Otro salvavidas a Japdeva: Cosevi le transferirá ¢6.500 millones para evitar naufragio
Autoridad Presupuestaria y CGR deberán girar aval para que traslado de dinero se ejecute
(CRHoy.com). El 2020 no es lo que muchos esperaban y menos lo que proyectaba la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
La institución caribeña confiaba en que este año se consumara el plan de reestructuración aprobado en octubre de 2019, con el cual se adelgazaría la planilla de la entidad para enrumbarse hacia nuevos negocios que permitieran enfrentar el inicio de operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) a cargo de la holandesa APM Terminals.
Las cosas no salieron como estaban previstas. Primero fue la irrupción de la pandemia por el coronavirus COVID-19 y luego, en medio de eso, un embargo preventivo de las cuentas bancarias institucionales (por ¢5.300 millones) tras una gestión hecha por el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) ante el Juzgado de Trabajo de Limón desde el año 2013.
Esas cuentas congeladas resguardan recursos para el pago de los extremos laborales contemplados en el plan de reestructuración. También, almacenan el superávit captado en diciembre 2019 para apoyar el pago de salarios y otros gastos corrientes.
Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Japdeva, confirmó este 1º de setiembre a CRHoy.com que la semana pasada firmaron el acuerdo con el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) para el traslado de un superávit de esa entidad por ¢6.500 millones. Este tipo de transferencias están facultadas en el Artículo 5 de la Ley 9764 que avala el plan de reestructuración en la junta.
"Ya se firmó el acuerdo entre ambas instituciones y fue presentado un presupuesto extraordinario a la Autoridad Presupuestaria y a la Contraloría General de la República (CGR) para poder incluir esos recursos y utilizarlos. El presupuesto fue presentado la semana anterior", indicó Centeno.
Para que el traslado de los fondos se complete se requiere la aprobación de las 2 instituciones antes señaladas.
"El fin es apoyar el tema de gasto corriente y sustituir los fondos congelados para el pago de extremos laborales de manera que se pueda intentar retomar el proceso de transformación", acotó la funcionaria.
Durante el primer semestre de este año Japdeva cerró con un déficit neto (cuando los gastos superan a los ingresos) superior a los ¢4 mil millones. Así se desprende de un oficio remitido el pasado 10 de junio por la gerencia general de la entidad a la CGR.
Por su parte, el embargo solicitado por Sintrajap suma ya más de 4 meses. En total, el dinero en las cuentas congeladas supera los por ¢5.300 millones. Según la cúpula de la institución, esta acción judicial truncó el desarrollo del plan de reestructuración.
"Se suman ya alrededor de 4 meses del embargo. Se han presentado todas las acciones en sede judicial y las solicitudes al sindicato para su reconsideración. No obstante, a la fecha continúan ambas cuentas bajo embargo", explicó la presidenta ejecutiva.
Tareas pendientes
Entre las obligaciones que aún debe honrar Japdeva figuran las prestaciones pendientes de 37 exfuncionarios que salieron mediante el proyecto de reestructuración, así como la ejecución de tareas atinentes a las propuestas de reestructuración.
La facultad legal para que la entidad desarrollara un plan de reestructuración fue ampliamente discutida durante 2019 en la Asamblea Legislativa.
El 14 de octubre de ese año los legisladores aprobaron destinar ¢17 mil millones a la propuesta de modificación institucional (antes de eso avalaron ¢5.700 millones para salarios y obligaciones mientras se discutía el proyecto), pero en menos de 1 año el panorama pasó de la claridad a las sombras.
La intención trascendental era reducir la planilla de 1.192 funcionarios a 350 (actualmente hay 576) para orientarse a nuevos negocios que permitieran enfrentar la reducción de ingresos derivada del inicio de operaciones de la TCM.
De momento, por más entusiasmo y buenas intenciones, Japdeva y su futuro siguen contra las cuerdas.