Oficialismo rechaza a jueces y doctores en derecho que aspiran a integrar la Sala IV
Los diputados de Pueblo Soberano, que representan al Gobierno y tienen mayoría en el Congreso, se niegan a elegir entre la nómina de 18 postulantes a magistrados suplentes de la Sala Constitucional, pese a que en los perfiles hay doctores en derecho, actuales magistrados suplentes y jueces.
Los 18 seleccionados pasaron más de un año en proceso de selección, se les hizo revisión de atestados y antecedentes penales y cumplieron con las entrevistas, todo esto en la Corte Suprema de Justicia. Después, superaron un escrutinio similar en la Comisión de Nombramientos del Congreso.
Sin embargo, los 31 diputados oficialistas se niegan a elegir los nueve puestos vacantes entre la nómina, alegando que no los conocen. La semana pasada aprobaron una moción para solicitar una nueva lista a la Corte Suprema de Justicia.
Juezas de carrera y especialistas en derecho público
Entre las nueve mujeres postuladas figura Alexandra Alvarado Paniagua, jueza del Tribunal Agrario, máster en Administración de Justicia y magistrada suplente de la Sala Constitucional. Tiene casi 30 años de experiencia en el Poder Judicial.
Ana Cristina Fernández Acuña, jueza del Tribunal de Familia, también cuenta con una maestría en Administración de Justicia y una trayectoria cercana a los 29 años dentro de la judicatura.
La nómina incluye además a Ileana Sánchez Navarro, jueza del Tribunal Contencioso Administrativo, máster en Derecho Público y magistrada suplente de la Sala Constitucional, con más de 24 años de experiencia profesional.
Los magistrados también recomendaron a Katia Araya Zúñiga, especialista en derecho público y con una maestría en Derecho obtenida en la Universidad de Houston. Desarrolló su carrera en el Ministerio de Hacienda, la Presidencia de la República, el Tribunal de Servicio Civil, organismos internacionales y el sector privado.
Otra de las candidatas es Aracelly Pacheco Salazar, exsubcontralora general de la República, exreguladora general de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y magistrada suplente de la Sala Constitucional.
Otra candidata es Ana María Picado Brenes, destacada por poseer un doctorado en Derecho otorgado por la Universidad de Alcalá de Henares. Durante más de 32 años ejerció como jueza en distintas categorías y también fungió como magistrada suplente.
La lista femenina se completa con Songhay White Curling, jueza de violencia doméstica y máster en Administración de Justicia, con más de 27 años de trayectoria; Nelda Jiménez Rojas, especialista en derecho notarial y registral con experiencia en materias de familia, violencia doméstica y pensiones alimentarias; y Rosibel Jara Velásquez, jueza contencioso-administrativa, magistrada suplente y egresada de un doctorado en Derecho.
Cuatro doctores en Derecho entre los aspirantes
La nómina incluye a cuatro candidatos con grado académico de doctorado en Derecho.
Uno de ellos es Roberto Garita Navarro, juez del Tribunal Contencioso Administrativo, doctor en Derecho por la Universidad de Costa Rica, máster en Derecho Público y exfuncionario de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. También ha ejercido como magistrado suplente.
Christian Campos Monge, doctor en Derecho y máster en Derecho Constitucional, desarrolló buena parte de su carrera profesional en la Contraloría General de la República, Racsa y la consultoría jurídica.
Alex Rojas Ortega también posee un doctorado en Derecho y una maestría en Derecho Constitucional. Ha sido juez contencioso-administrativo, profesional en Derecho de la Sala Constitucional y asesor legal de Procomer.
Junto con Ana María Picado Brenes, integran el grupo de cuatro aspirantes con grado doctoral dentro de la nómina remitida por la Corte.
Litigantes, jueces y exmagistrados
Alejandro Delgado Faith, abogado litigante y máster en Derecho Constitucional, es uno de los candidatos con mayor trayectoria profesional. Acumula más de 36 años de experiencia y también ha ejercido como magistrado suplente de la Sala Constitucional.
Fernando Lara Gamboa, especialista en comercio internacional, tiene más de 30 años de experiencia distribuidos entre la Asamblea Legislativa, el sector privado y la magistratura suplente.
Mauricio Chacón Jiménez, máster en Administración de Justicia, desarrolló una carrera de más de 31 años dentro del Poder Judicial, donde se desempeñó como defensor público y juez de distintas categorías hasta llegar al Tribunal de Familia.
Raúl Madrigal Lizano, con experiencia en materia penal, penal juvenil, delincuencia organizada y familia. Posee una maestría en estudios de violencia social y familiar y más de 24 años de trayectoria judicial.
Jorge Isaac Solano Aguilar, con más de 28 años de experiencia, ha sido abogado externo de diversas instituciones públicas, integrante del Consejo Superior del Poder Judicial y magistrado de la Sala Primera.
Por su parte, Abraham Sequeira Morales tiene experiencia como defensor público y profesional en Derecho de la propia Sala Constitucional.
