Nadie asume responsabilidad por pérdida de páginas de informe que absolvió a Solís
Pérdida de parte del informe generó que no se entregara a tiempo a los diputados y estos no tuvieron oportunidad de apelarlo
De izquierda a derecha, Carolina Hidalgo presidenta del congreso, Luis Guillermo Solís, expresidente de la República y Gonzalo Ramírez, expresidente de la Asamblea Legislativa.
Dos páginas del informe de la Procuraduría de la Ética Pública que detallaban las conclusiones de la investigación contra el expresidente Luis Guillermo Solís Rivera por cometer supuestas faltas al deber de probidad en el caso del cementazo se perdieron dentro de la Asamblea Legislativa y ninguna autoridad asume la responsabilidad del hecho.
La pérdida de parte del documento es la justificación que utilizó la presidenta del congreso Carolina Hidalgo, para explicar la entrega tardía del informe (de poco más de un mes) a los diputados, quienes solo contaban con tres días hábiles para presentar los recursos de apelación y revocatoria que permite la ley en estos casos.
La presidenta del congreso responsabiliza a la dirección ejecutiva de la Asamblea Legislativa y esta achaca la culpa al expresidente de la Asamblea Gonzalo Ramírez.
Gonzalo Ramírez envió un comunicado este jueves donde aseguró que él ordenó entregar a los nuevos diputados el informe sobre el expresidente Luis Guillermo Solís y el caso del cemento chino, conforme a un acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en su última sesión, el 30 de abril pasado y rechazó que la sesión haya sido declarada privada y negó que el informe se haya manejado con secretismos.
"El lunes 30 tuvimos sesión de Plenario en la mañana y por la tarde convoqué a una sesión extraordinaria de Directorio a la que asistió la Primera Secretaria y el Director Ejecutivo y en el punto tercero atendimos el tema del Informe de la Procuraduría. Le pedimos a uno de los ujieres que llevara el documento a sacar una fotocopia en forma completa para que lo llevaran a la Dirección Administrativa y procedieran a cumplir con el acuerdo tomado en esa sesión extraordinaria", explicó Ramírez.
El expresidente legislativo agregó que no sabía que el informe estaba incompleto. "No tengo la menor idea si faltaban hojas, yo entregué el documento como me lo envió la Procuraduría para que le sacaran copia y se lo dejaran en la dirección Administrativa del Congreso". Ramírez agregó que después se comunicaron con él de parte de la Dirección Ejecutiva y le indicaron que faltaban hojas.
Durante este jueves se intentó conversar con Antonio Ayales, director ejecutivo del congreso, para aclarar por qué se perdieron las páginas del informe, sin embargo no respondió su teléfono celular a las múltiples llamadas.
Tras la publicación de CRHoy.com que revela el manejo inusual que tuvo el expediente de Luis Guillermo Solís a lo interno del directorio legislativo del expresidente del congreso Gonzalo Ramírez y de la actual presidenta Carolina Hidalgo, la congresista se vio obligada a actuar.
Por un lado, Hidalgo ordenó a la dirección ejecutiva la apertura de una investigación interna para definir por qué se perdió parte del expediente. La solicitud de la diputada presidenta se redactó la tarde del 13 de junio tras una entrevista con este medio y se entregó en la oficina de Antonio Ayales, director ejecutivo de la Asamblea este jueves a las 8:54 a.m. después de de la publicación del tema.
Lea informe completo de desestimación de Luis Guillermo Solís aquí.
Además, la presidenta del congreso envió este mismo jueves un oficio al Procurador de la Ética Pública, Ronald Víquez Solís (quién fue nombrado en el puesto por la Procuraduría General de la República el 6 de febrero del 2015) aceptando que el directorio del congreso a su cargo "no gestionó en tiempo y forma que la resolución se completara con los folios faltantes, el plazo venció sin dar la oportunidad a los y las diputadas que se pudiesen presentar las apelaciones y revisiones pertinentes".
Por tal razón Hidalgo solicitó el criterio de la procuraduría para abrir un nuevo plazo para que los diputados presenten sus apelaciones. La presidenta sostiene que la comunicación del documento a los diputados se dio tardíamente por circunstancias ajenas su conocimiento y que nunca hubo intención de ocultarlo hasta que vencieran los plazos para apelar.
[samba-videos id='69c02a7bd7af553e5e07e71f737b352a' lead='false']
Reacciones opuestas
Carlos Ricardo Benavides, diputado del PLN. Foto: Daniela Abarca
Varios diputados calificaron la intención de la diputada presidente como una burla, ya que están seguros que la Procuraduría de la Ética no extenderá el plazo por una simple solicitud del directorio legislativo. Así lo afirmo el diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides.
"Eso no es cierto, uno no le puede pedir a la procuraduría que le reabre los casos para presentar una apelación, eso no existe ni en el derecho costarricense ni en ninguno otro. Los plazos se vencen y uno no puede ir a decir, mirá, dame un chancecito para apelar porque esto estaba vencido, eso no existe. Si se presenta esa consulta, la procuraduría después de reírse un rato, nos va a constestar que eso no se puede hacer".
La diputada del Partido Liberación Nacional, Franggie Nicolás advirtió que se llegará hasta las últimas consecuencias, porque no permitirán que se alimenten prácticas dentro del directorio que fomenten la impunidad y la corrupción.
"Me parece muy preocupante en aras de la transparencia que están demandando los costarricenses, sobre todo en cuanto a informes de la Procuraduría de la Ética se refiere. Que pasen estas cosas genera muchas dudas y preocupación, no importa si fue por negligencia de la presidenta o si fue con ánimos de ocultar la información. Da un mal mensaje a la ciudadanía y la propuesta de pedir un nuevo plazo a la procuraduría es un atolillo con el dedo que no viene a solucionar nada, ya que al expresidente ya le asisten derechos…" indicó Nicolás.
Franggi Nicolás, diputada.
Los diputados de Liberación Nacional analizarán la posibilidad de denunciar a la presidenta del congreso ante la misma Procuraduría de la Ética Pública por el manejo del informe. Así lo confirmó el presidente del partido Fernando Zamora.
"Esto se trata de una treta política de la presidenta legislativa porque que hay un incumplimiento al deber de haber comunicado y publicado el informe a los diputados en su momento… no se hizo porque había un interés claro en favorecer al expresidente y que el complaciente informe de la procuraduría -que tuvo la intención de dejar en la impunidad al expresidente- no se objetara. Nuestros diputados analizarán la posibilidad de denunciar a Carolina Hidalgo ante la procuraduría de la ética" agregó Zamora.
Por su parte el diputado Jonathan Prendas de Restauración Nacional indicó que "Es urgente que se realice una investigación que llegue hasta las últimas consecuencias y que nos revele de quién es la responsabilidad. Ademas, es importante determinar si la primera vez que llegó el documento de la Procuraduría vino completo o la perdida de las páginas se dio en la Asamblea Legislativa".
Prendas agregó que "También es vital identificar por qué la segunda vez que llegó el informe de la Procuraduría al Castillo Azul duró 4 días en llegar al plenario ¿Por qué ni siquiera se informó a los diputados de la recepción del informe? ¿Qué se encubre? ¿Ganó el expresidente o perdió el país?" concluyó el diputado.
Otros diputados como el frenteamplista José María Villalta y el independiente Erick Steller abogaron por la conformación de una comisión especial que investigue el trámite legislativo que llevó el informe de Solís tanto en la anterior como en la actual presidencia legislativa. Mientras que el jefe de fracción del PAC, Víctor Morales Mora defendió el actuar de su compañera.
Cadena de "errores"
Línea de tiempo preparada por el equipo de asesores de la presidenta del congreso facilitada a CRHoy.com
El sobre sellado con el informe de la Procuraduría de la Ética Pública llegó en un sobre sellado el 27 de abril, y como es un documento de carácter confidencial pocas personas tuvieron acceso al mismo.
Entre ellas el expresidente del congreso Gonzálo Ramírez y la exprimera secretaria Carmen Quesada quienes sesionaron extraordinariamente el 30 de abril. Dicho acto inició el plazo de tres días para presentar las apelaciones que se extendió hasta el 3 de mayo cuando Hidalgo ya era presidenta.
Hidalgo presentó una línea de tiempo donde asegura que se dio cuenta de la situación hasta los días 14, 15 y 16 de mayo, sin embargo sostiene que los plazos ya habían vencido desde el 3 de mayo y que ella no actuó porque desconocía la existencia del documento.
Pese a las explicaciones de la presidenta, la molestia continúa entre los diputados que aseguran que además de limitar su derecho a presentar apelaciones, el actuar de Hidalgo mina la confianza depositada en ella.
¿Se intentó ocultar el error?
Otro de los puntos que genera dudas son las inconsistencias en las fechas de los documentos oficiales que recibieron y firmaron los diputados a la hora de finalmente conocer el informe, más de un mes después de la llegada del mismo al plenario.
Por ejemplo, la carta que recibieron los diputados por parte de la dirección ejecutiva que acompañaba el informe fue fechada el 24 de mayo y la hoja donde firmaron los diputados el recibido fue fechada el 25 de mayo, mientras que la entrega se hizo hasta el 28 de mayo.
Carta fechada el 24 de mayo.
Carta fechada el 24 de mayo.
Recibido el 25 de mayo.
¿Qué dice la Procuraduría de la Ética?
CRHoy.com consultó a la Procuraduría de la Ética Pública sobre el envío del informe y si este llegó completo al directorio legislativo. Vía correo electrónico el ente procurador, a través de su vocera Vivián Burban, indicó que "la Resolución AEP- RES-049-2018 fue notificada original y completa al Directorio Legislativo anterior, de forma física, por parte de la Procuraduría de la Ética Pública el 27 de abril 2018".
También confirmó que advirtió al dircetorio los plazos de vencimiento del periodo de apelaciones. "Según corresponde se hace la indicación de que, conforme a lo dispuesto en el numeral 25 bis del Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Decreto N° 32333-MP-J, publicado en Alcance N° 11 a la Gaceta N° 82 del 29 de abril del 2005), contra la resolución que dicta el rechazo, archivo o desestimación de la denuncia, proceden los Recursos de Revocatoria y de Apelación, los cuales pueden ser interpuestos ante ésta Procuraduría de la Ética Pública, dentro de un plazo de tres días hábiles, contados a partir de su notificación…."
Actualmente el órgano analiza la solicitud que hizo la presidenta legislativa. "Precisamente el día de hoy se recibe gestión solicitando criterio técnico acerca de los plazos aplicables, por lo que no podemos adelantar criterio" concluyó en su comunicación electrónica.
Nota: CRHoy.com actualizó esta nota el viernes 15 de junio a las 10:28 a.m., ya que por error, se consignó que el señor Procurador de la Ética Ronald Víquez Solís fue nombrado por el Consejo de Gobierno de la administración Solís Rivera, cuando lo correcto es que su nombramiento lo realizó la Procuraduría General de la República.