Nuevo retraso en audiencia preliminar para elevar Cementazo a juicio 

A partir de este lunes debía iniciar la audiencia preliminar del caso Cementazo, etapa en la que se define si el polémico caso de supuesto tráfico de influencias se eleva a juicio o no.

La nueva fecha se fijó luego que la diligencia fuera suspendida hace más de un mes y medio. No obstante, una de las acusadas presentó una incapacidad este lunes y 10 minutos antes que la audiencia virtual empezara, el Juzgado a cargo comunicó un aplazamiento de dos días.

Ahora será el próximo miércoles 21 de agosto que se reanude la revisión del expediente para determinar si existen razones para iniciar un debate.

Originalmente, la audiencia debía iniciar el pasado 1 de julio, pero el Juzgado Penal de Goicoechea tomó la decisión de suspender temporalmente el inicio de este proceso, debido a que dos de los imputados estaban sin abogado defensor.

La intención de las partes es empezar pronto para conseguir completar la audiencia preliminar hasta el 29 de noviembre, fecha en que culmina el señalamiento.

Gerardo Huertas, abogado de dos exfuncionarios acusados en el caso (Marvin Corrales Barboza, ex subgerente de Banca Minorista y Gilbert Barrantes Campos, exgerente corporativo de Riesgo y Control de Crédito del BCR), manifestó días atrás que sus clientes tienen alto interés en completar este paso, dado que todo el trámite judicial ya tiene alrededor de 7 años.

"En el caso de mis dos representados, ellos son los más interesados en que este proceso avance y logremos iniciar la audiencia como corresponde. Llevan muchos años de esperar que podamos llegar a este momento para aclarar la realidad y lograr salir de esta injusticia en la que fueron erróneamente incluidos", señaló Huertas.

La fase previa al juicio estaba programada para extenderse por alrededor de cinco meses: inicialmente se extendería hasta noviembre, al menos que por los retrasos se alargue.

Se realiza de forma virtual. La investigación ya culminó: son 9 acusados, bajo en el expediente 16-000013-0033-TP y se trata de un asunto de tramitación compleja.

El principal sospechoso es Juan Carlos Bolaños Rojas, propietario de la empresa Sinocem; además están imputados Leonardo Acuña Alvarado, exgerente de Finanzas y Riesgo del Banco de Costa Rica (BCR), Gilbert Barrantes Campos, exgerente corporativo de Riesgo y Control de Crédito del BCR; Javier Rojas Zúñiga y Mario Cortés Zúñiga, gerentes de Sinocem.

También figuran como imputados en la causa Andrés Víquez Lizano, ex subgerente de Banca Mayorista; Marvin Corrales Barboza, ex subgerente de Banca Minorista; Rodrigo Ramírez Rodríguez, exdirector de Gestión de Créditos y Paola Mora Tuminelli, expresidenta del BCR.

Desde hace dos años está lista la acusación: en julio de 2022, el Ministerio Público señaló los posibles delitos de peculado, tráfico de influencias, falsedad ideológica, uso de documento falso, falsificación de documento público, captación indebida de manifestaciones verbales, influencia en contra de la hacienda pública y receptación, legalización y encubrimiento de bienes públicos.

Años de espera

Fue a mediados del 2017 cuando todo surgió a la luz pública: eventuales irregularidades en las que el BCR le aprobó un crédito por $31,5 millones a Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino, presuntamente usando influencias en las altas esferas de la entidad financiera.

Las investigaciones posteriores destaparon la presunta red de tráfico de influencias más grande descubierta hasta ese momento, que operó, en apariencia, en favor de Bolaños para que iniciara con la traída de cemento producido en China.

Se reveló además que Casa Presidencial fue epicentro de las gestiones de Bolaños ante el Gobierno. La investigación legislativa del "cemento chino" concluyó que las intervenciones de Casa Presidencial en favor de Bolaños se pueden resumir en cuatro ámbitos: Nombramiento de algunos directores y jerarcas en Bancos del Estado.

Las siete reuniones concedidas a Juan Carlos Bolaños en Casa Presidencial, sus requerimientos y sus resultados, cciones y presiones ejercidas sobre mandos medios de algunas instituciones.

Agilización de trámites de publicaciones en La Gaceta

Además, el escándalo salpicó a varios ministros y viceministros del entonces presidente Luis Guillermo Solís, que modificaron reglamentos e hicieron gestiones que favorecieron a Bolaños.

También a funcionarios del sector bancario estatal, a la Corte Suprema de Justicia, específicamente a la Sala III y al Ministerio Público, y a las representaciones en la Asamblea Legislativa de los partidos políticos Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional, Movimiento Libertario y la Unidad Social Cristiana (PUSC).

La Fiscalía apunta a que para importar cemento proveniente de china, incurrió en unos 28 delitos separados: 11 son por peculado, 8 receptaciones, legalización o encubrimiento de bienes, 3 por documento falso, 3 por influencia sobre la Hacienda Pública y 3 por captación indebida de manifestaciones verbales en condición agravada.

Víquez Lizano es acusado de 16 presuntos delitos, mientras que a Acuña Alvarado, Corrales Barboza, Mora Tuminelli, son imputados en seis supuestos delitos a cada uno. Barrantes Campos y Ramírez Rodríguez, los individualizaron con cuatro delitos cada uno.

Mientras que en apariencia, la expresidenta del BCR es señalada como responsable de posibles influencias sobre la Hacienda Pública y captación indebida de manifestaciones verbales, mientras que al resto de los imputados se les vinculó a posibles peculados, tráficos de influencias y falsedades ideológicas.

La hipótesis se dirige a que los recursos facilitados por la institución bancaria estatal se habrían usado para otros fines diferentes a la compra de cemento, para lo que originalmente se solicitaron.