OIJ y Fiscalía ejecutan allanamientos en El Castillo Country Club

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y funcionarios de la Fiscalía Adjunta de Heredia ingresaron esta mañana a las instalaciones de El Castillo Country Club en San Rafael de Heredia para realizar una diligencia de allanamiento como parte de una investigación que se abrió este año.

Se trata de la causa 24-000737-0059-PE en la que se indaga un presunto incremento de capital, que llega a los ¢4.000 millones, de los cuales más de ¢1.100 millones a la fecha no se han podido justificar. Por esto, denuncian un presunto manejo fraudulento de los recursos.

El caso fue dado a conocer por CRHoy.com el pasado mes de febrero con varios reportajes sobre los posibles delitos que estaban bajo la lupa.

La actual junta directiva interpuso una denuncia tras conocer el resultado de varias auditorías forenses en las que se analizaron los movimientos financieros y contables hechos antes de asumir el mando, así como valorar el estatus tributario, financiero y accionario, además de evaluar infraestructura y obras.

Conocidos los datos, identificaron un presunto crecimiento injustificado de capital y otros elementos que levantaron sospechas sobre el manejo de los fondos aportados por los accionistas y societarios.

Esas aparentes irregularidades fueron conocidas por los socios en una de las últimas asambleas, los cuales revelaron inconsistencias en muchos de los elementos evaluados, razón por la cual los directivos tomaron la decisión de presentarse con la prueba ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La oficina judicial de Heredia analizó el caso y lo trasladó a la Fiscalía una vez conocidos los detalles de la denuncia, razón por la cual las autoridades ingresaron al club para secuestrar documentación que pueda servir en el desarrollo de la investigación.

“En atención a su solicitud, la Fiscalía Adjunta de Heredia informó que la causa 24-000737-0059-PE se encuentra en trámite por el aparente delito de administración fraudulenta. El caso se sigue contra ignorado, es decir, de momento no hay personas imputadas individualizadas. (…) Es toda la información que se puede brindar, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, confirmó el Ministerio Público tras consulta de este medio cuando se dio a conocer el caso.

Pero este no es el único hecho bajo investigación, pues también se analiza el supuesto traspaso de acciones con firmas falsas, el presunto pago de sobreprecio en varias obras como 4 ranchos, remodelación de la piscina y áreas recreativas aledañas, trabajos en el bar El Fortín y la actividad Castillo Fest del Castillo Country Club.

Falso agente de Estados Unidos

A esto también se suma la causa 24-000146-0369-PE, en el que se investiga un delito de falsificación de documento, en contra de una persona apellidada Mora Umaña, quien se habría presentado a una asamblea de accionistas haciéndose pasar por un funcionario de Estados Unidos.

Según la denuncia que tiene bajo estudio la Fiscalía Adjunta de Heredia, el hombre llegó al evento convocado para socios y al consultarle a qué se debía su presencia, él dijo que había sido contratado por un cliente "VIP" para realizar una investigación, pues tenía como objetivo ejecutar el análisis de la intervención realizada por dos oficiales de seguridad privada que daban resguardo de la actividad.

Mora en apariencia, además de presentarse como agente entrenado por Estados Unidos, indicó que era agente de la Unidad Especial de Intervención (UEI) de Casa Presidencial.

También dijo ser experto con más de 20 años de experiencia en la labor pública en diferentes labores, y con ese currículum elaboró el informe ORDOP AGE-021-2023 para desacreditar el uso de los dos oficiales en el evento.

Este medio intentó verificar la información con la embajada de Estados Unidos, no obstante, indicaron que por ser un caso en investigación por parte del Ministerio Público no se iban a referir a ningún detalle.

Por su parte, al hacer la misma consulta en Presidencia contestaron que "el señor Mora Umaña no es parte de ninguna escolta de seguridad de este Gobierno. Según los registros de Casa Presidencial, la persona en mención fue parte de la escolta de los presidentes Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco".

A esto se suma otro hecho reciente, cuando a finales de febrero se presentó una denuncia en Inspección Judicial para solicitar una investigación sobre presunto conflicto de intereses en el manejo de un caso de violencia doméstica, donde figuran dos miembros de la junta directiva y que se tramita en el Juzgado Contravencional de San Rafael de Heredia.

Supuestamente el abogado de la mujer denunciante en este caso tendría una relación muy cercana con una funcionaria de la oficina a cargo de tramitar la causa, por lo que tuvo que inhibirse desde el inicio, pero no lo habría hecho.