PANI ignoró riesgos en edificio central: presidenta ordenó detener traslado en febrero

La presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Kennly Garza Sánchez, ordenó el pasado 27 de febrero de 2025 suspender todas las acciones relacionadas con un eventual traslado del edificio central en Barrio Luján, pese a que ya existían advertencias técnicas sobre riesgos estructurales y de seguridad.

Así consta en un oficio firmado por la propia Garza Sánchez, del cual CR Hoy tiene copia, dirigido a Guiselle Zúñiga Coto, gerente de Administración de la institución.

La revelación del documento genera cuestionamientos sobre la gestión administrativa del PANI, especialmente porque, meses después, la institución se vio obligada a ejecutar un traslado de emergencia, tras una orden sanitaria del Ministerio de Salud que exigió el desalojo total del inmueble en un plazo máximo de un mes.

En el oficio, la presidenta ejecutiva instruyó "dejar en suspensión toda acción relacionada con el eventual traslado de este edificio", mientras se atendían requerimientos de la Junta Directiva y se realizaban nuevos análisis de riesgos, así como valoraciones financieras y de priorización institucional.

La orden se emitió luego de una reunión sostenida el 14 de febrero de 2025, en la que la Gerencia y el Departamento de Servicios Generales habían presentado las acciones que se estaban ejecutando para concretar el traslado del edificio central.

Sindicato acusa negligencia

El Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia (SEPI) aseguró que la institución actuó con inacción y negligencia, al considerar que las advertencias eran conocidas con suficiente antelación.

"El documento que usted menciona lo conocemos en el Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia (SEPI) y no podemos compartir, de ninguna manera, las declaraciones de la Presidencia Ejecutiva en el sentido de que dicha orden de desalojo los tomó por sorpresa, porque no es así. De hecho, como sindicato conocemos ese documento al que usted hace referencia, así como los informes y las recomendaciones del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y del Ministerio de Salud.

Todas estas advertencias, emitidas por instituciones vinculantes en materia de seguridad e higiene en las sedes de trabajo, fueron conocidas por la Presidencia Ejecutiva con mucho más tiempo del que ella indica haber recibido la orden de desalojo, por lo que consideramos que se trató de un asunto de inacción y, casi, de negligencia, a la hora de ejecutar acciones pertinentes, prontas y oportunas que permitieran un desarrollo planificado del traslado del personal a un edificio que sí cumpliera con condiciones de seguridad, sanidad y dignidad para las personas trabajadoras", agregaron en el sindicato.

Advertencias previas y traslado de última hora

Tal como informó CR Hoy semanas atrás, informes técnicos revelaron graves fallas en seguridad humana, contra incendios y vulnerabilidad estructural, algunas catalogadas como críticas, lo que llevó finalmente al Ministerio de Salud a ordenar el desalojo total del edificio.

La suspensión de las acciones de traslado contrasta con la forma en que, meses después, cientos de funcionarios tuvieron que ser reubicados de manera apresurada, ante el riesgo inminente y la imposibilidad de seguir ocupando el inmueble.

El desalojo forzado obligó al PANI a improvisar soluciones como la dispersión del personal en distintas sedes estatales, el aumento del teletrabajo y la ausencia de una sede única para las oficinas centrales, situación que aún persiste.

Versión de la presidenta ejecutiva

Consultada por CR Hoy, Kennly Garza Sánchez aseguró que tanto la Presidencia Ejecutiva como la Junta Directiva del PANI conocían los antecedentes de la situación del edificio, pero justificó la decisión de suspender las acciones de traslado en la ausencia, en ese momento, de órdenes sanitarias vigentes y de informes técnicos actualizados.

"La presidenta ejecutiva del PANI, y también la Junta Directiva de la institución, conocieron todos los antecedentes integrales de la situación del edificio hasta el año 2025, específicamente en el mes de febrero. En ese momento, ambas instancias pudieron conocer el trabajo que la institución venía desarrollando desde años atrás y los antecedentes existentes. No obstante, para entonces no había una orden sanitaria vigente, ni órdenes sanitarias emitidas, y además los estudios técnicos de vulnerabilidad sísmica se encontraban desactualizados.

Dichos estudios datan de los años 2018 o 2019. También para febrero de 2025 no se contaba con inspecciones ni del Cuerpo de Bomberos ni del Ministerio de Salud", indicó Garza.

Según la jerarca, fue precisamente esa falta de información actualizada la que motivó la suspensión temporal del proceso.

"En virtud de esto, la desactualización de los informes técnicos de una consultoría previamente realizada, así como a la ausencia de una orden sanitaria y de inspecciones del Cuerpo de Bomberos y del Ministerio de Salud, la Junta Directiva y la Presidencia tomaron la decisión no de cancelar, sino de suspender temporalmente la continuidad de las actuaciones y la toma de decisiones, hasta contar con informes técnicos actualizados que permitieran fundamentar una determinación de tal trascendencia.

Entonces en los meses siguientes, se consolidó la actualización del informe de vulnerabilidad sísmica, el cual fue elaborado por un tercero mediante una contratación. Asimismo, se llevó a cabo la inspección del Cuerpo de Bomberos y la primera inspección del Ministerio de Salud. Es importante indicar que, en esta primera visita del Ministerio de Salud, la orden sanitaria notificada al PANI —emitida entre setiembre y octubre del presente año— señalaba que el riesgo no era inminente y no ordenaba el desalojo del edificio".

Indicó además que la primera orden sanitaria, notificada entre setiembre y octubre de 2025, no calificaba el riesgo como inminente ni ordenaba el desalojo.

"No fue sino hasta que la presidenta ejecutiva coordinó una segunda visita y aportó la actualización de los informes técnicos de vulnerabilidad sísmica, a los que se sumaron los informes del Cuerpo de Bomberos, que el Ministerio de Salud realizó una nueva inspección y, el 28 de noviembre, notificó una orden sanitaria que ordenaba el desalojo del edificio", explicó.