al exdirector ejecutivo del Consejo de Vialidad, Mauricio Salóm Echeverría.
Sobre esas personas, el órgano acusador del Estado no mostró oposición y más bien pidió a Apuy Sirias aportar datos para su eventual citación.
"En cuanto a la solicitud de recibir la información sobre las circunstancias tiempo y lugar en que se van a realizar las entrevistas de los testigos propuestos, esta fiscalía toma nota de los medios ofrecidos para comunicar sobre eventuales entrevistas que se vayan a realizar en este despacho, conforme a las posibilidades de agenda de los interesados, pues también dos representaciones de defensa técnica de otros imputados han solicitado estar presentes en diligencias de esta naturaleza que realice la fiscalía", concluye el documento.
Vía telefónica, el abogado explicó a CRHoy.com que su interés en que esas personas declaren radica en una reunión que sostuvieron en la Casa Presidencial, con relación al presupuesto del Consejo de Vialidad.
"A mí me interesa que eso (que Solís Murillo no giró dineros para favorecer empresas) lo digan las personas que estuvieron presentes y de ahí surgió el llamado a la Fiscalía para que se llame a estas personas como testigos, pero algunos de ellos son imputados y lleva razón el Ministerio Público en que pueden ser llamados porque pueden abstenerse a declarar", comentó.
Un paso más
Rodolfo Méndez Mata y Camilo Saldarriaga Jiménez han sido vinculados al caso Cochinilla desde que se destapó el 14 de junio de 2021, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó 57 allanamientos simultáneos en la Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Consejo Nacional de Vialidad, sedes de empresas constructoras como MECO y H. Solís, casas de habitación, entre otras. Pero hasta ahora, nunca habían aparecido en la condición de imputados.
Uno de los puntos del operativo fue la vivienda del exasesor del presidente Carlos Alvarado Quesada, en barrio Roosevelt, en San Pedro de Montes de Oca.
Otro fue una oficina utilizada por los consejeros del mandatario, en la sede del Gobierno de la República.
Aquel día, mediante un comunicado, Saldarriaga Jiménez renunció a su cargo después de rechazar que recibiera algún tipo de dádiva o beneficio y negar que hubiese incurrido en algún delito, en el marco de las funciones que desempeñaba de monitoreo a la ejecución del Presupuesto Nacional y articulación la Tesorería Nacional.
Tras revelaciones posteriores del expediente, las críticas empezaron a concentrarse en la figura de Méndez Mata.
El jerarca rechazó en la Asamblea Legislativa que se hayan beneficiado compañías involucradas y repetidamente señaló que actuó como debía, al pedir que las irregularidades fueran denunciadas.
Reiteradamente, Alvarado Quesada defendió a los ahora encartados ante cuestionamientos de diputados y la prensa.
En el caso Cochinilla se investigan los supuestos delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, malversación de fondos, estafas y falsedad ideológica; por supuestos beneficios dados por constructoras a empleados públicos, a cambio de ventajas en el desarrollo de proyectos viales.