El Exvicerrector de Acción Social de la Universidad de Costa Rica (UCR) Roberto Salom Echeverría, es el exfuncionario de esa casa de enseñanza que más millones ha cobrado por concepto de cesantía desde 2015 a la fecha: un total de ₡70.316.625.

Salom, hermano del actual rector de la Universidad Nacional, Alberto Salom, es además uno de los notables nombrado por el actual gobierno de Carlos Alvarado para analizar posibles reformas del Estado. También es uno de los denominados pensionados de lujo, con una jubilación equivalente a ₡10,2 millones mensuales bajo el régimen del Magisterio Nacional.

Al ex funcionario le calcularon la cesantía con el máximo permitido en la convención, que es el equivalente a 15 meses de salario.

Como él, al menos otros seis altos cargos de la UCR se han acogido a la pensión desde 2015 con el tope máximo de cesantía, entre quienes se encuentran cuatro directores de escuela y dos decanos.

Entre todos suman pagos por ₡386 millones repartidos entre siete personas.

Se intentó conocer la posición de Roberto Salom pero no fue posible localizarlo.

 

 

Tanto Salom como los restantes exfuncionarios lograron capearse una prohibición expresada por la Procuraduría General de la República en 2010 que establece que jerarcas universitarios con cargos de plazo fijo – como por ejemplo el rector y los vicerrectores- no pueden cobrar cesantías.

Para ello, todos se pensionaron por sus cargos anteriores o de nombramiento sin plazo dentro de la Universidad. De los siete, seis se pensionaron como catedráticos y solo uno como asociado. Ninguno tramitó su jubilación

Al momento en que estos exfuncionarios se pensionaron la Sala Constitucional aún no había declarado ilegal que la Administración Pública calculara las cesantías con topes mayores de 12 años. Desde el 5 de junio pasado – en teoría- ninguna entidad estatal puede pagar más de esos 12 años en cesantías – a razón de un mes por cada año- a los funcionarios que se retiren,

En la Universidad de Costa Rica no se reportan cesantías de altos cargos desde junio pasado. Pese a ello existen casos como en la Universidad Estatal a Distancia en donde sí los hay.

Esta casa de enseñanza contabiliza al menos cuatro personas a quienes se les ha beneficiado con hasta 20 años de cesantía después de junio, y a ellos se les podía sumar el caso del exrector Luis Guillermo Carpio, quien se acogió a la pensión este viernes y sobre quién se debe tomar una decisión para determinar si se le beneficia con un pago similar.

Bajo la lupa

Las aparentes ilegalidades con los cálculos de cesantías en algunos sitios y los millones utilizados en otros serán algunos de los ejes de investigación que tendrá una nueva comisión especial que se creará en los próximos días sobre los recursos financieros que se otorgan a las universidades.

Wagner Jiménez, diputado de Liberación Nacional, promotor de la idea de crear el grupo investigador, cuestionó la situación en las universidades y señaló conocer de algunos artículos de la convención colectiva de la UCR que pueden representar posibles abusos al erario público.

Varios diputados han mostrado gran interés en las finanzas universitarias, en especial a raíz de informaciones de presunto despilfarro o de gastos excesivos en momentos de estrechez fiscal, como lo fue el caso de la construcción de una plaza de la Diversidad Cultural en la Universidad Nacional, por un monto de $14 millones.

Una de las opciones que manejan a nivel legislativo es iniciar una discusión sobre la posibilidad de destinar más recursos a las sedes regionales y que no estén tan centralizadas en los campus del Valle Central.

Así lo manifestó Yorleni León, legisladora liberacionista que formaría parte del grupo investigador y quien afirmó que el tema de los pluses salariales y el pago de cesantías sin duda estará en la agenda de los diputados.

Los pluses y beneficios más allá del salario representan un peso importante en las casas de enseñanza. Por ejemplo, CRHoy dio a conocer el 17 de octubre pasado que solo en la Universidad Nacional el rector, los vicerrectores y los decanos se reparten unos ₡1.278 millones en salarios y pluses.

Asimismo, un informe de la Contraloría había advertido en agosto pasado, que las universidades públicas tenían para gastar un total de ₡201.388 millones solo para el pago de incentivos salariales al final del año, un monto que significaría casi ₡10 mil millones más que el año pasado.