Modista que financió al PPSO con ₡38 millones lleva 4 meses sin reportar origen del dinero
Una modista sin ingresos salariales formales ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda que compró 45 bonos del Partido Pueblo Soberano (PPSO) por un valor nominal de ₡45 millones para financiar la campaña presidencial de Laura Fernández Delgado lleva cuatro meses sin aclarar ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el origen de los fondos.
Olendia Antonia De Jesús Cruz Sánchez adquirió certificados de cesión por ₡38,2 millones con un 15% de descuento.
Según un informe remitido por el PPSO al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) el15 de enero, Cruz Sánchez adquirió los bonos de la serie A, numerados del 1251 al 1295, y canceló la totalidad mediante una única transferencia bancaria realizada el 24 de diciembre de 2025.
Una vez que el partido reciba los recursos correspondientes a la contribución estatal, podrá acceder a más de ₡20.138 millones por concepto de deuda política.
A mediados de junio la mujer seguía sin aportar la documentación correspondiente para fundamentar los ingresos.
De esos fondos se pagará a los compradores de bonos su inversión inicial. En el caso de Cruz Sánchez, recuperará los ₡38,2 millones desembolsados y obtendrá una ganancia cercana a los ₡7 millones cuando se liquiden los certificados.
"A la fecha el asunto se mantiene activo y en la fase de verificación administrativa -estudio de solvencia- a cargo del Área de Análisis Financiero de este Departamento, a la espera de la respuesta al requerimiento reiterado", confirmó Ronald Chacón, jefe del DFPP.
El funcionario indicó que el caso aún no ha sido remitido al Ministerio Público. No obstante, explicó que la normativa contempla trasladar el expediente a las autoridades competentes si se determina una negativa injustificada a aportar información o si surgen indicios sobre posibles irregularidades relacionadas con el origen de los recursos.
Según el Código Electoral y el Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos, el DFPP tiene la responsabilidad de investigar posibles irregularidades vinculadas con el financiamiento partidario y elaborar informes técnicos cuando detecta indicios de faltas o delitos electorales. Estas investigaciones pueden iniciarse por denuncia o de oficio y buscan verificar el origen y uso de los recursos económicos de las agrupaciones políticas para garantizar la transparencia y legalidad de su financiamiento.
Requerimientos sin respuesta
Chacón explicó que el 5 de febrero el DFPP envió un oficio a Cruz Sánchez para que aclarara cuál fue su participación en el financiamiento del PPSO y demostrara el origen y la trazabilidad de los recursos aportados a esa agrupación política.
Para ello, se le otorgó un plazo de 10 días hábiles para presentar la información solicitada. Por esa razón, el caso no se archivó y dio paso a un estudio formal de solvencia económica.
Sin embargo, el plazo venció el 19 de febrero de 2026 sin que a mediados de junio la financista respondiera al requerimiento.
Ante esa situación, el DFPP reiteró la solicitud mediante el oficio DFPP-0700-2026, emitido el 22 de mayo de 2026, y concedió un nuevo plazo de cinco días hábiles para aportar la documentación de respaldo.
Sin actividad económica registrada
De acuerdo con la consulta pública del Ministerio de Hacienda, Cruz Sánchez aparece como "desinscrita de oficio" desde el 28 de febrero de 2023. No obstante, mantiene sus obligaciones tributarias al día. Su inscripción como contribuyente se registró el 20 de enero de 2004.
Por su parte, en los registros de la CCSS figura como patrona inactiva, aunque sin morosidad. Esta condición significa que formalizó la suspensión de sus actividades económicas y no reporta actualmente un negocio activo que genere ingresos sujetos a cotización ante esa institución.
La vecina de Rohrmoser, en San José, posee cinco inmuebles inscritos a su nombre, según datos del Registro Nacional. Dos se ubican en Aserrí, dos en Barranca de Puntarenas y uno en Nicoya, Guanacaste. El valor conjunto de esas propiedades ronda los ₡120 millones.
Además, Cruz Sánchez mantiene un matrimonio desde hace 20 años con un ciudadano estadounidense de apellido Sweares. Sin embargo, el extranjero tampoco registra ingresos formales en Costa Rica.
Este medio intentó obtener la versión de la financista; pero los números telefónicos registrados a su nombre no atendieron las llamadas realizadas por este medio.
PPSO entre los 121 estudios de solvencia
El Tribunal Supremo de Elecciones confirmó que el DFPP ha tramitado 121 estudios de solvencia económica relacionados con el proceso electoral presidencial 2025-2026.
Las investigaciones involucran a 14 partidos políticos y a decenas de personas que aportaron recursos a las campañas electorales.
Actualmente, existen 16 expedientes en los que los involucrados no han respondido los requerimientos de información. Estos casos permanecen en análisis para determinar si corresponde trasladarlos al Área de Investigaciones del DFPP.
Los expedientes están relacionados con los partidos Centro Democrático y Social, Liberal Progresista, Progreso Social Democrático y Pueblo Soberano. En la mayoría de los casos, la autoridad electoral ya envió oficios de reiteración.
El TSE indicó que estos estudios aún se encuentran en fase de formulación y que su resultado podría derivar en el archivo de las diligencias o en la apertura de una investigación formal.
Por otra parte, siete expedientes concluyeron con informes técnicos que justificaron su archivo:
- Sergio Solera Lacayo (Avanza).
- Lia Lisette Ramírez Quirós (Centro Democrático y Social).
- Jorge Mora Hernández (PPSO).
- Edgar Oviedo Blanco (PPSO).
- Luis Ángel Castro Jiménez (PPSO).
- Roberto Vásquez Rodríguez (PPSO).
- Edgar Alberto Guardiola Aguirre (PPSO).
Además, el TSE mantiene otros 10 expedientes en evaluación para determinar si también serán remitidos al Área de Investigaciones debido a que los financistas no entregaron la documentación solicitada.
