Nuevo castigo contra préstamos gota a gota: reto será visibilizar gran cifra oculta de casos
Existen más de 1.131 denuncias relacionadas con estas transacciones
La Asamblea Legislativa está a las puertas de ratificar, como ley, la creación de nuevas figuras en el Código Penal para combatir los préstamos gota a gota.
Se trata de una reforma que sancionará con hasta 8 años de prisión, las amenazas o intimidaciones con el fin de obligar a un deudor o sus familiares a pagar una obligación crediticia otorgada.
El castigo rige si esta coacción ocurre tanto de forma personal, a través de terceras personas y por
cualquier medio de comunicación.
La ley, aprobada en primer debate, establece una pena de 5 a 10 años de cárcel, cuando la amenaza sea contra un adulto mayor, menor de edad o persona vulnerable.
Esta misma sanción rige si hay agresiones físicas o psicológicas, uso de armas o daños contra la propiedad, o más de un victimario involucrado.
En caso de que se compruebe una red que funcione como delincuencia organizada, la prisión se podría elevar hasta a 15 años.
El Organismo de Investigación Judicial celebró el avance en esta ley, que podría facilitar a la policía judicial, la persecución de estos casos.
Existen registros de hasta 1.131 denuncias relacionadas con los créditos gota a gota. En su mayoría, son delitos contra la libertad, daños, agresiones y extorsiones. Los datos contabilizan las causas entre 2022 y noviembre del 2023.
"Los préstamos gota a gota tienen una cifra oscura y oculta importante, porque las personas por temor no denuncian.
Además, por la situación económica regional-mundial, muchos recurren a este tipo de transacciones informales y rápidas, que después les convierten en deudas externas y prácticamente esclavitud financiera", señaló Michael Soto, subdirector del OIJ.
La nueva figura legal podría también clarificar la cantidad real de casos de lesiones e incluso asesinatos por estos créditos.
1 de cada 20 ticos adquirió un ‘gota a gota'
De acuerdo con una encuesta realizada por el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional, 5,34% de los costarricenses reconocen haber accedido a este método para conseguir recursos de forma informal. En su mayoría, adultos entre 45 y 44 años.
Los hombres acuden ligeramente más a estos préstamos, un 54% de los consumidores. Créditos ‘manchados' por impago, falta de acceso al sistema financiero formal y baja capacidad de pago, son las razones más comunes para que las personas acudan a estas transacciones.
El proyecto de ley presentado por la diputada Gloria Navas y modificado con aportes del Poder Judicial, está pendiente de su votación en segundo debate, en el plenario legislativo.
Dentro de la agenda de iniciativas en materia de seguridad, esta es una de las prioritarias.
