¿Narcoestado? Fiscalía obligada a reforzar seguridad de funcionarios que hacen frente al crimen
Atentado contra jueza supone escalada de violencia en el país
La principal fiscal en el juicio contra el supuesto grupo narco conocido como "Pancho Villa", ha contado con un escolta o personal de seguridad, que brinda protección a la funcionaria, al menos en su ingreso y salida de cada audiencia.
Los fiscales son los encargados de recabar toda la prueba obtenida por el Organismo de Investigación Judicial, establecer los hechos probados y levantar una acusación contra los sospechosos de cometer los crímenes.
En cada audiencia llevada a cabo, desde que inició el juicio el pasado 18 de marzo, la funcionaria ha sido acompañada por un custodio.
Como sucede en cualquier causa similar, son los fiscales quienes ponen el rostro a la lucha frontal contra el crimen organizado y quienes piden a los jueces, eventualmente, su encarcelamiento o cualquier otra condenatoria.
Desde que se creó la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), una ‘sede' judicial que tramita exclusivamente causas contra bandas o agrupaciones dedicadas a cometer uno o varios delitos, la Fiscalía ha tenido que reforzar la protección a los encargados de acusar y comprobar dichos crímenes.
Consultado por CRHoy, el fiscal general, Carlo Díaz, reconoce que la medida ha sido necesaria, por el elevado riesgo que existe en estos procesos penales.
Generalmente, son los casos más graves. Generalmente las personas que están acusadas por crimen organizado son las más violentas y eso nos motiva a extremar precauciones.
Escalada en violencia
La protección extra que requieren los fiscales contra el crimen organizado, no es una situación ajena en el Poder Judicial y tiene su razón de ser.
CRHoy reveló el pasado viernes 22 de marzo, que la jueza de apellidos Castro Fallas quien recibió un ataque a balazos contra su vehículo, fue la que ordenó el allanamiento sobre una abogada apellidos Arguedas González, en apariencia relacionada con la agrupación "Pancho Villa".
Documento en manos de CRHoy confirma que jueza con carro baleado fue quien ordenó allanamiento contra abogada vinculada a "Pancho Villa".
Una orden de allanamiento en manos de este medio muestra que horas antes de que su carro fuera baleado en Aserrí, la jueza Castro Fallas había autorizado la diligencia judicial hacia la abogada detenida.
La jurista vinculada al grupo criminal, es sospechosa de intentar sobornar a otra jueza para beneficiar al grupo criminal durante el juicio.
Para Michael Soto, subdirector del OIJ y exministro de Seguridad, este hecho enciende las alarmas sobre los posibles alcances de la delincuencia organizada en Costa Rica.
Considera que en reiteradas ocasiones, se han hecho advertencias sobre la situación difícil del país y la urgencia de varias la estrategia para dirigir más recursos para desacelerar la criminalidad.
Es una llamada de atención para el Poder Judicial y los Poderes del Estado en general. Todos los que estamos en el área penal estamos en una situación vulnerable.
Debemos tomar algún tipo de medidas para que esto no ocurra. Estamos hablando de una situación muy específica, pero ciertamente tiene que ver con la escalada de violencia contra ciudadanos ordinarios y ahora contra una funcionaria judicial.
Funcionarios en riesgo
Sujetos disparan contra carro de jueza.
Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, reconoce que los funcionarios del Poder Judicial están expuestos a los riesgos de la inseguridad que azota el país.
Esto ha obligado a capacitar y entrenar a los operadores de justicia, para que sepan cómo mantener vigilancia y prevenir riesgos, para evitar hechos como el atentado contra la jueza del pasado jueves.
Los sindicatos de la judicatura han exigido a la Corte protección urgente para prevenir ataques similares, pero según Aguirre, existen limitaciones de dinero que dificultan garantizar esa custodia.
Hemos venido tomando medidas hace algún tiempo, con el propósito de fortalecer la seguridad de nuestros servidores, particularmente la seguridad de nuestros jueces. Se ha trabajado en la implementación de protocolos con ese propósito.
¿Narcoestado?
Sujetos disparan contra carro de jueza.
Álvaro Ramos, exministro y experto en seguridad, considera que el atentado contra la jueza Castro Fallas supone un hecho más que ratifica a Costa Rica como un ‘narcoestado'.
Este término se utiliza para definir a estados cuyo gobierno, poder judicial y militar han sido infiltrados o influenciados en gran proporción por cárteles u organizaciones de tráfico de drogas.
El amedrentamiento contra jueces ha sido predicho por especialistas nacionales e internacionales, según Ramos. Considera que esa es la peor situación a la que se puede afrontar un país democrático.
En el momento en que se estén atacando directamente a los jueces en sus residencias, el país está plenamente en lo que se conoce técnicamente como un narcoestado.
Para Ramos, la suma del atentado contra la jueza, más las históricas cifras de asesinatos, la exportación de droga y los niveles de sicariato, ratifican esta categoría.
Niegan vínculo
Juan Carlos Peralta, defensor de la abogada detenida por supuestos sobornos en favor del grupo narco ‘Pancho Villa' y cuya captura fue autorizada por la jueza víctima del atentado, manifestó desconocer la situación.
"Estoy seguro de que no hay relación alguna con el caso de la abogada", respondió a la consulta de CRHoy.
El grupo criminal es acusado de importar cocaína desde Sudamérica para su exportación y distribución en el Pacífico Central costarricense.
Un empresario, familiares y dos exagentes del OIJ figuran como imputados de administrar la red narco.