#NoCaiga: Es falso que 17 magistrados se apartaron de ver causa contra Chaves
Solo se resolvieron algunas inhibitorias en sesión privada
No caiga: es falso que 17 de los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia se hayan inhibido o presentado argumentos para no participar en la votación sobre la acusación penal presentada por la Fiscalía General contra el mandatario Rodrigo Chaves Robles por el presunto delito de concusión, en el caso BCIE–Bulgarelli.
Tal como reveló CR Hoy, este lunes el Tribunal de la Corte Suprema de Justicia tenía en agenda analizar el expediente: un paso fundamental para que el pleno de magistrados decida si remite el caso a la Asamblea Legislativa, donde se deberá determinar si se le levanta o no la inmunidad constitucional al gobernante, a fin de que enfrente un eventual juicio.
Perfiles y páginas en redes sociales afines al chavismo comenzaron a difundir horas después un video del presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, en el que habla de aplazar un tema que debía conocer la Corte, debido a que existían inhibitorias que no estaban resueltas.
Sin embargo, las inhibitorias a las que se hacía referencia en ese momento —como se muestra en la grabación— no tenían ninguna relación con la causa penal contra Rodrigo Chaves, sino con un tema de carácter más administrativo dentro del Poder Judicial.
De hecho, la audiencia en la cual se abordó la pieza acusatoria contra el mandatario fue una sesión privada. En dicha audiencia, como primer paso, sí se resolvieron las solicitudes de inhibitoria presentadas por algunas magistraturas, pero no en la cantidad de 17.
Además, las resoluciones sobre esas inhibitorias aún se encuentran en proceso de redacción. "El análisis del fondo del informe se realizará en una sesión posterior, cuya fecha será definida oportunamente", informó el Poder Judicial ante la consulta de este medio.
La sesión fue privada con el propósito de examinar si la acusación presentada por el fiscal general, Carlo Díaz, cumple con los requisitos legales y méritos penales necesarios para trasladar el levantamiento del fuero especial que protege al presidente como integrante de los Supremos Poderes.
Levantar esa inmunidad es una decisión que corresponde a los diputados, siguiendo el procedimiento legal. No obstante, dicho trámite solo puede realizarse si la Corte autoriza que se continúe con la persecución penal y remite el caso al Congreso.
Aunque el proceso ya está en marcha, en la sesión de este lunes únicamente se conocieron las inhibitorias presentadas por varios magistrados que consideraron tener motivos para excusarse de intervenir, con el fin de conformar el tribunal que decidirá si se remite la acusación a la Asamblea Legislativa.
Esa etapa concluyó en la sesión matutina, que finalizó alrededor del mediodía, según confirmaron a CR Hoy fuentes cercanas a la Corte. Una vez conformado el tribunal, será en una próxima sesión cuando se pueda examinar el fondo de la acusación.
Según la tesis de la Fiscalía, contenida en la acusación, Chaves Robles y Jorge Rodríguez Vives (ministro de Cultura y jefe del despacho presidencial en aquel momento) habrían ejercido presiones para inducir a Christian Bulgarelli —empresario y productor audiovisual contratado por la Presidencia— a otorgar un beneficio patrimonial indebido, producto de dicha contratación, al coimputado Federico Cruz Saravanja, alias Choreco, asesor de campaña y amigo personal del mandatario.
A Choreco se le habría beneficiado con $32.000 para la compra de una casa. En ese momento, el ministro Jorge Rodríguez Vives —quien fungía como jefe del Despacho Presidencial, luego fue ministro de Comunicación y actualmente encabeza el Ministerio de Cultura— habría intervenido en el proceso.
Bulgarelli es el testigo principal en este caso, en el que se investiga la contratación que realizó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a la empresa del productor para una consultoría en el desarrollo de productos de comunicación para Casa Presidencial.