Ni Interpol ni Fiscalía: la incógnita de los 3 “fantasmas” del caso Recope-Soresco
3 empleados de empresa conjunta, de nacionalidad china, siguen ausentes del proceso penal
(CRHoy.com). Ni la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) ni las pesquisas de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) han logrado dar con el paradero de 3 imputados "ausentes" en la causa penal que pretende esclarecer el presunto desvío de $70 millones en el fallido proyecto para modernizar la refinería de Moín en Limón.
Se trata de 3 empleados de nacionalidad china de la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense S.A (Soresco), la cual se conformó en partes iguales entre la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la Compañía Nacional China de Petróleo Internacional (CNPCI, por sus siglas en inglés) para impulsar la obra.
El 20 de noviembre de 2018, la FAPTA allanó y buscó a 9 funcionarios de la sociedad como imputados en el caso. Ese día detuvo a 5 y no pudo encontrar a otros 4. El caso se denominó mediáticamente como Recope-Soresco.
Los imputados detenidos en las primeras acciones responden a los apellidos Trejos, Naranjo, Edward, Ulate y Xu (nacionalidad china). Ellos, pese a que la fiscalía pidió prisión preventiva, quedaron en ese momento en libertad bajo medidas cautelares.
Tras 22 días sin rastro, el 11 de diciembre de 2018, un sexto imputado se puso a las órdenes de la Fiscalía. Se trató de un hombre de apellidos González Fonseca, quien tras ser indagado quedó en libertad -también en ese momento- bajo medidas cautelares.
Pese a reiterados esfuerzos sostenidos entre finales de 2018 y mediados de 2019, la FAPTA no logró ubicar en el país a los 3 asiáticos. Por eso, entre julio y agosto del año pasado, solicitó la colaboración internacional a través de Interpol. De momento, hasta este 28 de mayo, el saldo de la búsqueda es negativo.
La FAPTA confirmó que los imputados que sí fueron localizados están actualmente en libertad y sin medidas cautelares, pero sujetos al proceso penal.
"La Fiscalía agregó que aún se encuentra a la espera de respuesta por parte de Interpol en relación con la ubicación de las 3 personas orientales que figuran como imputadas en el caso", citó un correo de prensa, remitido por la oficina de prensa del Ministerio Público.
La entidad agregó que la causa penal se mantiene en la etapa preparatoria (recolección de pruebas).
Refinería: un dolor de cabeza
Desde 2009, Recope y CNPCI construyeron la empresa conjunta dedicada a impulsar el plan. Cada uno, en partes iguales, debía aportar $50 millones para la conformación del capital social de la organización.
En 2013 el proyecto fue frenado en virtud de múltiples vacíos señalados por la Contraloría General de la República (CGR). Mientras, en 2016 la refinadora tomó la decisión de finalizar el vínculo con la contraparte china producto de la falta de acuerdo para continuar con el proyecto y se elevó el tema a un arbitraje internacional entre ambas partes en la Cámara de Árbitraje de Londres (LCIA, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, con todo y el futuro de la obra en el limbo, Soresco continuó devorando recursos por más años.
Como las partes nunca se pusieron de acuerdo para realizar un nuevo análisis, en abril de 2016 el gobierno costarricense (máximo accionista de Recope) anunció la intención de separarse de la empresa conjunta.
Acto seguido los representantes chinos se opusieron y decidieron elevar el caso a un arbitraje internacional que se dilucidó finalmente en la LCIA 28 de octubre del año pasado: se autorizó la disolución de la empresa conjunta, se obligó a cada parte a asumir el 50% del costo del proceso ($440 mil) y se rechazó cualquier petición indemnizatoria planteada por las partes.
En enero de 2020 inició el proceso liquidatorio y se nombró a la firma internacional KPMG –especializada en auditorías- para ese trámite.
El caso
El 20 de noviembre de 2018, la Fiscalía confirmó que investigaban a la planilla total de Soresco compuesta por alrededor de 10 funcionarios, quienes habrían incurrido en presuntos delitos de peculado.
Según las pesquisas, se habrían apropiado de $70 millones que fueron destinados al fallido proyecto de modernizar la refinería.
"Lo que se hizo fue sustraer no solo los $50 millones que puso Recope, sino otro tanto más que llega a casi $70 millones. Todo en beneficio propio. Estas 9 personas formaban parte de Soresco. Parte de ellas, las personas costarricenses, eran funcionarios de Recope que pasaron a trabajar a Soresco", citó Emilia Navas, fiscala general de la República, en esa oportunidad.
Los imputados manejaban las cuentas bancarias donde estaba depositado el dinero de la empresa estatal. Eso les permitía hacer uso de los recursos de una manera indiscriminada.
"Hicieron viajes. No solo de trabajo, sino también de placer. Capacitaciones, alojamientos, uso de vehículos sin justificación, gastos en obtención de pasaportes y gastos varios que pagaban con los dineros del Estado que estaban en las cuentas", agregó la Fiscala.
Navas explicó que el lapso comprendido entre 2012 y 2017, en el cual la investigación no avanzó, impidió imputar a más personas que posiblemente tuvieron participación en los hechos.
"No podría decir cuántas. Había otras personas sospechosas, pero la prueba no nos permitió ligarlas a los hechos", expuso la jerarca del Ministerio Público, en esa oportunidad.