Órdenes de ministra de Salud le provocaron 2 condenas al Estado en un mes

(CRHoy.com) La ministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal ya le provocó al Estado dos condenas por sus decisiones en contra de la prensa.

Las condenas se dieron durante las últimas tres semanas como resoluciones de la Sala Constitucional, luego de recursos de amparo contra la titular de Salud Pública por violar la Constitución.

Los casos responden al oficio MS-DM-6218-2022 emitido por la ministra el pasado 22 de julio y que llegó a sus empleados el 1 de agosto anterior, en donde les advierte de no hablar con la prensa sin antes pedir permiso. 

A ese se suma la sentencia No. 2022025167 en el que los magistrados anularon las órdenes sanitarias ejecutadas por la jerarca para la cancelación del permiso sanitario de funcionamiento que obligó al cierre del Parque Viva, propiedad del Grupo Nación.

En ambos casos, la Sala Constitucional condenó al Estado "al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria". Esto sin haber sido solicitado por las partes recurrentes, y como respuesta a la obligación prevista por la ley.

Oficio "mordaza"

El Tribunal declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo interpuesto por este medio contra la doctora Chacón por el oficio que firmó para decirle a sus trabajadores que no pueden hablar con cualquier periodista sin previa autorización. 

CRHoy.com consideró que la medida violaba la Constitución al limitar el ejercicio periodístico y atentar contra la libertad de expresión de los empleados públicos del Ministerio de Salud.

El documento, en poder de este medio y que lleva por título "Consultas medios de comunicación y/o periodistas", señala que "ningún funcionario debe brindar declaraciones o información sin antes contar con la aprobación respectiva". 

Además, Chacón les ordenó a sus subalternos que, en caso de recibir contacto de algún comunicador, "se les agradece indicarle que debe remitir su consulta al correo prensa@misalud.go.cr".

"Se les reitera que la Unidad de Comunicación es la encargada de gestionar todas las consultas y entrevistas que solicitan los medios de comunicación y/o periodistas", le dijo a los funcionarios.

Los magistrados dieron la razón parcial al recurso que argumentaba una lesión a la libertad de expresión y que citó la jurisprudencia sobre las sentencias que garantizaban que los funcionarios no pueden ver diezmada su libertad de expresión o de opinión.

Ningún funcionario público puede ser inquietado, perseguido, recriminado o sancionado por expresar sus opiniones, ideas, pensamientos o juicios de valor acerca de la gestión del ente público o las actuaciones de otro funcionario, reza el recurso de amparo al citar una sentencia del 2014.

En el ‘por tanto' con fecha del 30 de setiembre, la Sala Constitucional anuló parcialmente el oficio N°MS-DM-6218-2022 del 22 de julio de 2022, "en cuanto a la prohibición en brindar declaraciones o información, sin antes contar con la aprobación respectiva de los jerarcas del Ministerio de Salud". 

Al tiempo que dejó "incólume dicho oficio, en cuanto a la gestión de consultas mediante un correo institucional (vocería institucional)". 

Sobre este caso, el Área de Prensa del órgano rector, confirmó que tres días después de presentada la queja en la Sala (3 de agosto) la -ministra de Salud había anulado el documento.

Al consultar las razones aseguraron que "con el objetivo de organizar el servicio de comunicación", sin precisar más detalles.

"En defensa de la libertad de prensa"

El caso más reciente ocurrió el pasado 21 de octubre, cuando la Sala Constitucional dictó que, "en defensa de la libertad de prensa, pilar esencial de toda democracia, declaró, por mayoría, con lugar un recurso de amparo" contra el cierre del Parque Viva.

La solicitud de amparo fue interpuesta por colaboradores del periódico La Nación en contra de la ministra Chacón Madrigal y su superior, el presidente Rodrigo Chaves, por cancelar el permiso sanitario de funcionamiento del centro de eventos de La Guácima, Alajuela, propiedad de la empresa dueña del diario.

Los periodistas argumentaron que esa decisión de la jerarca y el mandatario significó un ataque a la libertad de expresión, al ser una medida que llegó justo después de una serie de ataques del político y luego de que en campaña dijo que destruiría ese medio de comunicación.

Además, señalaron una "grosera desviación de poder" que no solo vulneró el derecho a la libre expresión, sino también el derecho de los costarricenses de recibir informaciones y opiniones sobre asuntos de interés público.

"La razón de esta decisión (dar con lugar el recurso) es que, para la mayoría del Tribunal, esto constituye una violación indirecta a la libertad de prensa, libertad que es un elemento esencial de nuestro sistema democrático", dijo el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, en un video de ese órgano.

Así las cosas, la resolución de los magistrados anuló totalmente la orden sanitaria No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0368-2022 emitida el 8 de julio de 2022, así como lo dispuesto en el oficio No. MS-DRRSCN-DARSA2-1724-2022 del 15 de julio de 2022 para el cierre del establecimiento.

CRHoy.com solicitó al departamento de comunicación del órgano rector en Salud sobre una reacción de la Ministra; sin embargo, se limitaron a responder el mismo comunicado que firmó Casa Presidencial y en el que no hay una posición ministerial, ni de la jerarca.

Sin cobrar

Pese a la condena por costas y daños, los recurrentes descartaron cobrarle al Estado -o sea, los contribuyentes-  "un solo céntimo".

"Nunca pretendimos una retribución económica, sino la defensa de la libertad de expresión, nuestra y de cada uno de nuestros conciudadanos".

"Ese derecho nos pertenece a todos, no solo a los periodistas, y si permitimos su afectación en un caso, queda en peligro la libertad de todos, aun la de quienes no lo entienden o se dejan cegar por animadversiones o partidismos", indicaron.

En redacción

Por ahora, ambas sentencias integrales se encuentra en fase de redacción. Superada esta etapa será notificada a las partes del proceso.