OIJ clama por cambios en las leyes que faciliten búsqueda de personas desaparecidas
Director de OIJ dice que casos recientes de mujeres desaparecidas no se pueden comparar
Hay que hacer un cambio de ley para que en casos, en los cuales una mujer es víctima de violencia de género y tengamos todos los indicios que señalan hacia una persona, pero que no tengamos el cuerpo, por lo menos haya algo de respaldo para esas víctimas y que no queden impunes.
Hace una semana cuando los investigadores encontraron el cuerpo de Kimberly Araya, una mujer víctima de femicidio, a quien su esposo aparentemente asesinó, estas fueron parte de las primeras palabras que pronunció Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Esa es una de las reformas legales que piden o sugieren desde la policía judicial, para abordar este tipo de situaciones. Pero no se queda ahí: las autoridades también claman por leyes que les faciliten la búsqueda de las mujeres y personas cuando son desaparecidas.
"Debería existir un marco regulatorio alrededor de las desapariciones: no son un delito y al no serlo, se nos dificulta mucho poder ejercer las acciones normales que realizaríamos ante un delito", según el jefe policial.
Por ejemplo, la ley actualmente no faculta a los investigadores a intervenir comunicaciones cuando una persona se extravía. Esta sería una herramienta clave, para intentar ubicar a las personas tras las primeras horas de ausencia.
"Realizar intervenciones telefónicas es casi que imposible. Si hay una línea de investigación que apunte al homicidio, tenemos que probar que es calificado. En realidad, sea un homicidio calificado o simple, al final es la muerte de una persona. No debería existir esa oprobiosa distinción", indicó Zúñiga.
Según el funcionario, esta deficiencia legal le resta músculo a los agentes investigadores para que puedan llevar a cabo las indagaciones de forma ágil.
Diferencias entre casos de Kimberly y Nancy
Nancy Chacón está desaparecida desde finales de marzo. Familiares tratan de encontrarla.
Esta semana surgieron algunas dudas y cuestionamientos sobre casos de extravíos que el OIJ tarda más en resolver, con respecto a otros.
Nancy Chacón Jiménez, una mujer de 30 años, madre de tres menores y vecina de La Fortuna de San Carlos, no aparece y desde hace 40 días no hay rastro de ella.
Familiares han requerido al OIJ alguna información para realizar una búsqueda independiente e intentar encontrarla. Sin embargo, la policía judicial explicó que no pueden estar brindando pistas sobre la investigación, dado que pondrían en peligro el caso.
Gran parte de las desapariciones involucra a un familiar directo, un amigo o allegado, por eso no es posible compartir todo lo que hacen los investigadores para tratar de hallar a una persona. Precisamente, el director del OIJ ejemplificó con el caso de Kimberly Araya esta situación.
Kimberly Araya
Los elementos, pruebas y circunstancias en torno a la víctima de femicidio, permitieron en cuestión de una semana definir la eventual implicación de su pareja, de apellidos Pérez Mena, en el extravío y posterior muerte.
"Son dos casos completamente diferentes con contextos totalmente distintos. Cuando se inician las investigaciones, rápidamente pudimos tener la figura de un posible sospechoso, se hace el descarte de todas las otras personas involucradas y la investigación se orientó a esta persona.
Tuvimos prueba abundante para hacer un allanamiento en la casa, para buscar elementos de interés, tanto así que el día después encontramos el cuerpo en un desfiladero cercano al túnel Zurquí, reforzando la hipótesis que teníamos", detalló Zúñiga.
En el caso de Nancy, el OIJ defiende que han conducido las pesquisas con la misma dedicación y la misma cantidad de recursos, sin que las condiciones hayan ayudado a dar con su paradero.
"Son situaciones totalmente distintas y usted no puede comparar dos casos muy diferentes, y hay cierta complejidad importante en cada desaparición", añadió.
Dichas diligencias en los últimos días, permitieron identificar una persona asociada al extravío. Eso sí, continúan descifrando qué pasó con ella para tratar de encontrarla, así como establecer posibles responsables.
¿Tráfico de personas?
Informaciones extraoficiales apuntaron a la posible sustracción de Nancy Chacón como parte de una red de trata de personas. No obstante, esa versión no es manejada por quienes conducen la búsqueda.
Según Randall Zúñiga, el OIJ no conoce ninguna estructura que de manera sistemática y continua rapte mujeres o niños para traficar órganos o trata con interés sexual.
Las desapariciones ocurren más porque algún miembro del círculo cercano al desaparecido nota su ausencia y pone la denuncia, cuando ya lamentablemente falleció. Incluso, cuando existen diferencias o situaciones familiares y vecinales complejas que generan una separación.
"Decir que aquí en Costa Rica existe una red que se dedique de manera orquestada a desaparecer personas para luego explotarlas con fines sexuales o extraerles órganos para luego venderlos, eso hasta la fecha no lo hemos encontrado", confirmó el jefe policial.
Congreso reconoce debilidades en la ley
La diputada del PLN, Carolina Delgado (CRH)
La diputada Carolina Delgado, presidenta de la Comisión Legislativa de la Mujer, foro del Congreso a cargo de tramitar y procesar proyectos en esta materia, reconoce la necesidad de hacer ajustes para ayudar a las autoridades judiciales a combatir la violencia de género y a encontrar mujeres desaparecidas.
"Hemos venido analizando diversos proyectos como por ejemplo, para crear un registro de ofensores sexuales o un proyecto para modificar el Código Procesal Penal para adelantar prueba y el testimonio de las víctimas en caso de violaciones, pero hemos encontrado oposición.
Mientras no podamos agilizar todo para evitar un femicidio, pues van a seguir sucediendo muchos casos. Las señales de violencia y de agresión, han pasado mucho antes de cuando ocurre una muerte", manifestó la legisladora.
No obstante, iniciativas como la propuesta por Delgado no tienen el camino llano para modificar la ley. El proyecto de ley autorizaría tomar el testimonio y capturar pruebas sobre violaciones o agresiones sexuales, al momento de interponer la denuncia previo a que se inicie un juicio o investigación.
Esto permitiría evitar que se olviden los hechos, se borren los rastros y además, que las víctimas no tengan que volver a vivir el episodio una y otra vez, durante las diferentes etapas de un proceso judicial.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia aprobó un informe que indica, que al aprobar una reforma así se provocaría un colapso dentro del sistema de justicia, por lo cual advirtieron que el proyecto afectaría el funcionamiento del Poder Judicial.
"Creo que es un análisis mucho más grande que debemos tomar en serio. El Poder Judicial ha estado en contra de proyectos como este, dicen que hay otro tipo de delitos más importantes a que violen o violenten a una mujer.
Hay que cambiar un poco la visión del Estado y las instituciones que atienden estas situaciones, para verlo desde el punto de vista de la víctima y no del ofensor", concluyó Delgado.