Un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) volvió a poner bajo la lupa dos puntos sensibles para Costa Rica en materia de transparencia: el cabildeo y el acceso a la información pública.

El documento, titulado Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026, advierte que, aunque el país muestra avances en áreas clave, todavía arrastra vacíos importantes cuando se trata de regular la influencia sobre la toma de decisiones y de garantizar que la información pública sea realmente accesible.

Cabildeo: la mayor deuda

El informe es directo: Costa Rica no cuenta con una ley específica que regule el cabildeo.

Esto, en la práctica, significa que no existe una definición legal de quién es un cabildero, ni tampoco un registro público que permita saber qué actores buscan influir en decisiones del Gobierno o del Congreso, ni bajo qué condiciones lo hacen.

La consecuencia es clara: el país obtiene un 0% de cumplimiento en criterios prácticos en esta materia, lo que lo coloca lejos de los estándares de la OCDE.

Si bien existen herramientas como los llamados "periodos de enfriamiento" —que buscan evitar que exfuncionarios pasen de inmediato al sector privado—, el informe advierte que no hay reglas equivalentes para quienes hacen el camino contrario: del sector privado hacia el sector público.

En otras palabras, no hay controles claros sobre las puertas de entrada a la función pública desde espacios donde se ejercen intereses privados.

Acceso a la información: avances, pero insuficientes

En el caso del acceso a la información pública, Costa Rica muestra avances, pero todavía con limitaciones importantes.

Pese a la aprobación de una ley en 2024, el país cumple apenas con un 56% de los criterios normativos, según el análisis del organismo.

Entre los principales señalamientos destaca la ausencia de una entidad independiente encargada de vigilar el cumplimiento de las normas de transparencia, así como la falta de sanciones claras cuando estas se incumplen.

A esto se suma un problema práctico: información relevante para el control ciudadano —como las agendas de ministros, reuniones oficiales o datos sobre posibles gestiones de influencia— no se publica de forma sistematizada ni accesible.

Esto dificulta seguirle la pista a cómo se toman decisiones dentro del Estado.

Un reto pendiente en medio de avances

Estos vacíos contrastan con otros ámbitos donde Costa Rica sí presenta resultados más sólidos, como en el manejo de conflictos de interés o el financiamiento político.

Sin embargo, la OCDE advierte que las debilidades en cabildeo y acceso a la información siguen siendo un punto crítico para fortalecer la integridad pública.

En particular, la falta de reglas claras sobre quién influye en las decisiones públicas —y con qué nivel de transparencia— se mantiene como una deuda pendiente.

El informe deja así un mensaje claro: más allá de los avances, el país todavía tiene espacio para mejorar si quiere alinearse con las mejores prácticas internacionales en materia de transparencia y rendición de cuentas.