OIJ pidió incluir a forenses en declaratoria de emergencia para acelerar autopsias por falta de médicos
Defensoría inspeccionará Medicatura Forense tras protesta de especialistas
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pidió al Ministerio de Salud incluirlos en una eventual declaratoria de emergencia por la falta de médicos especialistas, ante la carencia de profesionales forenses a la que se enfrenta la policía judicial debido a la manifestación anunciada por 33 funcionarios.
La mañana de este jueves, Salud anunció una serie de medidas para hacerle frente a la compleja situación que se avecina en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ante la renuncia en bandada de especialistas debido a condiciones salariales adversas. Sin embargo, las autoridades de Salud todavía no definen la eventual declaratoria de emergencia.
Por esa razón, el OIJ solicitó a Salud tomar en cuenta la situación que afronta también Medicatura Forense, tras una movilización de doctores que decidieron no trabajar más jornadas extraordinarias de fin de semana o posterior al horario habitual, por su descontento con ciertas condiciones laborales.
"Se conversó ayer con el personal del Ministerio de Salud para que también dentro de una declaratoria de emergencia que se haría por los doctores de la Caja, se incluyan al Poder Judicial", confirmó Randall Zúñiga, director del OIJ, ante la consulta de crhoy.com.
Esta medida tendría algunas implicaciones para facilitar algunos procedimientos y acelerar por ejemplo, el análisis médico-legal de los cuerpos por accidentes, muertes naturales o por crímenes.
Una declaratoria de emergencia abriría la posibilidad a que se realicen autopsias in situ o autopsias parciales, como se les conoce más comúnmente. Esto significa que en exámenes donde la causa de muerte es muy evidente, no se tenga que inspeccionar absolutamente todo el cuerpo.
Esto habilitaría el camino entonces que a una persona que fue asesinada de múltiples impactos de bala, no se le deban examinar absolutamente todos los órganos internos o externos, como normalmente se procede.
Otro ejemplo es que en caso de un infarto fulminante, no se tendría que revisar otros órganos no relacionados, sino que únicamente se documenta todo lo relacionado en específico con esa causa de muerte.
Entre otros aspectos, esta decisión podría ser un plan remedial para bajar digamos las cargas de trabajo, hasta que se reincorporen todos los patólogos forenses.
"En este momento, cuando ingresa un cuerpo sea por causa natural, homicida o accidental, hay que hacer todo el procedimiento completo", detalló Zúñiga.
Otras medidas para paliar la afectación por la falta de médicos forenses podrían ser cambios de horario, cambios de adscripción territorial y otras acciones.
La manifestación ya genera repercusiones críticas: el fin de semana no se pudieron ejecutar 10 autopsias por esa razón. También ha implicado la no aplicación del Protocolo de 72 horas para atender a mujeres víctimas de violencia sexual.
El fin de semana pasado una mujer víctima de una agresión sexual en Liberia, no fue valorada en el plazo establecido para recabar fluidos y otras pruebas, debido a que el 95% de los médicos forenses decidieron no trabajar fines de semana o después de su horario ordinario.
Exámenes médico-forenses como las valoraciones a las víctimas tras una agresión física o abusos sexuales, en principio no sufrirían tantos retrasos, dado que para atender pacientes con vida sí existe personal suficiente.
No obstante, la falta de acceso rápido a peritajes médicos puede impactar directamente en la recopilación de pruebas clave y prolongar la incertidumbre de las víctimas, sus familias y los implicados.
La razón por la cual estos especialistas realizan esta protesta, es porque consideran que laboran en condiciones inapropiadas, ya que están obligados a realizar disponibilidades, pese a que deberían ser voluntarias. Carlos Abarca, director jurídico de la Unión Médica Nacional (UMN), cuestionó la obligatoriedad.
"Un reglamento está por debajo de una ley (…) Quien lo está haciendo está cometiendo una absoluta ilegalidad (…) Los derechos laborales se respetan, lo que pasa es que la Dirección Jurídica del Poder Judicial se olvidó por completo del Código de Trabajo (…)", aseguró Abarca.