Pago de póliza para proteger a Chaves y gabinete de condenas es ilegal, dicen especialistas

Cuatro abogados coincidieron en que la millonaria póliza por poco más de ¢248,3 millones que el Ministerio de Hacienda contrató al Instituto Nacional de Seguros (INS), para una cobertura de responsabilidad civil para el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y los altos jerarcas de su Administración, es ilegal.

Así lo advirtieron los abogados Manrique Jiménez, Fernando Zamora, Álvaro Sagot y Edgardo Araya.

Los 4 abogados coincidieron, además, en que esta póliza debería ser asumida de manera personal por cada uno de los jerarcas y pagada de su propio bolsillo.

La tesis de los expertos coincide con la externada por los diputados de la oposición, quienes anunciaron que pedirán cuentas e investigarán si esta póliza se apega al ordenamiento jurídico del país.

"Los costarricenses estamos asumiendo esta póliza"

El abogado experto en derecho constitucional y administrativo, Manrique Jiménez, aseguró que las responsabilidades civiles de los funcionarios públicos deben ser asumidas por ellos mismos y no por el Estado.

"En primer lugar se trata de fondos públicos. Las responsabilidades civiles de los funcionarios es a nivel de cada patrimonio particular de cada funcionario, que tienen que responder ante eventuales responsabilidades. En el régimen tripartito que maneja la Ley General de la Administración Pública, están las responsabilidades administrativas, civil y penal. La responsabilidad  civil, el funcionario tiene que pagarla con su propio patrimonio particular. Por lo tanto, si se coge una póliza y es pagada por el Estado, eso significa que todos los costarricenses estamos asumiendo pólizas que eventualmente se vayan a cobrar por responsabilidades civiles que le corresponden al funcionario de su propio patrimonio particular. No puede ser endosado, cargado o asumido por fondos públicos. Es una responsabilidad estrictamente civil", dijo  Jiménez.

"No es ético, ni serio, ni responsable"

El abogado Álvaro Sagot aseguró que el pago de esta póliza para los jerarcas del Gobierno no es ética, seria ni responsable.  El experto zanjó que, al igual que los notarios, los funcionarios públicos deben asumir su propia póliza.

"Al igual que los notarios públicos suscribimos una póliza si hay un problema y se genera un daño por nuestros actos protocolares, de la misma manera cada funcionario público debería estar pagando su propia póliza. En el tanto que se genere algún daño, perjuicio para el Estado o las personas, ellos son los que deberían responder, no con la carga en la espalda de todas las personas pagándose una póliza general. Eso no es ético, no es serio y no es responsable. Deja mucho que desear, ser parte de los funcionarios que quieran acogerse a esto. Cada persona debe cargar con sus responsabilidades civiles, administrativas y penales", dijo Sagot.

"Es una carta para hacer lo que les dé la gana" 

El abogado y exdiputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, advirtió que esta póliza daría vía libre al presidente y su Gabinete para "hacer lo que les dé la gana".

"Me parece que es una carta para hacer lo que les da la gana, sabiendo que todos nosotros le estamos pagando a ellos un seguro para que puedan hacer todo lo que no se atreverían de otra manera, sabiendo que, de todas manera, hay un seguro pagado por todos nosotros, que al final le va cubrir los daños que ellos generen", dijo Araya.

El  exlegislador añadió que cuando funcionarios de mandos medios- que  no estarán cubiertos por esta póliza- enfrentan un proceso judicial, estos tienen que conseguir su propia defensa.

"La lógica es que yo, que hago la acción, es quien me tengo que proteger. A los funcionarios de mandos medios o técnicos cuando son demandados ni la Procuraduría les da nada y tienen que pagar sus abogados. Resulta que estos jerarcas, con mayor responsabilidad, quieren que todos los costarricenses les paguemos la póliza para hacer lo que les de la gana", agregó.

"Es absurdo que el Estado pague errores" 

Fernando Zamora, abogado constitucionalista, aseguró que los diputados opositores llevan la razón cuando hablan que el pago de esta póliza es ilegal.

"Debe ser pagada del peculio personal de cada funcionario. Estas pólizas no pueden ser pagadas por el Estado, porque la responsabilidad de actuar apegado a la ley y conforme a derecho es una responsabilidad personal del funcionario público. No se le puede endilgar al Estado. Por supuesto que puede existir una póliza que indemnice faltas, pero tienen que ser pagadas por el funcionario. Llevan razón los diputados cuando hablan de ilegalidad en este caso, esto no puede ser pagado con peculio de la misma Administración Pública, jamás. Es absurdo que el Estado me pague una póliza por mis falencias o errores por dolo o culpa", dijo Zamora.

En la justificación para este gasto, el Gobierno alega que la póliza es necesaria para "resguardar las decisiones o acciones a tomar en el país y para que el Estado cuente con las herramientas para defender sus decisiones, proteger la imagen, el erario público y a los jerarcas en la toma de sus decisiones".

La vigencia de esta póliza por ¢248 millones será anual e incluirá gastos y costas legales de defensa, costos y gastos de emergencia para 65 jerarcas e incluirá a directores y oficiales retirados.

Incluirá los costos para fianzas, costos para atención de crisis, gastos para relaciones públicas y gastos para proteger la reputación de los asegurados, costos por procesos de extradición, costos de enjuiciamiento, multas y sanciones civiles, costos para salud y seguridad ocupacional, privación o confiscación de activos, costos de preinvestigación, violaciones ambientales, audiencia derivada de una investigación, administradores no ejecutivos, entre otros.

Desde el viernes CRHoy gestionó una reacción a la Presidencia de la República ante los señalamientos de la oposición y ahora de los abogados.  La solicitud sigue en proceso de trámite.