Pasaporte biométrico eleva presupuesto de Gobernación
Pasaporte biométrico. (Archivo/CRH).
(CRHoy.com) -La implementación del pasaporte biométrico en el país elevará el presupuesto del Ministerio de Gobernación y Policía para el próximo año.
El Poder Ejecutivo aumentó, de ¢51.957 millones (en 2022) a ¢53.452 millones (en 2023), el presupuesto de esa cartera ministerial. El crecimiento es de un 2,9%. Esto significa ¢1.495 millones adicionales.
Con los recursos adicionales, también se financiarán transferencias y el pago de anualidades a los funcionarios de ese ministerio.
El dinero para continuar con la emisión de pasaportes biométricos está incluido en la partida de gastos que corresponde a la Dirección General de Migración y Extranjería, que de hecho consumirá el 50% (¢26.493 millones) del total del presupuesto asignado por el Gobierno al Ministerio de Gobernación y Policía.
En total, están presupuestados ¢4.071 millones para financiar los gastos asociados a la emisión de los nuevos pasaportes.
El pasaporte biométrico es un documento que cuenta con un chip que contiene los datos biométricos de la persona: características de su rostro, huellas e información personal.
La nueva tecnología, que se implementa desde 2022, busca impedir la falsificación y alteración de los pasaportes. Eso los convierte en documentos más seguros.
El monto presupuestado por Gobernación y Policía para transferencias corrientes es de ¢15.405 millones (29% del presupuesto), el de transferencias de capital es de ¢7.485 millones (14%) y el de remuneraciones es de ¢19.889 millones (37%).
El pago de salarios crecerá 2,8% y el de anualidades 17,8%, según el proyecto de presupuesto para Gobernación y Policía.
Mientras, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) recibirá ¢12.022 millones, ¢3.911 millones menos en comparación con el presupuesto vigente. La Imprenta Nacional, por su parte, recibirá solo un 8% del presupuesto (¢4.420 millones).
El presupuesto nacional para el próximo año asciende a ¢12,3 billones. Los recursos se financian en un 59,06% con ingresos corrientes, en un 0,06% con ingresos de capital y en un 40,88% con deuda pública.
El proyecto de ley lo estudia la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso bajo el expediente legislativo 23.318.
