Pancho Villa condenado a 6 años más de cárcel y abogada a 5 años por ofrecimiento de soborno a jueza

 

Darwin González Hernández, alias Pancho Villa, líder de una organización criminal asentada en el sur del país e importadora de droga, fue sentenciado a seis años de cárcel adicionales a los que ya descuenta por narcotráfico, tras haber gestado desde prisión un plan para intentar sobornar a una jueza con el fin de que testificara a favor de su grupo.

La abogada Gracel María Arguedas González, quien habría sido contactada por un intermediario para poner en marcha el plan y hacer el acercamiento con la jueza Hazel Murillo Beita, aprovechando su amistad de años atrás, también fue condenada a cinco años de cárcel.

Así lo dictaminó el Tribunal Penal de Goicoechea este miércoles, tras el cierre del juicio contra estas dos personas y luego de varias semanas de audiencias.

La acusación de la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos señala que el líder criminal habría gestado desde prisión un plan para intentar sobornar a una jueza con el fin de que testificara a favor de su grupo. La Fiscalía indicó que González giró las instrucciones para la ejecución de los hechos por medio del acusado Raúl Paniagua Paniagua.

Paniagua fungió como intermediario entre González —con quien se comunicaba telefónicamente, pese a encontrarse privado de libertad— y la abogada Gracel María Arguedas González. Además, tenía como función trasladar a la jurista a los sitios de reunión donde coordinaron el modo de ejecución del supuesto ofrecimiento indebido, así como al lugar donde la acusada abordó a la jueza Hazel Murillo Beita.

También fue el encargado de trasladar a Arguedas González en su vehículo Isuzu, estilo D-Max LS, desde la zona sur del país hasta Heredia, donde se realizó el encuentro para el soborno.

Arguedas, aprovechando la relación de amistad que la unía con la jueza penal, habría sido la encargada de contactarla para exhortarla a recibir una dádiva con el fin de procurar la impunidad de los acusados por narcotráfico y legitimación de capitales, miembros de la banda de Pancho Villa.

En ejecución del plan previamente establecido, entre enero y febrero de 2024, bajo las órdenes del cabecilla, los acusados se mantuvieron en contacto a través de llamadas y mensajes de WhatsApp, con la finalidad de coordinar la manera en que Arguedas debía procurar un encuentro con Murillo para realizarle el ofrecimiento.

El propósito era que la jueza declarara como testigo en la causa que, para ese momento, se encontraba en los inicios del juicio contra el grupo criminal.

Para ello, planearon aprovechar que Arguedas conocía a Murillo y hacerle creer que se trataba de un encuentro entre amigas, vínculo que utilizaron para ofrecerle una remuneración económica a cambio de su testimonio en el debate.

Durante ese periodo, según la Fiscalía, Paniagua se mantuvo monitoreando y supervisando vía telefónica los avances de la abogada en el abordaje y contacto con Murillo Beita, dándole instrucciones sobre lo que debía manifestar y la forma en que debía acercarse con cautela.

Al mismo tiempo, mantenía informado a Pancho Villa de todo lo actuado. Según el Ministerio Público, Arguedas intentó corromper a la jueza a cambio de que ella testificara a favor del cabecilla narco y de los 13 sospechosos restantes que conformaban la banda.

Ellos fueron juzgados por narcotráfico y lavado de dinero el año pasado. En febrero de 2024, en medio del proceso, el grupo criminal habría contactado a la jueza a través de Arguedas, aprovechando que ambas fueron compañeras de universidad en 2005.

En setiembre del año pasado, cuando Pancho Villa y sus secuaces estaban en el banquillo de los acusados, Murillo Beita acudió como testigo y relató detalladamente al Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO) el supuesto intento de soborno, ocurrido en el parqueo de un conocido hotel, frente a su hijo.

En el pasado, la jueza Murillo estuvo a cargo de diligencias del expediente penal. No obstante, los abogados defensores sostienen que la jueza debió apartarse del caso porque supuestamente mantuvo una relación sentimental con uno de los imputados.

Se trata del exagente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Miguel Elmer Campos Jiménez, condenado por facilitar información y escoltar vehículos con droga para la red criminal.

La intención del supuesto soborno, en teoría, era que ella testificara a favor de una "actividad procesal defectuosa" para traerse abajo el caso.

Cabe destacar que el 21 de marzo de 2024 detuvieron a Arguedas por el supuesto intento de soborno y allanaron su casa en Laurel de Corredores, donde se decomisó evidencia vinculada a la causa.

El 6 de agosto de ese mismo año fue detenido Paniagua, de 38 años. Lo capturaron en una vivienda en Bella Luz de Corredores, Puntarenas.

La estructura criminal fue condenada a finales del año anterior por tráfico de droga desde Sudamérica. Parte de la sustancia se exportaba fuera de Costa Rica y el resto se distribuía en el Pacífico Central. Entre los implicados figuran el empresario agropecuario Darwin González, su esposa, familiares y dos exagentes del OIJ.

Darwin recibe mensualmente al menos ₡54 millones y continuará percibiendo esa cifra mientras esté encarcelado, tras ser absuelto del delito de legitimación de capitales. Este empresario de la Zona Sur cumple únicamente 12 años de prisión por tráfico, almacenamiento y comercialización de drogas y, pese a su condena reducida, busca su liberación.