Fiscalía mantiene abierta causa contra jerarca del MEP por firma a convención colectiva

(CRHoy.com) El mandatario Carlos Alvarado Quesada; la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte Romero y el recién nombrado ministro de Educación, Steven González Cortés, figuran dentro de una causa que mantiene abierta la Fiscalía General de la República.

Así lo confirmó el Ministerio Público ante consulta de CRHoy.com.

La causa se abrió luego de una denuncia presentada tras la polémica firma de la convención colectiva del Ministerio de Educación Pública (MEP) en el 2020. La misma se tramita bajo el expediente 20-000065-0033-PE y se les investiga por  el delito de incumplimiento de deberes.

Ese delito es castigado con entre uno y cuatro años de inhabilitación al "funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función. Igual pena se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo", de acuerdo con el artículo 339 del Código Penal.

Actualmente el caso se encuentra en su etapa de investigación, "la cual consiste en recabar y analizar prueba de interés para el caso. Esta fase no es pública, por lo que estos son los únicos detalles que se pueden brindar, de momento", explicaron desde el Ministerio Público.

Convención colectiva del MEP

La primera firma de la convención colectiva del MEP se dio el 16 de octubre del 2020.

La oficialización de la convención vino acompañada de una lluvia de críticas porque su renegociación se dio en secreto y establecía beneficios como regalar a sus funcionarios (dar libre sin rebajar de vacaciones) los días lunes, martes y miércoles de la Semana Santa.

Además, la convención firmada en presencia de Carlos Alvarado, incluía la creación de cuatro mil plazas para cocineras, tres días libres por la muerte del abuelo y se eximía a 72.000 funcionarios de devolver dineros pagados de más durante la aplicación de los cambios establecidos en la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

En su momento, varios sectores criticaron esta firma, debido a que Casa Presidencial no informó de la actividad y fue por medio de las redes sociales de los diferentes sindicatos que se dio a conocer la firma. Además, se cuestionó que la creación de nuevos beneficios a un grupo de trabajadores, en plena crisis económica y análisis de recortes al gasto.

La III Convención Colectiva de Trabajo fue firmada -finalmente- el 24 de febrero de este año tras incorporar una serie de recomendaciones por parte del Departamento de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo.

En el documento firmado se incorporaron un total de 21 observaciones de forma. Las cuales hacían más clara su redacción o incorporaban elementos de contexto para su mejor comprensión.

Así como también se aclaró que la Convención no crearía nuevos incentivos ni plazas de trabajo, por lo tanto, no generaba ningún egreso adicional para el presupuesto institucional.