Misión de la OEA: veda electoral elevó tensión política y puso al TSE en el centro del choque con el Ejecutivo
La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó que las elecciones nacionales se desarrollaron en un clima político inédito y altamente conflictivo, un escenario que calificó como inusual para la democracia costarricense.
Según el informe final, ese contexto estuvo marcado por ataques a la institucionalidad, cuestionamientos al sistema electoral y una creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Los observadores identificaron que la aplicación de la veda electoral, así como varias resoluciones emitidas por el TSE en el ejercicio de sus competencias constitucionales, fueron factores determinantes en el aumento de la crispación política.
De acuerdo con el documento, diversos actores políticos, institucionales y sociales alertaron a la Misión sobreelevados niveles de confrontación, así como ataques dirigidos no solo contra la autoridad electoral, sino también contra medios de comunicación y otros poderes del Estado.
Durante la etapa preelectoral, incluso el oficialismo llegó a cuestionar un sistema electoral que históricamente ha gozado de amplia confianza ciudadana y reconocimiento internacional.
Uno de los principales detonantes de la tensión fue la Resolución 4190-E8-2025, emitida por el TSE el 20 de junio de 2025, mediante la cual el órgano electoral interpretó el artículo 142 del Código Electoral y delimitó el alcance de la veda electoral para las instituciones públicas.
Esa resolución estableció que, desde el día siguiente a la convocatoria a elecciones y hasta el propio día de la votación, las instituciones del Poder Ejecutivo, la administración descentralizada, las empresas del Estado, las municipalidades y los concejos municipales no podían difundir mensajes que exaltaran atributos o logros institucionales ni incluir la imagen de sus jerarcas.
La restricción, según el TSE, aplicaba tanto a medios tradicionales como a plataformas digitales y redes sociales institucionales, mediara o no pago por la difusión de los contenidos.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, calificó públicamente la medida como una "mordaza", lo que, de acuerdo con la Misión, profundizó el enfrentamiento con la autoridad electoral. El informe señala que se observaron señalamientos directos e individualizados formulados desde el Poder Ejecutivo contra el TSE.
A este escenario se sumaron resoluciones posteriores del Tribunal mediante las cuales se previno al mandatario de abstenerse de realizar conductas que pudieran incidir en la libre determinación del electorado, a través de recursos de amparo electoral. Además, el TSE solicitó a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad presidencial por presuntos actos de beligerancia política, figura tipificada en el Código Electoral y entendida como una forma de parcialidad prohibida durante los procesos electorales.
Estos hechos, advierte la Misión, incrementaron la preocupación en el debate público sobre la legalidad y la equidad de la contienda, en un contexto en el que el propio presidente llegó a cuestionar la imparcialidad del órgano electoral.
El informe también señala que el clima de confrontación no se limitó al ámbito electoral. Durante el período previo a los comicios, se registraron ataques y señalamientos contra integrantes del Poder Judicial, incluidos la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.
Asimismo, se documentaron preocupaciones por el deterioro de las relaciones entre funcionarios del Gobierno y los medios de comunicación, así como por eventuales afectaciones a la libertad para el ejercicio de la labor periodística.
Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pese a este escenario, la Misión recordó que Costa Rica sigue siendo reconocida internacionalmente como una democracia plena, en buena medida gracias a la solidez de su autoridad electoral, la protección de las libertades fundamentales y el respeto histórico al disenso. No obstante, advirtió que ninguna democracia es "inmune a la erosión provocada por la polarización, los ataques a la institucionalidad y las restricciones a los derechos humanos, por lo que subrayó la importancia de proteger los pilares que han sostenido el sistema democrático costarricense".
La Misión resaltó la solidez institucional, el profesionalismo y la transparencia del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) durante el proceso electoral costarricense, particularmente en el conteo de votos y la divulgación de los resultados preliminares, pese a que la campaña y el contexto previo estuvieron marcados por fuertes tensiones políticas y confrontación institucional.