Ordenan cobrar ¢55 millones al Regulador defendido por Presidente

La Contraloría General de la República (CGR) ordenó que se gestione el cobro de ¢55 millones al Regulador General Roberto Jiménez.

La solicitud fue hecha al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en el oficio DFOE-DI-1610 del 25 de octubre del 2017, sin embargo a la fecha no se habría realizado ningún reintegro.

Jiménez renunció a su puesto en el ICE 9 de abril del 2016 y un mes después inició las labores en su nuevo cargo en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Por este motivo, la CGR considera que Jiménez debería de devolver ¢55 millones que se le pagaron por la cesantía laboral.

Y es que el artículo 586 del Código de Trabajo impide que los funcionarios que voluntariamente renuncian y reciben el pago de cesantía puedan ocupar un cargo público a menos de que lo reintegren.

[tabset tabs='Artículo 586 Inciso b'][tabx heading='Artículo 586 Inciso b' active='1′]Los servidores que se acojan a los beneficios de este artículo no podrán ocupar cargos remunerados en ninguna dependencia del Estado, durante un tiempo igual al representado por la suma recibida en calidad de auxilio de cesantía. Si dentro de ese lapso llegaren a aceptarlo, quedarán obligados a reintegrar al Tesoro Público las sumas percibidas por ese concepto deduciendo aquellas que representen los salarios que habían denvengado durante el término que permanecieron cesantes.[/tabx][/tabset]

"Se ordena al Consejo Directivo del Instituto, conforme al régimen aplicable a gestionar el reintegro de la cesantía proporcional cancelada en su momento al señor Roberto Jiménez Gómez", indicó el oficio de la CGR.

Este caso fue denunciado por el diputado Otto Guevera Guth. Ayer el Movimiento Libertario pidió al ICE que "informe públicamente a los usuarios de los servicios públicos, si se llegó a recuperar los millones de colones pagados indebidamente al Regulador General".

Consultados al respecto, el  ICE  señaló que no tiene la competencia legal para realizar lo ordenado por el órgano contralor, por lo que presentaron un recurso de apelación.

"En 2017, como consecuencia de una denuncia contra el exfuncionario, la CGR notifica una resolución con disposiciones hacia el ICE. Al no ser este Instituto parte del proceso, ni habérsele otorgado audiencia, se presentó recurso contra la resolución, en tanto el ICE considera que no tiene competencia legal para lo dispuesto por la CGR", indicó el ICE por medio de la Oficina de Prensa.

Se intentó conocer el criterio de Jiménez Gómez, sin embargo al cierre de la edición no se había referido al caso.

"Elegido presidencial"

El nombramiento de Jiménez Gómez estuvo rodeado de polémica de principio a fin. Él fue designado por el Poder Ejecutivo como su candidato. No obstante, las críticas llovieron ya que él trabajó por más de 20 años en el ICE, entidad que es regulada por Aresep.

Por ello el sector privado y diputados de oposición expresaron su descontento y en su momento el presidente Luis Guillermo Solís defendió su postulación y lo describió como "una persona de una enorme madurez, de una gran honradez intelectual".

Posteriormente, la designación oficial de Jiménez fue cuestionada por la oposición ya que quedó ratificado, luego de una movida política en la Asamblea Legislativa.

El 7 de abril del 2016 se iba a realizar la sesión prevista para ratificar a Jiménez. Era el último día del plazo para hacerlo, pero no se hizo porque no hubo quórum en el congreso.

En esa ocasión se ausentaron 9 diputados de Acción Ciudadana y 5 del Frente Amplio, por lo que el acto fue considerado como una jugada política.