Organización criminal de Siquirres pagó ₡2 millones por decapitar a rival
Detenidos caso Dalila
La organización criminal de Siquirres investigada en el caso Dalila pagó ₡2 millones por la decapitación de un sospechoso de asalto y miembro de una banda rival, según la solicitud de allanamiento y declaratoria de crimen organizado presentada por la Fiscalía de Siquirres.
La estructura, desarticulada el pasado 21 de julio, era liderada por Lameck Lozano, conocido como "Gonzalo", y Yocxan Loaiza, alias "Gato". El grupo convirtió el sicariato en una herramienta para expandir su dominio sobre el narcotráfico, cobrar deudas, eliminar rivales y vengar ataques contra sus integrantes.
La víctima de decapitación fue Rasheed Sánchez Scott. Un comerciante —cuya identidad no consta en la causa— contrató a Loaiza para que matara a Sánchez, a quien responsabilizaba de un asalto.
La Fiscalía sostiene que una mujer lo convenció de reunirse con ella bajo el pretexto de un encuentro personal y una supuesta compra de marihuana en Indiana Tres de Siquirres.
Cuando llegó al sitio, otro integrante confirmó que la víctima se encontraba sola. Minutos después, los gatilleros irrumpieron, la atacaron con escopetas y un arma blanca, la trasladaron hasta las inmediaciones de una iglesia abandonada y la asesinaron. Después huyeron en la motocicleta de la víctima, según la reconstrucción del Ministerio Público.
Mujeres atraían a las víctimas
El crimen de Sánchez no fue aislado. Según el expediente, la organización criminal utilizaba mujeres para engañar a las personas que pretendía asesinar.
La Fiscalía indica que algunas recibían hasta ₡200.000 para contactar a las víctimas, concertar encuentros y llevarlas hasta sitios solitarios donde los sicarios pudieran actuar con mayor facilidad.
Mientras tanto, otros integrantes vigilaban la zona para confirmar que el objetivo estuviera solo y desarmado. Solo entonces daban la señal para que ingresaran los gatilleros.
Según la investigación, la organización criminal disponía de ejecutores armados con pistolas calibre 9 milímetros, armas calibre .40, escopetas y cuchillos, según las características de cada ataque.
Otros homicidios
La Fiscalía también atribuye a la organización criminal el homicidio de Yhemerson Calvo, ocurrido el 16 de enero de 2026.
De acuerdo con la investigación, el crimen respondió a disputas por el control de la venta de drogas en Siquirres. Antes del ataque, uno de los sospechosos verificó que la víctima estuviera sola y, posteriormente, dos gatilleros le dispararon al menos en 12 ocasiones.
El expediente también vincula a la organización con el homicidio de Darrent Jiménez y la tentativa de homicidio contra Austin Pérez García, ocurridos el 8 de mayo de este año.
En ese caso, la Fiscalía sostiene que una mujer citó mediante engaños a las víctimas en las cercanías del puente de Tobías Vaglio. Los atacantes permanecían ocultos en el sitio y abrieron fuego cuando ambos llegaron en motocicleta. Según la investigación, tras herir de gravedad a Jiménez, los sicarios se acercaron y lo remataron de un disparo en la cabeza.
Más encargos bajo investigación
Además de los homicidios atribuidos a la organización criminal, la Fiscalía incorporó al expediente una serie de intervenciones telefónicas que, según su tesis, evidencian nuevas coordinaciones para ejecutar asesinatos por encargo.
Una de las conversaciones hace referencia a un plan para asesinar a Nixon Rivera, conocido con los alias de "El Tuerto" o "Gallinita". De acuerdo con el expediente, un líder criminal recluido en prisión ofrecía ₡500.000, bajo la expresión "girar un sobre", para ejecutar el homicidio como represalia por la muerte de su hijo en Limón.
La investigación sostiene que, a partir de ese encargo, varios integrantes de la organización criminal, entre ellos Juan Fernández—también privado de libertad—, Allyson Triguero, Danhiel Zárate, Lameck Lozano Monge y Walkiria Monge, realizaron gestiones para ubicar el pabellón donde permanecía Rivera Arias y conseguir a un recluso que lo asesinara.
Las intervenciones telefónicas también revelan un plan para asesinar a Yossebeth Mendoza. Según la Fiscalía, Allyson Triguero y Juan Fernández conversaron sobre encontrar una persona en Batán que aceptara el encargo a cambio de dinero, como represalia porque supuestamente había "puesto" a Shemaikel Jiménez.
En una de esas llamadas, Triguero manifestó: "Si ya hice uno ¿por qué no voy a poder hacer otro?", frase que la Fiscalía utiliza para sustentar su participación en las actividades de sicariato atribuidas a la organización criminal.
La investigación también documenta otras conversaciones en las que, presuntamente, Lameck Lozano aceptaba pagos de ₡30.000 para contratar a terceros, conocidos como "chapulines", con el fin de golpear o desfigurar a determinadas personas. En otra interceptación, Krissia Sánchez Allen coordinaba la contratación de sicarios armados y con motocicletas para ejecutar represalias en las zonas de Quepos y Jacó.