Nombramientos pendientes de magistrados paralizan causa penal contra Rodrigo Chaves
La designación pendiente de magistrados suplentes mantiene frenado el avance de la acusación penal que afrontan el mandatario Rodrigo Chaves Robles, el canciller Arnoldo André Tinoco, la diputada Pilar Cisneros Gallo y otros por las irregularidades detectadas en el financiamiento de la campaña electoral de 2022.
Desde mediados de 2025, la Fiscalía General de la República presentó una acusación penal contra Chaves y seis miembros más de los Supremos Poderes por el caso conocido como Financiamiento Jaguar.
Aunque el Tribunal de la Corte Plena ha intentado conocer el expediente, se ha dificultado la conformación del pleno de magistrados para analizar la causa. Desde el 13 de octubre, el expediente permanece estancado en esta fase.
Carlo Díaz, fiscal general de la República —quien condujo la investigación y elevó la pieza acusatoria para análisis de la Corte—, confirmó en entrevista con la paralización.
"No hemos recibido noticias. Lo que me parece que está pasando es que al no nombrarse los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, todavía no se puede conformar el Tribunal de la Corte Plena para tomar la decisión.
Ese es el atraso que existe en ese expediente", explicó.
Por ende, la Corte ni siquiera han podido comenzar a estudiar el expediente en el fondo. Algunos magistrados han presentado abstenciones o impedimentos para participar en el caso. Para la conformación del Tribunal se requiere la totalidad de las 22 magistraturas.
El Poder Judicial informó que, para avanzar, es necesaria la designación de magistraturas suplentes por parte de la Asamblea Legislativa, trámite que actualmente se encuentra en la Comisión de Nombramientos.
Alejandra Larios, presidenta de la Comisión de Nombramientos, aseguró que desde el momento en que ingresó el expediente de estas magistraturas se le ha dado un trámite expedito y será cuestión de semanas para poder proceder.
"Nos encontramos en la parte de entrevistas, hacen falta cinco. Hemos convocado a sesiones extraordinarias, ayer miércoles tuvimos jornada en la mañana y en la noche después del plenario. El viernes volveremos a sesionar.
Tenemos previsto terminarlas el 18 de febrero, la próxima semana y está estipulado que el día 25 sesionaríamos solamente para hacer la votación respectiva, y pasar la nómina al plenario para que pueda ser votado de manera definitiva", indicó la diputada.
Según el Ministerio Público, los acusados habrían recurrido a dos estructuras paralelas para costear gastos electorales de 2022 del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en contravención del Código Electoral.
La pieza acusatoria fue remitida a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, ya que los imputados gozan de fuero especial de improcedibilidad —denominado inmunidad—, que impide procesarlos por la vía judicial ordinaria.
Además del mandatario, fueron acusados el exvicepresidente Stephan Brunner Neibig y los diputados Paola Nájera Abarca, Waldo Agüero Sanabria y Luz Mary Alpízar Loaiza, presidenta fundadora del PPSD.
A los acusados se les aplica un procedimiento penal especial establecido en la Constitución Política, el cual impide su detención mientras conserven el fuero y exige la intervención de la Corte y el Congreso antes de iniciar cualquier proceso judicial formal.
Fases clave del proceso especial
Según el Código Procesal Penal, tras concluir la investigación, el fiscal puede presentar desestimación, sobreseimiento o acusación ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte deberá analizar la admisibilidad de la causa. Para ello, designó a uno de sus magistrados, quien elaboró un informe que será discutido por la Sala Tercera de Casación Penal antes de llegar al Pleno.
Posteriormente, la recomendación se eleva al Tribunal de la Corte Plena, compuesto por 22 magistrados. El proceso se encuentra precisamente en esta fase, en la cual se está determinando cuáles altos jueces integrarán ese Tribunal cuando se tome la decisión.
Si este órgano determina que la acusación es admisible, la trasladará a la Asamblea Legislativa para iniciar el proceso de antejuicio. En el Congreso se conformará una comisión especial de tres diputados que estudiará el caso, evaluará la prueba y emitirá una recomendación al Plenario sobre si debe levantarse el fuero.
El levantamiento de la inmunidad solo puede aprobarse por mayoría calificada, es decir, con al menos 38 votos a favor en el Plenario Legislativo. Meses atrás, se rechazó el levantamiento de la inmunidad en el caso denominado BCIE-Cariñitos.
Una vez levantado el fuero, el magistrado instructor asumirá el control del caso, ordenará a los imputados nombrar defensa en un plazo de tres días y les tomará declaración indagatoria. A diferencia del proceso ordinario, no es el Ministerio Público quien realiza esta diligencia.
Luego se abrirá un plazo de cinco días para el ofrecimiento de prueba. Una vez admitida, se fijará la fecha para el debate oral y público, el cual se desarrollará ante la Sala de Casación Penal bajo las reglas de un juicio ordinario.
La sentencia podrá ser apelada por las partes y será la Corte Plena la que resuelva en última instancia.
Las indagaciones del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmaron la existencia de esquemas que, aunque no se declaraban explícitamente como tales, operaron como estructuras paralelas para inyectar recursos y pagar gastos de la contienda.
Uno de estos mecanismos fue un fideicomiso constituido el 25 de febrero de 2021 por la agrupación Costa Rica Próspera, cuyo objetivo declarado era apoyar las aspiraciones políticas de Rodrigo Chaves.
El informe del TSE —IDI-DFPP-007-2024— fue secuestrado por la Fiscalía a inicios de este año y dado a conocer al público por CR Hoy el 1.° de febrero.
La investigación reveló que, incluso antes de la ratificación de la candidatura presidencial de Chaves, ocurrida el 4 de julio de 2021, ya se estaban ejecutando gastos orientados a respaldar la acción política del grupo.
Entre el 2 de septiembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, se activó una segunda estructura de financiamiento paralelo en beneficio del partido oficialista.
Esta también respaldó la candidatura a diputado de Waldo Agüero Sanabria. Según el informe, en esa red participaron al menos el banquero Jack Loeb Casanova y Sofía Agüero Salazar, hija del actual legislador.
A través de ese esquema se gestionaron más de ₡12 millones y $208.844 en gastos de naturaleza político-electoral, sin ser reportados ni en los informes intermedios ni en los balances anuales del partido, como exige la ley.
Ellos dos y los demás implicados en las estructuras paralelas que no cuentan con inmunidad son investigados por separado en el expediente N.° 22-000210-0276-PE, bajo la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
La Fiscalía concluye que ambos esquemas operaron al margen del control del TSE y de la tesorería del partido, lo cual vulnera principios fundamentales como la legalidad, la transparencia y la publicidad en el financiamiento político.